Redacción:Ñame con espejuelos
EL PPD se desencaja''.
El Partido Popular Democrático (PPD) pretende reclutar más de 6,000 populares exhibionistas Populares que ayuden a reorganizar una colectividad que apenas está inexistente Políticamente,según admiten sus líderes la Señorita Paviclintan, lleva décadas sin infraestructura electoral y mucho aun mas aun desencojonada del Pueblo''.
El proceso comienza en momentos en que el PPD no tiene definido quién será su líder de cara a las Próximas Locas elecciones de 2012 y ni si quiera han dado a conocer cuál será su norte en el tema del status y la definición del (ELA) Estamos Libres Ahora.El secretario del PPD, Quitito chancho Chuarez, dijo que por las pasadas cinco elecciones, la Pavita no ha tenido una infraestructura electoral que le permita saber quién es quién detalles como dónde viven los populares o incluso las razones exactas por las que no han ido a votar o han preferido votar bajo otra insignia PNP Partido-Pillogrestista Privados.
Chuarez, a preguntas de la Prensa, reconoció que la reorganización comienza sin que haya un claro candidato para las próximas elecciones.Pero insistió en que no pueden esperar esa pieza del se colompan las cabezas para comenzar el proceso de pa aqui y pa halla mmm.El estimado es que en las pasadas elecciones cerca de 160,000 lokos populares se quedaron en sus casas. Chuárez no detalló cuántos populares votaron por el Partido Pillogresista Progresista (PNP).
viernes, 22 de mayo de 2009
martes, 19 de mayo de 2009
Terminara en Rojo la AEE''
Sigue en rojo la AEE
Terminará con otro déficit histórico de $190 millones
Redaccion:Enfermito XXX
El enfermito Sexual Miguelito Cordero presentó en el Senado la difícil situación fiscal de la AEE.
En este año es que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está haciendo historia con enormes déficit presupuestarios nunca antes vistos en la corporación pública.El pueblo esta consumiendo menos energia''.
El año fiscal cerró con una insuficiencia de $80 millones y el 30 de junio cerrará con más del doble de esa cantidad, la cual asciende a la friolera de $190 millones, según dijo ayer Miguel Cordero quien ahora mismos gana un sueldo de $170.00 mil anuales, director ejecutivo de la AEE, en medio de las vistas públicas de presupuesto que realiza el Senado.
Acaso este no es el mismito Enfermito Sexual que lo acuso su Secretaria mmmmm Por hacerle la Figurita 4 y por tocarle las Nalguitas woww.....Miguel Cordero te quedo eso viejito senil el averle tocado las nalguitas a una Joven Secretario que podia ser hasta tu probia hija tu lo que pareces es un viejo chocho mas hablado y repunante''.
Mucho mas aun no dice que se gana un sueldssdo de $200.000 mil anuales Jumandole las Bonificaciones de la AEE con el bono de Navidad de $17.000 mil anuales''.
Mientras tanto el viejo chocho,senil y repugnante sigue con su figura 4 el Enfermito XXX y viviendo del Pueblo.
Terminará con otro déficit histórico de $190 millones
Redaccion:Enfermito XXX
El enfermito Sexual Miguelito Cordero presentó en el Senado la difícil situación fiscal de la AEE.
En este año es que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está haciendo historia con enormes déficit presupuestarios nunca antes vistos en la corporación pública.El pueblo esta consumiendo menos energia''.
El año fiscal cerró con una insuficiencia de $80 millones y el 30 de junio cerrará con más del doble de esa cantidad, la cual asciende a la friolera de $190 millones, según dijo ayer Miguel Cordero quien ahora mismos gana un sueldo de $170.00 mil anuales, director ejecutivo de la AEE, en medio de las vistas públicas de presupuesto que realiza el Senado.
Acaso este no es el mismito Enfermito Sexual que lo acuso su Secretaria mmmmm Por hacerle la Figurita 4 y por tocarle las Nalguitas woww.....Miguel Cordero te quedo eso viejito senil el averle tocado las nalguitas a una Joven Secretario que podia ser hasta tu probia hija tu lo que pareces es un viejo chocho mas hablado y repunante''.
Mucho mas aun no dice que se gana un sueldssdo de $200.000 mil anuales Jumandole las Bonificaciones de la AEE con el bono de Navidad de $17.000 mil anuales''.
Mientras tanto el viejo chocho,senil y repugnante sigue con su figura 4 el Enfermito XXX y viviendo del Pueblo.
Mejora crédito de P.R!!
Mejoran la clasificación a los bonos Cofina''
Mejoran la clasificación a los bonos Cofina El Gobernador reveló la buena noticia junto al presidente del BGF Por Joanisabel González Las casas evaluadoras Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service elevaron hoy sus respectivas clasificaciones para los bonos garantizados con Mas Impuestos y despidos en P.R!Fortuocho Privatizara todo con las APP!Despidira Aprx 30.000 mil padres y madres de familia y le metera la mano en el....Bolsillo al Pueblo de P.R!
Popularporsiempre Atito
Asi mejora cualquier Bono despidiendo 30.000 mil Servidores P♪blicos y aumentando el crim con la nueva tazación general que se avecina,aumento al cigarrillo,cervezas,vinos,motoras,5% a las cooperativas,gasolina,gas.Este es el embustero de Luis Guillermo Fortuñito Burset''.
Mejoran la clasificación a los bonos Cofina El Gobernador reveló la buena noticia junto al presidente del BGF Por Joanisabel González Las casas evaluadoras Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service elevaron hoy sus respectivas clasificaciones para los bonos garantizados con Mas Impuestos y despidos en P.R!Fortuocho Privatizara todo con las APP!Despidira Aprx 30.000 mil padres y madres de familia y le metera la mano en el....Bolsillo al Pueblo de P.R!
Popularporsiempre Atito
Asi mejora cualquier Bono despidiendo 30.000 mil Servidores P♪blicos y aumentando el crim con la nueva tazación general que se avecina,aumento al cigarrillo,cervezas,vinos,motoras,5% a las cooperativas,gasolina,gas.Este es el embustero de Luis Guillermo Fortuñito Burset''.
1 - Proyecto de Fortuño es una "entrega al inmovilismo"
1 - Proyecto de Mamalocho es una "entrega al chochilismoRubén Berrios pide que enmiende proyecto de status o de lo contrario no será aprobado por el Congreso.Redacción:Por Chispitita
El tan esperado proyecto congresional de statu's está destinado al fracaso si asi hablo el flamente Líder del PIP del Partido Independiente Pormi no se enmienda para eliminar la estadidad como alternativa como que hablo Rubencito que aboga porque se elimine la estadidad de ese plebicito. Así como para incluir que el Estado Libre Asociado es territorial y que la Asamblea Constitucional de Statu's es uno de los métodos que se podría usar para solucionar el centenario problema, afirmó hoy el presidente del (PIP), Rubén Dario.
