Los representantes populares Jaime Perelló y Carmen Yulín Cruz pidieron ayer al Tribunal de San Juan que obligue a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a certificar el “déficit” del Gobierno de Puerto Rico.
Con su mandamus, sometido ante el Tribunal de Primera Instancia, los legisladores también quieren obligar a la agencia a informar los puestos que la nueva administración ha creado desde el 2 de enero, así como las plazas de trabajo eliminadas.
“En tres meses no han querido certificar el déficit. No lo quieren certificar porque es ficticio”, manifestó el representante Perelló en un aparte con la prensa en el Capitolio.
Explicó que decidió acudir al tribunal porque vencieron los 10 días que dio a la directora de OGP, María Sánchez Bras, para que le entregara la cifra certificada, que el gobierno de Luis Fortuño estima en alrededor de $3.2 billones.
“Nuestro mayor interés es que se le diga la verdad al pueblo sobre el supuesto déficit que la administración Fortuño ha utilizado para justificar la amenaza de despido de más de 40,000 empleados públicos, la privatización de servicios públicos esenciales y la entrega de nuestro patrimonio al capital privado”, expresó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión cameral de Gobierno.
Por su parte, la representante Cruz explicó que su reclamo gira en torno a la supuesta eliminación de 877 puestos del Gobierno, la congelación de vacantes y la posible creación de nuevas plazas en la Rama Ejecutiva.
“Se dice que han reducido ‘x’ número de plazas y tengo tres convocatorias del Departamento de Educación para empleados de mantenimiento”, apuntó.
“Parece mentira que, en un país democrático, representantes y ciudadanos tengamos que acudir a los tribunales para recibir información que es pública a la cual tenemos derecho”, agregó.
La Fortaleza divulgó los salarios de los asesores del gobernador Luis Fortuño, luego de que el senador Eduardo Bhatia hizo una petición judicial.
Al pedírsele una reacción en La Fortaleza sobre el mandamus, Fortuño indicó que todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales y que confía en el sistema de justicia de Puerto Rico.
Agregó que en las audiencias legislativas sobre el nuevo presupuesto, las que se celebrarían en mayo y junio, el Gobierno hablará esta vez con números reales.
lunes, 18 de mayo de 2009
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