"Todavía el Gobernador Luis Mamalocho tiene tiempo para recapacitar. A menos que se enmiende totalmente, constituye la rendición del gobernador Luis Fortuño ante el inmovilismo chochonial y un retroceso de grandes chochones", sentenció el líder independentista. Berrios destacó que el proyecto, tal y como está, no tiene posibilidades de ser aprobado en el Senado federal.
Indicó que el principal embrollo es que incluye la estadidad, una alternativa que según cree Estados Unidos no está dispuesto a concederle a Puerto Rico para resolver el problema de status.
Dijo que para lo único que sirve el proyecto es "para decirle a los estadistas que hice algo por joder a Puerto Rico, cuando la realidad es que no hace nada por Salvar a P.R".
El tan esperado proyecto congresional de statu's está destinado al fracaso si asi hablo el flamente Líder del PIP del Partido Independiente Pormi no se enmienda para eliminar la estadidad como alternativa como que hablo Rubencito que aboga porque se elimine la estadidad de ese plebicito. Así como para incluir que el Estado Libre Asociado es territorial y que la Asamblea Constitucional de Statu's es uno de los métodos que se podría usar para solucionar el centenario problema, afirmó hoy el presidente del (PIP), Rubén Dario.
"Todavía el Gobernador Luis Mamalocho tiene tiempo para recapacitar. A menos que se enmiende totalmente, constituye la rendición del gobernador Luis Fortuño ante el inmovilismo chochonial y un retroceso de grandes chochones", sentenció el líder independentista. Berrios destacó que el proyecto, tal y como está, no tiene posibilidades de ser aprobado en el Senado federal.
Indicó que el principal embrollo es que incluye la estadidad, una alternativa que según cree Estados Unidos no está dispuesto a concederle a Puerto Rico para resolver el problema de status.
Dijo que para lo único que sirve el proyecto es "para decirle a los estadistas que hice algo por joder a Puerto Rico, cuando la realidad es que no hace nada por Salvar a P.R".
Quién es mamalocho''.
Mamalocho es un nene pequeño que fue creciendo poco a poco y mintiendole a sus Padres.Al llegar a grande tenia una gran opcesión
decia yo quiero ser gobernador de Puerto Rico.
Le decia a sus amigo(as) en la Universidad.Yo soy Boricua de Pura Cepa y seguia con la misma cantaleta cada vez que decia yo quiero ser gobernador de pura cepa.Un Dia dice hay yo quiero ser gobernador pa joder a Puerto Rico cuando sea gobernador vendere a Puerto Rico,Privatizare todo,Regalare los Permisos y jodere a Puerto Rico.
Cuando Mamalocho sale de la Fortaleza después del Pueblo averlo elejido gobernador De Puerto Rico.El decide no postularse de nuevo porque dijo que al unico que despediria era Aníbal Acevedo Vilá y resulto que termino despidiendo 30.000 mil empleados públicos,subiendo el ivu,agua,luz,comida,gas,gasolina,el crim,cigarrillo,vinos,cervezas el termino subiendole los impuestos al Pueblo.
Resulta que termino incumpliendo con toda su promesa al fin y al cabo termino Jodiendo a Puerto Rico.
Atito''
decia yo quiero ser gobernador de Puerto Rico.
Le decia a sus amigo(as) en la Universidad.Yo soy Boricua de Pura Cepa y seguia con la misma cantaleta cada vez que decia yo quiero ser gobernador de pura cepa.Un Dia dice hay yo quiero ser gobernador pa joder a Puerto Rico cuando sea gobernador vendere a Puerto Rico,Privatizare todo,Regalare los Permisos y jodere a Puerto Rico.
Cuando Mamalocho sale de la Fortaleza después del Pueblo averlo elejido gobernador De Puerto Rico.El decide no postularse de nuevo porque dijo que al unico que despediria era Aníbal Acevedo Vilá y resulto que termino despidiendo 30.000 mil empleados públicos,subiendo el ivu,agua,luz,comida,gas,gasolina,el crim,cigarrillo,vinos,cervezas el termino subiendole los impuestos al Pueblo.
Resulta que termino incumpliendo con toda su promesa al fin y al cabo termino Jodiendo a Puerto Rico.
Atito''
lunes, 18 de mayo de 2009
Uniforme el Statu's del PPD
Yo lo que puedo opinar es que bajo los Ocho años de Administracción se tomaron desiciones díficiles electoralmente.Pero sabias aunque le costo las elecciones el 4 de Nov.al PPD .El Partido Popular Democratico tiene que ponerse las pilas sobre todo unirse y mirar al Pasado.Si hay que mirar al pasado los miles de errores que se cometieron para perder por 225.000 mil votos los 8 Distritos Electorales y 48 Alcaldias.
El Partido Popular Democratico tiene que unirse en un mismo fin.Falt@ mas Unidad dentro del Partido Popular Democratico.Para que no vuelvan a perderse municipios como el de Ponce lamentablemente.El Partido a abandonado en mantener unidad en sus huestes muchas veces no se le han presentado solucciones a los problemas que de verdad tiene el Partido Popular Democratico.Hay Municipios que el Partido no tiene presencia Política y eso me tiene descontento.
Los Populares tenemos que trabajar por la unidad.Muchos Municipios el Partido Popular Democratico se los a regalado al(PNP).Porqué se han postualdo muchos candidatos(as) derrotados que no son viables políticamente.El Partido se desconecto de su base no se le ha dado Educación continua y permanente sobre la visión,misión e idiologicamente políticamente hacia donde tenemos que ir dirijidos.
También hay que hablar que hay Municipios como se puede explicar que no tengan ni comisarios de barrio,precidentes de unidad o funcionarios electorales lo dejan todo para el año de las Elecciones.Si el Partido quiere regresar de nuevo tiene que mirar los errores del Pasado que se han echo Políticamente un analisis serio de verdad e ir dirijido a hacer alianzas políticas,sociales,sindicales y hasta religiosas que no han considerado que puedan llevarnos a un Tsunami Electoral Rojo que hace falt@!''.
Atito''........
En camino un “mensaje uniforme de status” del PPD
En 30 días podría estar listo un documento que así lo establecería
En medio de su proceso de reestructuración, el Partido Popular Democrático (PPD) celebró ayer tres actividades con diversos sectores de su electorado.
Y como parte del proceso, se supo que en los próximos 30 días se terminaría de redactar un manual de capacitación que incluiría “un mensaje uniforme en cuanto al tema del status”.
Este documento, que tocaría una docena de temas medulares incluyendo el del status, sería producto de la estructura de capacitación del PPD, que lideran el legislador Jorge Colberg y el secretario general, Víctor Suárez.
Colberg dijo que como parte de sus labores se ha reunido con los distintos sectores ideológicos que coexisten dentro de la Pava y se ha dedicado a conciliar posturas.
“El presidente lo va a ver en los próximos días y el Partido Popular va a estar unido para enfrentar al PNP y a la estadidad en un plebiscito”, dijo.
La mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista trabaja en varios proyectos para efectuar un plebiscito de status el próximo año.
Según el presidente del PPD, Héctor Ferrer, el documento popular no sólo servirá para enfrentar un plebiscito, sino que incluirá la posición oficial en cuanto al desarrollo del Estado Libre Asociado, que, en su opinión, está ligado al desarrollo socioeconómico.
“Se va a dar un proceso de diálogo y vendrán personas que traerán sus propuestas y los vamos a escuchar a todos”, dijo Ferrer. “Le vamos a presentar al país un proyecto de desarrollo socioeconómico que va a ir de la mano del desarrollo del ELA”.
Según Colberg, además se atenderá lo que denominó como “la nueva justicia social” y las diferentes interpretaciones de lo que es soberanía y soberanismo, utilizando la definición institucional del 1998 como punto de partida.
A los talleres de ayer asistieron jóvenes identificados como posibles líderes de futuro, para participar de una charla con los presentadores Roberto Prats, Ángel Ortiz Guzmán y Colberg.
Mientras, los delegados presidenciales, que están a cargo de la reorganización en los 78 municipios, recibieron charlas de parte del comisionado electoral, Nicolás Gautier; el ex senador Eudaldo Báez Galib; y el ex comisionado electoral, Jesús Joel Pérez.
Un tercer grupo, de empleados gubernamentales, se orientaba sobre las consecuencias de la Ley 7 y sus derechos, en una charla a cargo del representante Luis Raúl Torres y de la subsecretaria del PPD, Karilyn Torres.
Según Ferrer, ya se han visitado 28 municipios en la reorganización del PPD y se espera que antes del verano se concluyan las visitas a los 48 municipios en que no prevalecieron en las elecciones. Antes de diciembre deben haber visitado los 78 municipios.
Déficit del gobierno es ficticio''
Los representantes populares Jaime Perelló y Carmen Yulín Cruz pidieron ayer al Tribunal de San Juan que obligue a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a certificar el “déficit” del Gobierno de Puerto Rico.
Con su mandamus, sometido ante el Tribunal de Primera Instancia, los legisladores también quieren obligar a la agencia a informar los puestos que la nueva administración ha creado desde el 2 de enero, así como las plazas de trabajo eliminadas.
“En tres meses no han querido certificar el déficit. No lo quieren certificar porque es ficticio”, manifestó el representante Perelló en un aparte con la prensa en el Capitolio.
Explicó que decidió acudir al tribunal porque vencieron los 10 días que dio a la directora de OGP, María Sánchez Bras, para que le entregara la cifra certificada, que el gobierno de Luis Fortuño estima en alrededor de $3.2 billones.
“Nuestro mayor interés es que se le diga la verdad al pueblo sobre el supuesto déficit que la administración Fortuño ha utilizado para justificar la amenaza de despido de más de 40,000 empleados públicos, la privatización de servicios públicos esenciales y la entrega de nuestro patrimonio al capital privado”, expresó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión cameral de Gobierno.
Por su parte, la representante Cruz explicó que su reclamo gira en torno a la supuesta eliminación de 877 puestos del Gobierno, la congelación de vacantes y la posible creación de nuevas plazas en la Rama Ejecutiva.
“Se dice que han reducido ‘x’ número de plazas y tengo tres convocatorias del Departamento de Educación para empleados de mantenimiento”, apuntó.
“Parece mentira que, en un país democrático, representantes y ciudadanos tengamos que acudir a los tribunales para recibir información que es pública a la cual tenemos derecho”, agregó.
La Fortaleza divulgó los salarios de los asesores del gobernador Luis Fortuño, luego de que el senador Eduardo Bhatia hizo una petición judicial.
Al pedírsele una reacción en La Fortaleza sobre el mandamus, Fortuño indicó que todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales y que confía en el sistema de justicia de Puerto Rico.
Agregó que en las audiencias legislativas sobre el nuevo presupuesto, las que se celebrarían en mayo y junio, el Gobierno hablará esta vez con números reales.
Con su mandamus, sometido ante el Tribunal de Primera Instancia, los legisladores también quieren obligar a la agencia a informar los puestos que la nueva administración ha creado desde el 2 de enero, así como las plazas de trabajo eliminadas.
“En tres meses no han querido certificar el déficit. No lo quieren certificar porque es ficticio”, manifestó el representante Perelló en un aparte con la prensa en el Capitolio.
Explicó que decidió acudir al tribunal porque vencieron los 10 días que dio a la directora de OGP, María Sánchez Bras, para que le entregara la cifra certificada, que el gobierno de Luis Fortuño estima en alrededor de $3.2 billones.
“Nuestro mayor interés es que se le diga la verdad al pueblo sobre el supuesto déficit que la administración Fortuño ha utilizado para justificar la amenaza de despido de más de 40,000 empleados públicos, la privatización de servicios públicos esenciales y la entrega de nuestro patrimonio al capital privado”, expresó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión cameral de Gobierno.
Por su parte, la representante Cruz explicó que su reclamo gira en torno a la supuesta eliminación de 877 puestos del Gobierno, la congelación de vacantes y la posible creación de nuevas plazas en la Rama Ejecutiva.
“Se dice que han reducido ‘x’ número de plazas y tengo tres convocatorias del Departamento de Educación para empleados de mantenimiento”, apuntó.
“Parece mentira que, en un país democrático, representantes y ciudadanos tengamos que acudir a los tribunales para recibir información que es pública a la cual tenemos derecho”, agregó.
La Fortaleza divulgó los salarios de los asesores del gobernador Luis Fortuño, luego de que el senador Eduardo Bhatia hizo una petición judicial.
Al pedírsele una reacción en La Fortaleza sobre el mandamus, Fortuño indicó que todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales y que confía en el sistema de justicia de Puerto Rico.
Agregó que en las audiencias legislativas sobre el nuevo presupuesto, las que se celebrarían en mayo y junio, el Gobierno hablará esta vez con números reales.
Juanma dejo de creer en la Libre-Asociación y excluyo al ELA Actual
que ustedes opinan''.Me gustaria saber su opinión al respecto gente''.
Estadidad hispana o disposición territorial
Por Juan M. García Passalacqua
16 de abril de 2009 04:00 am
Más importante que los 100 días del Gobernador, es que el Comisionado Residente y la Presidenta de la Cámara de Representantes anunciaron el 5 y 7 de abril que incluirán legislación —en un mes— para un plebiscito sobre status en el 2010. Inmediatamente, líderes jóvenes del Partido Popular respondieron el 8 y 9 de abril exigiendo una definición final de lo que es o puede ser la soberanía en su estadolibrismo. Pero hay algo nuevo. Las 150 millones de pesetas estadounidenses con su ‘Isla del Encanto’ en español presagian otra —nueva— opción. ¿Cuál?
Este analista septuagenario, luego de 50 años de estudiar la relación colonial entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, ha llegado a la conclusión que no quedan mas que dos opciones —una estadidad con apellido o la disposición territorial. Luego de años de lucha, desde 1957 en favor de mi opción de libre asociación soberana, hoy favorezco aquí la admisión de Puerto Rico a los USA —como un Estado Hispano. La otra historia ya se fue. La dejaron ir.
¿Y el apellido? Me opongo a anglosajonizarnos para ser admitidos a la Unión Americana. Si es así, no. Si esa opción asimilista fuese el requisito estadounidense que exija su Congreso, opto por la otra opción.¿Cuál? Que los Estados Unidos dispongan unilateralmente de este territorio en la fecha varias veces emblemática del 23 de septiembre de 2010. Ya he hecho la propuesta oficial en varios lugares en Washington. Esa opción debe proponérsele a este pueblo.
Hay un requisito histórico mucho más importante. Aparte de la política, lejos del electoralismo subsidiado de opciones viejas, esa tarea es más importante que mi preferencia electoral. La cuestión a la que nos enfrentaremos en años por venir no es política. Hay que reconstituir nuestro universo discursivo. ¿Nuestro qué? Hay que lograrlo no en nuestra política electoralista subsidiada o en los medios, no. Trabajar, en el ámbito del pensar —en la academia.
Fuera de la política electoralista subsidiada, los Estudios Culturales que he promovido por una década en la academia boricua (ante gran oposición de fuerzas retrógradas de la Universidad de Puerto Rico y en el Centro de Estudios Avanzados) definen el “universo discursivo” de mi pueblo como un ámbito de su pensamiento colectivo con una serie de códigos mentales, que constituyen un “subconsciente político” que determina las decisiones que hacen de día en día. Más allá de elecciones, referéndums, y plebiscitos, aquí hay que cambiar los códigos.
En estos días publicaré un libro proponiendo ese esfuerzo, “El Umbral de la Promesa” y hay respaldo para esa iniciativa académica doctoral en la Universidad del Turabo. Hay esperanza. No es fácil entender la teoría del subconsciente político que suscribo. Su proponente, el pensador jamaiquino-británico Fredric Jameson propone que en vez de discutir las caducas alternativas al coloniaje (nuestras viejas categorías de estadidad, independencia o autonomía) nos hagamos nuevas preguntas.
Y al contestárnoslas, que estemos conscientes que lo hacemos a base de códigos subconcientes emocionales que usamos para interpretar los hechos políticos que ocurren a nuestro alrededor y en nuestro tiempo. Yo veo y reconozco que están surgiendo nuevos códigos en el subconsciente de ambos pueblos, que son “nuevas estructuras del sentir”. Son dos.
EL HISPANISMO. Hace apenas unas décadas que los códigos mentales estadounidenses aceptaron “la condición hispana” que les propuso en su brillante libro de ese título el profesor de Amherst –Ilan Stavans. La condición hispana es ya una nueva estructura del sentir estadounidense. Stavans planteó desde 1995 que la cuestión sería si los Estados Unidos llegarían a estar listos para convertirse en “una nación de naciones” en vez de obligar a otras culturas a “vivir en el guión” (de por ejemplo Mexican-Americans). Reconoce que los que nos hemos negado al guión hemos sido los 8 millones de puertorriqueños.
Advirtió que el hispanismo llevaría caos en USA. Pero el más importante texto sobre esta realidad es el de un puertorriqueño. El gran periodista neorriqueño Juan González publicó en el 2000 el texto que explica la fuerza del nuevo código mental hispanista como “la cosecha del imperio” estadounidense. USA cosecha lo que sembró.
El argumento del amigo Juan González (que suscribo) es que Puerto Rico forma parte de un sector muy específico en la historia del colonialismo, los pueblos invadidos y conquistados. Somos, dice brillantemente, “poseídos pero no queridos”.
El amigo se pregunta si el futuro de los hispanos será el de amalgamarse en un mosaico cultural o por el contrario una afirmación nacional. Pero todavía a estas alturas que escribo nadie allá quiere reconocer que el código mental más útil para atender el caso de los 8 millones de puertorriqueños es el de “disponer”.
LA DISPOSICIÓN. Este código mental que está ahora disponible a Puerto Rico surge de la Constitución misma de los Estados Unidos de América, que en su Artículo IV, sección 3, lee: “El Congreso podrá disponer de o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.
Para lograr este cambio en el universo discursivo del colonialismo estadounidense, hay unos nuevos entendidos que ya se están dando entre ellos: Uno, que Puerto Rico es un territorio o propiedad perteneciente a Estados Unidos. Dos, que la isla de Puerto Rico y los puertorriqueños somos “propiedad” de USA. Tres, que es el Congreso estadounidense el que tiene el poder de alterar esa condición. Cuatro, que el Congreso puede, sin consultar a nadie ni requerir el consentimiento de los gobernados, “disponer del territorio” como otra “propiedad” de USA.
Después de medio siglo como analista llego a una conclusión. Si Washington está listo a vivir en un universo discursivo que acepte la diversidad cultural (como parece ser, luego de la elección de Barack Obama), la mejor opción es la admisión de nuestro Estado Hispano. Si los USA se niegan, entonces “disponer” de nosotros es lo justo. Señora Presidenta y Señor Comisionado: legislen para que votemos lo primero, primero. Sí —a la disposición territorial.
Estadidad hispana o disposición territorial
Por Juan M. García Passalacqua
16 de abril de 2009 04:00 am
Más importante que los 100 días del Gobernador, es que el Comisionado Residente y la Presidenta de la Cámara de Representantes anunciaron el 5 y 7 de abril que incluirán legislación —en un mes— para un plebiscito sobre status en el 2010. Inmediatamente, líderes jóvenes del Partido Popular respondieron el 8 y 9 de abril exigiendo una definición final de lo que es o puede ser la soberanía en su estadolibrismo. Pero hay algo nuevo. Las 150 millones de pesetas estadounidenses con su ‘Isla del Encanto’ en español presagian otra —nueva— opción. ¿Cuál?
Este analista septuagenario, luego de 50 años de estudiar la relación colonial entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, ha llegado a la conclusión que no quedan mas que dos opciones —una estadidad con apellido o la disposición territorial. Luego de años de lucha, desde 1957 en favor de mi opción de libre asociación soberana, hoy favorezco aquí la admisión de Puerto Rico a los USA —como un Estado Hispano. La otra historia ya se fue. La dejaron ir.
¿Y el apellido? Me opongo a anglosajonizarnos para ser admitidos a la Unión Americana. Si es así, no. Si esa opción asimilista fuese el requisito estadounidense que exija su Congreso, opto por la otra opción.¿Cuál? Que los Estados Unidos dispongan unilateralmente de este territorio en la fecha varias veces emblemática del 23 de septiembre de 2010. Ya he hecho la propuesta oficial en varios lugares en Washington. Esa opción debe proponérsele a este pueblo.
Hay un requisito histórico mucho más importante. Aparte de la política, lejos del electoralismo subsidiado de opciones viejas, esa tarea es más importante que mi preferencia electoral. La cuestión a la que nos enfrentaremos en años por venir no es política. Hay que reconstituir nuestro universo discursivo. ¿Nuestro qué? Hay que lograrlo no en nuestra política electoralista subsidiada o en los medios, no. Trabajar, en el ámbito del pensar —en la academia.
Fuera de la política electoralista subsidiada, los Estudios Culturales que he promovido por una década en la academia boricua (ante gran oposición de fuerzas retrógradas de la Universidad de Puerto Rico y en el Centro de Estudios Avanzados) definen el “universo discursivo” de mi pueblo como un ámbito de su pensamiento colectivo con una serie de códigos mentales, que constituyen un “subconsciente político” que determina las decisiones que hacen de día en día. Más allá de elecciones, referéndums, y plebiscitos, aquí hay que cambiar los códigos.
En estos días publicaré un libro proponiendo ese esfuerzo, “El Umbral de la Promesa” y hay respaldo para esa iniciativa académica doctoral en la Universidad del Turabo. Hay esperanza. No es fácil entender la teoría del subconsciente político que suscribo. Su proponente, el pensador jamaiquino-británico Fredric Jameson propone que en vez de discutir las caducas alternativas al coloniaje (nuestras viejas categorías de estadidad, independencia o autonomía) nos hagamos nuevas preguntas.
Y al contestárnoslas, que estemos conscientes que lo hacemos a base de códigos subconcientes emocionales que usamos para interpretar los hechos políticos que ocurren a nuestro alrededor y en nuestro tiempo. Yo veo y reconozco que están surgiendo nuevos códigos en el subconsciente de ambos pueblos, que son “nuevas estructuras del sentir”. Son dos.
EL HISPANISMO. Hace apenas unas décadas que los códigos mentales estadounidenses aceptaron “la condición hispana” que les propuso en su brillante libro de ese título el profesor de Amherst –Ilan Stavans. La condición hispana es ya una nueva estructura del sentir estadounidense. Stavans planteó desde 1995 que la cuestión sería si los Estados Unidos llegarían a estar listos para convertirse en “una nación de naciones” en vez de obligar a otras culturas a “vivir en el guión” (de por ejemplo Mexican-Americans). Reconoce que los que nos hemos negado al guión hemos sido los 8 millones de puertorriqueños.
Advirtió que el hispanismo llevaría caos en USA. Pero el más importante texto sobre esta realidad es el de un puertorriqueño. El gran periodista neorriqueño Juan González publicó en el 2000 el texto que explica la fuerza del nuevo código mental hispanista como “la cosecha del imperio” estadounidense. USA cosecha lo que sembró.
El argumento del amigo Juan González (que suscribo) es que Puerto Rico forma parte de un sector muy específico en la historia del colonialismo, los pueblos invadidos y conquistados. Somos, dice brillantemente, “poseídos pero no queridos”.
El amigo se pregunta si el futuro de los hispanos será el de amalgamarse en un mosaico cultural o por el contrario una afirmación nacional. Pero todavía a estas alturas que escribo nadie allá quiere reconocer que el código mental más útil para atender el caso de los 8 millones de puertorriqueños es el de “disponer”.
LA DISPOSICIÓN. Este código mental que está ahora disponible a Puerto Rico surge de la Constitución misma de los Estados Unidos de América, que en su Artículo IV, sección 3, lee: “El Congreso podrá disponer de o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.
Para lograr este cambio en el universo discursivo del colonialismo estadounidense, hay unos nuevos entendidos que ya se están dando entre ellos: Uno, que Puerto Rico es un territorio o propiedad perteneciente a Estados Unidos. Dos, que la isla de Puerto Rico y los puertorriqueños somos “propiedad” de USA. Tres, que es el Congreso estadounidense el que tiene el poder de alterar esa condición. Cuatro, que el Congreso puede, sin consultar a nadie ni requerir el consentimiento de los gobernados, “disponer del territorio” como otra “propiedad” de USA.
Después de medio siglo como analista llego a una conclusión. Si Washington está listo a vivir en un universo discursivo que acepte la diversidad cultural (como parece ser, luego de la elección de Barack Obama), la mejor opción es la admisión de nuestro Estado Hispano. Si los USA se niegan, entonces “disponer” de nosotros es lo justo. Señora Presidenta y Señor Comisionado: legislen para que votemos lo primero, primero. Sí —a la disposición territorial.
Sigue el discrimen contra municipios Rojos''
Menos de $1 millón para ‘rojos’
27 de abril de 2009 09:00 am
Ahora que se acerca la presentación del presupuesto para el próximo año fiscal, la representante popular Carmen Yulín Cruz retomó las críticas contra la actual administración por repartir dinero a manos llenas entre los municipios dominados por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
De acuerdo con un análisis hecho por su oficina, de $16.7 millones que hasta ahora ha repartido la Legislatura, unos $15.7 millones han ido a municipios azules mientras los populares han recibido $930,000.
Gran parte de este dinero fue recaudado en todos los municipios por la imposición del IVU. Ese asunto está todavía pendiente en los tribunales, donde la Asociación de Alcaldes reclama una repartición igual entre los ayuntamientos. Recientemente sufrieron un revés cuando el Tribunal no accedió a paralizar la entrega del dinero a los municipios favorecidos por la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa aprobó repartir $8.9 millones del IVU entre municipios del PNP. Mientras, en el Senado ya aprobaron otro proyecto para repartir $7.7 millones del Fondo de Mejoras Municipales 2009. La medida está pendiente en la Cámara. De acuerdo con el análisis de Cruz, los municipios azules han recibido el 94% de los fondos repartidos mientras los populares han obtenido 6% de los fondos.
La Cámara también ha repartido más de $2 millones de un Fondo de Mejoras Permanentes. La mayoría de estos dineros han ido a parar a municipios azules. El Fondo tiene cerca de $12 millones. El cuatrienio pasado, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá vetó un proyecto legislativo que hubiera permitido a la Cámara usar unos $8 millones de este fondo para comprar un edificio aledaño al Capitolio.
Unos siete municipios populares han recibido dineros de este fondo. Cruz reclamó que la repartición de estos fondos debe darse a base de la población de cada municipio.
“Lo que creas es un círculo vicioso para sumir esos municipios en una dependencia”, dijo Cruz. La mayoría legislativa ha reclamado que gran parte del dinero asignado ha ido a municipios que no recibieron los fondos bajo la administración popular. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Antonio Silva, también ha dicho que los fondos no se han terminado y que en el futuro se podrían ver más municipios rojos beneficiados.
Cabe señalar que hay legisladores populares que han votado a favor de algunos de estos proyectos, como la representante popular Lydia Méndez, quien ha argumentado que municipios del distrito que representa se verían beneficiados con estos dineros.
La Representante opinó que, durante su Mensaje de Presupuesto, el Gobernador debe dejar saber si respaldará la promesa que hizo a los alcaldes populares de que los fondos federales que recibirá la Isla se repartirán a base de población. Fortuño hizo las expresiones en una reunión de la Asociación de Alcaldes en la que fue recibido con brazos abiertos por los alcaldes populares que incluso se retrataron con el Mandatario.
“Fortuño tiene una gran oportunidad de decir cuál es su plan para ayudar a todos los municipios”, sentenció la Legisladora.
27 de abril de 2009 09:00 am
Ahora que se acerca la presentación del presupuesto para el próximo año fiscal, la representante popular Carmen Yulín Cruz retomó las críticas contra la actual administración por repartir dinero a manos llenas entre los municipios dominados por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
De acuerdo con un análisis hecho por su oficina, de $16.7 millones que hasta ahora ha repartido la Legislatura, unos $15.7 millones han ido a municipios azules mientras los populares han recibido $930,000.
Gran parte de este dinero fue recaudado en todos los municipios por la imposición del IVU. Ese asunto está todavía pendiente en los tribunales, donde la Asociación de Alcaldes reclama una repartición igual entre los ayuntamientos. Recientemente sufrieron un revés cuando el Tribunal no accedió a paralizar la entrega del dinero a los municipios favorecidos por la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa aprobó repartir $8.9 millones del IVU entre municipios del PNP. Mientras, en el Senado ya aprobaron otro proyecto para repartir $7.7 millones del Fondo de Mejoras Municipales 2009. La medida está pendiente en la Cámara. De acuerdo con el análisis de Cruz, los municipios azules han recibido el 94% de los fondos repartidos mientras los populares han obtenido 6% de los fondos.
La Cámara también ha repartido más de $2 millones de un Fondo de Mejoras Permanentes. La mayoría de estos dineros han ido a parar a municipios azules. El Fondo tiene cerca de $12 millones. El cuatrienio pasado, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá vetó un proyecto legislativo que hubiera permitido a la Cámara usar unos $8 millones de este fondo para comprar un edificio aledaño al Capitolio.
Unos siete municipios populares han recibido dineros de este fondo. Cruz reclamó que la repartición de estos fondos debe darse a base de la población de cada municipio.
“Lo que creas es un círculo vicioso para sumir esos municipios en una dependencia”, dijo Cruz. La mayoría legislativa ha reclamado que gran parte del dinero asignado ha ido a municipios que no recibieron los fondos bajo la administración popular. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Antonio Silva, también ha dicho que los fondos no se han terminado y que en el futuro se podrían ver más municipios rojos beneficiados.
Cabe señalar que hay legisladores populares que han votado a favor de algunos de estos proyectos, como la representante popular Lydia Méndez, quien ha argumentado que municipios del distrito que representa se verían beneficiados con estos dineros.
La Representante opinó que, durante su Mensaje de Presupuesto, el Gobernador debe dejar saber si respaldará la promesa que hizo a los alcaldes populares de que los fondos federales que recibirá la Isla se repartirán a base de población. Fortuño hizo las expresiones en una reunión de la Asociación de Alcaldes en la que fue recibido con brazos abiertos por los alcaldes populares que incluso se retrataron con el Mandatario.
“Fortuño tiene una gran oportunidad de decir cuál es su plan para ayudar a todos los municipios”, sentenció la Legisladora.
Inmoralidad y donde está la Iglesia no dice na''.
Todo esto es un movimiento por algunos Líderes de la Iglesia no en general algunos que le dieron el voto al(PNP) abrumadoramente QUE POR ESO COLGARON EL NOMBRAMIENTO DE LAS PROCURADORAS DE LAS MUJERES y ahora se lo estan recompensando.Yo estoy en contra del Aborto y de la conducta del Homosexualismo. No asi sin discriminarlo a ellos.Pero hay que tener en cuenta que la Senadora Evelyn Vazquez no puede puede hablar de moral cristianos.
Todos Saben de que lado está enseñando un sector aqui que se puede aceptar el materialismo al dinero,prostitucción y adulterio acaso eso no es anti-iglesia también.Hablemos claro el Alcalde Cidra tiene ya señalamientos por Hostigamiento Sexual y que han dicho de eso nada como del Alcalde de Salinas contra otro hombre que el caso ahora mismo está entre dicho.
Muchos Líderes de la Iglesia tienen que abrir los Ojos bien de moral porque esto es Inmoral la Senadora Evelyn Vazquez,El Alcalde de Salinas,Cidra son unos inmorales hablemos de moral que ahora mismo Luis G.Fortuño no le pide la renuncia a esos inmorales de su propio Partido.
Mas halla de eso ahora la Ley de Cierre Dominical no se quiere respetar Iglesia.Ahora mismo no,nos quiere dar el gobierno el espacio los Domingos donde está la Iglesia que este gobierno le ha fallado hablemos de verdad con Pantalones''.
Un gobierno inmoral como el de Luis.G Fortuño que a iniciado despidos de 30.000 mil a 45.000 mil despidos del gobierno cuando dijo que al único que iba a despedir era AAV!Le mintio al Pueblo y la mentira es una inmoralidad es pecado y que han dicho la Iglesia nada.Algunos líderes tienen que levantarse contra el gobierno inmoral y satanico,diabolico del Partido Nuevo Progresista''.
Otra inmoralidad es Privatizar el gobierno mediante las Alianzas Público Privadas no permitamos las Alianzas Público y Privada que lo único que llevara a Puerto Rico es a vender sus bienes Públicos.No a las APP no a los ricos a millonarios Basta Ya!''.
YO ESTABA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES.PERO PORQUE LUIS G.FORTUÑO LA NOMBRO A ESE PUESTO.PORQUE EL GOBERNADOR CLARAMENTE APOYA EL ABORTO LA AGENDA DEL HOMOSEXUALISMO Y LE METE LA FECA A LA IGLESIA DE QUE ESO NO ES ASI.ES TODOS SABEMOS DE LA PATA QUE COJEA ALBITA,CUCUSA,HEIDY WAI.
FORTUÑO DICE UNA COSA POR DELANTE Y OTRA POR DETRA'S ESE ES EL GOBERNADOR DE P.R!MIREN AVER SI ES UN GOBIERNO INMORAL QUE DICE QUE RADICA UNA INVESTIGACION CONTRA UN LIDER DE SU PROPIO PARTIDO Y NO DICE QUIEN ES QUE INMORALIDAD ES ESA.NO DICE QUE MIGUEL CORDERO EL DE LA (AEE) TUBO UN CASO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LO NOMBRO AL PUESTO DE(AEE).
HAY MAS CASOS DEL GOBIERNO (PNP) INMORAL QUE EN EL PASADO TUBO UNA LISTA DE CORRUPTOS DE MAS DE 90 FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL GOBIERNO DE PEDRO ROSSELLO''.ESO NO ES MORAL ROBAR NO ES MORAL EXTORCIONAR QUE ME DIGAN LO CONTRARIO QUE LE ESTA PASANDO A LA IGLESIA CON LA INMORALIDAD DE ESTE GOBIERNO.ASI QUE ES HORA DE DESPERTAR''.NO HAY TRANSPARENCIA ESO NO SE VE''.
Atito''........
__________________________________________________________________________________
“Me parece lamentable que no hayamos podido continuar el diálogo”, dijo luego que su nombramiento como Procuradora de las Mujeres fuera colgado.
Por El Nuevo Dia
La designada Procuradora de las Mujeres, Johanne Vélez, se mostró sorprendida ante la decisión del caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) de colgar su nombramiento en la mañana de hoy.
“Ciertamente me tomó por sorpresa”, afirmó en conferencia de prensa en la sede de la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, en Santurce.
“Me parece lamentable que no hayamos podido continuar el diálogo”, agregó. Durante la breve rueda de prensa, la licenciada se mostró calmada.
Vélez se reafirmó en sus posiciones en torno al derecho al aborto y las uniones de hecho. Explicó nuevamente que el derecho al aborto está consignado en el marco jurídico que rige en Puerto Rico y que la misión de la Procuradora es defender los derechos de todas las mujeres, independientemente de su raza, orientación sexual y su credo.
No quiso adjudicar culpas ni señalar a personas por descarrilar su nombramiento. Pero sí agradeció al Gobernador la designación y dijo que se sentía satisfecha con las expresiones dadas por éste en torno a su nombramiento.
Recordó que desde que surgieron señalamientos en su contra por expresar sus posturas, el Gobernador la defendió en múltiples ocasiones.
Rechazó, además, que el acto de no confirmarle sea parte del proyecto de consolidación de agencias.
Vélez es la segunda mujer cuyo nombramiento se cuelga en las últimas dos administraciones. La anterior fue Marta Angélica Mercado.
Rivera Schatz: “Perfectamente válido”
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, justificó al mediodía el proceso legislativo –sin vistas públicas- mediante el cual el cuerpo que dirige colgó en cuestión de minutos el nombramiento de Johanne Vélez como Procuradora de las Mujeres.
“El Senado tiene la facultad constitucional para atender los nombramientos de esa manera. Se optó por esa alternativa. Es perfectamente válido”, dijo Rivera Schatz, quien sólo dijo que “muchísimas” personas se oponían a Vélez, “por muchas cosas”.
El presidente senatorial, que nunca quiso divulgar su posición específica en torno al nombramiento de Vélez, dijo que era “de conocimiento público” que Vélez no tenía los votos.
Trascendió que la decisión de llevar a votación el nombramiento de Vélez se tomó ayer en un caucus de la mayoría.
De hecho, Vélez fue colgada un día después de que el gobernador Luis Fortuño visitara el Capitolio para ofrecer su mensaje de estado de situación. Sin embargo, esta mañana aseguró no tener conocimiento de la acción del Senado.
“Quizás el Gobernador no sabía que se atendía hoy”, dijo Rivera Schatz al preguntársele si se le notificó a Fortuño.
Rivera Schatz indicó que a Vélez se le dio el “espacio” para visitar senadores después que trascendiera públicamente que no tenía los votos para ser confirmada.
Baja por descargue el nombramiento
Sorpresivamente, el portavoz de la mayoría Roberto Arango, solicitó que se descargara el nombramiento, lo que significa que se relevó de todo trámite a la Comisión de Asuntos de la Mujer que preside Evelyn Vázquez.
El nombramiento de Vélez nunca se discutió en vista pública.
“No me lo han dado todavía. Acabo de llegar”, dijo Vázquez cuando El Nuevo Día le preguntó si era correcto el rumor que circulaba sobre el nombramiento.
Vázquez tenía que autorizar como presidenta de la Comisión el descargue del nombramiento.
Mientras, Arango solicitaba el descargue varios senadores populares clamaban por ser escuchados, siendo ignorados por el presidente incidental Carmelo Ríos.
Luego de que se colgara el nombramiento el Presidente del Senado asumió la presidencia.
El procedimiento incluso se celebró antes de la invocación que se realiza todos los días que se celebra sesión en el Senado. Luego de hablar con El Nuevo Día, Vázquez se levantó de su banca y dejó descolgado el teléfono.
Es la primera designación que el Senado novoprogresista le rechaza al gobernador Luis Fortuño. Otro nombramiento que está en la cuerda floja es el del secretario de Salud, Jaime Rivera Dueño.
Todos Saben de que lado está enseñando un sector aqui que se puede aceptar el materialismo al dinero,prostitucción y adulterio acaso eso no es anti-iglesia también.Hablemos claro el Alcalde Cidra tiene ya señalamientos por Hostigamiento Sexual y que han dicho de eso nada como del Alcalde de Salinas contra otro hombre que el caso ahora mismo está entre dicho.
Muchos Líderes de la Iglesia tienen que abrir los Ojos bien de moral porque esto es Inmoral la Senadora Evelyn Vazquez,El Alcalde de Salinas,Cidra son unos inmorales hablemos de moral que ahora mismo Luis G.Fortuño no le pide la renuncia a esos inmorales de su propio Partido.
Mas halla de eso ahora la Ley de Cierre Dominical no se quiere respetar Iglesia.Ahora mismo no,nos quiere dar el gobierno el espacio los Domingos donde está la Iglesia que este gobierno le ha fallado hablemos de verdad con Pantalones''.
Un gobierno inmoral como el de Luis.G Fortuño que a iniciado despidos de 30.000 mil a 45.000 mil despidos del gobierno cuando dijo que al único que iba a despedir era AAV!Le mintio al Pueblo y la mentira es una inmoralidad es pecado y que han dicho la Iglesia nada.Algunos líderes tienen que levantarse contra el gobierno inmoral y satanico,diabolico del Partido Nuevo Progresista''.
Otra inmoralidad es Privatizar el gobierno mediante las Alianzas Público Privadas no permitamos las Alianzas Público y Privada que lo único que llevara a Puerto Rico es a vender sus bienes Públicos.No a las APP no a los ricos a millonarios Basta Ya!''.
YO ESTABA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES.PERO PORQUE LUIS G.FORTUÑO LA NOMBRO A ESE PUESTO.PORQUE EL GOBERNADOR CLARAMENTE APOYA EL ABORTO LA AGENDA DEL HOMOSEXUALISMO Y LE METE LA FECA A LA IGLESIA DE QUE ESO NO ES ASI.ES TODOS SABEMOS DE LA PATA QUE COJEA ALBITA,CUCUSA,HEIDY WAI.
FORTUÑO DICE UNA COSA POR DELANTE Y OTRA POR DETRA'S ESE ES EL GOBERNADOR DE P.R!MIREN AVER SI ES UN GOBIERNO INMORAL QUE DICE QUE RADICA UNA INVESTIGACION CONTRA UN LIDER DE SU PROPIO PARTIDO Y NO DICE QUIEN ES QUE INMORALIDAD ES ESA.NO DICE QUE MIGUEL CORDERO EL DE LA (AEE) TUBO UN CASO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LO NOMBRO AL PUESTO DE(AEE).
HAY MAS CASOS DEL GOBIERNO (PNP) INMORAL QUE EN EL PASADO TUBO UNA LISTA DE CORRUPTOS DE MAS DE 90 FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL GOBIERNO DE PEDRO ROSSELLO''.ESO NO ES MORAL ROBAR NO ES MORAL EXTORCIONAR QUE ME DIGAN LO CONTRARIO QUE LE ESTA PASANDO A LA IGLESIA CON LA INMORALIDAD DE ESTE GOBIERNO.ASI QUE ES HORA DE DESPERTAR''.NO HAY TRANSPARENCIA ESO NO SE VE''.
Atito''........
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“Me parece lamentable que no hayamos podido continuar el diálogo”, dijo luego que su nombramiento como Procuradora de las Mujeres fuera colgado.
Por El Nuevo Dia
La designada Procuradora de las Mujeres, Johanne Vélez, se mostró sorprendida ante la decisión del caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) de colgar su nombramiento en la mañana de hoy.
“Ciertamente me tomó por sorpresa”, afirmó en conferencia de prensa en la sede de la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, en Santurce.
“Me parece lamentable que no hayamos podido continuar el diálogo”, agregó. Durante la breve rueda de prensa, la licenciada se mostró calmada.
Vélez se reafirmó en sus posiciones en torno al derecho al aborto y las uniones de hecho. Explicó nuevamente que el derecho al aborto está consignado en el marco jurídico que rige en Puerto Rico y que la misión de la Procuradora es defender los derechos de todas las mujeres, independientemente de su raza, orientación sexual y su credo.
No quiso adjudicar culpas ni señalar a personas por descarrilar su nombramiento. Pero sí agradeció al Gobernador la designación y dijo que se sentía satisfecha con las expresiones dadas por éste en torno a su nombramiento.
Recordó que desde que surgieron señalamientos en su contra por expresar sus posturas, el Gobernador la defendió en múltiples ocasiones.
Rechazó, además, que el acto de no confirmarle sea parte del proyecto de consolidación de agencias.
Vélez es la segunda mujer cuyo nombramiento se cuelga en las últimas dos administraciones. La anterior fue Marta Angélica Mercado.
Rivera Schatz: “Perfectamente válido”
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, justificó al mediodía el proceso legislativo –sin vistas públicas- mediante el cual el cuerpo que dirige colgó en cuestión de minutos el nombramiento de Johanne Vélez como Procuradora de las Mujeres.
“El Senado tiene la facultad constitucional para atender los nombramientos de esa manera. Se optó por esa alternativa. Es perfectamente válido”, dijo Rivera Schatz, quien sólo dijo que “muchísimas” personas se oponían a Vélez, “por muchas cosas”.
El presidente senatorial, que nunca quiso divulgar su posición específica en torno al nombramiento de Vélez, dijo que era “de conocimiento público” que Vélez no tenía los votos.
Trascendió que la decisión de llevar a votación el nombramiento de Vélez se tomó ayer en un caucus de la mayoría.
De hecho, Vélez fue colgada un día después de que el gobernador Luis Fortuño visitara el Capitolio para ofrecer su mensaje de estado de situación. Sin embargo, esta mañana aseguró no tener conocimiento de la acción del Senado.
“Quizás el Gobernador no sabía que se atendía hoy”, dijo Rivera Schatz al preguntársele si se le notificó a Fortuño.
Rivera Schatz indicó que a Vélez se le dio el “espacio” para visitar senadores después que trascendiera públicamente que no tenía los votos para ser confirmada.
Baja por descargue el nombramiento
Sorpresivamente, el portavoz de la mayoría Roberto Arango, solicitó que se descargara el nombramiento, lo que significa que se relevó de todo trámite a la Comisión de Asuntos de la Mujer que preside Evelyn Vázquez.
El nombramiento de Vélez nunca se discutió en vista pública.
“No me lo han dado todavía. Acabo de llegar”, dijo Vázquez cuando El Nuevo Día le preguntó si era correcto el rumor que circulaba sobre el nombramiento.
Vázquez tenía que autorizar como presidenta de la Comisión el descargue del nombramiento.
Mientras, Arango solicitaba el descargue varios senadores populares clamaban por ser escuchados, siendo ignorados por el presidente incidental Carmelo Ríos.
Luego de que se colgara el nombramiento el Presidente del Senado asumió la presidencia.
El procedimiento incluso se celebró antes de la invocación que se realiza todos los días que se celebra sesión en el Senado. Luego de hablar con El Nuevo Día, Vázquez se levantó de su banca y dejó descolgado el teléfono.
Es la primera designación que el Senado novoprogresista le rechaza al gobernador Luis Fortuño. Otro nombramiento que está en la cuerda floja es el del secretario de Salud, Jaime Rivera Dueño.
SE APAGA LA PRODUCCION LOCAL QUE NOS PASA PUERTO RICO?
SE APAGA LA PRODUCCION LOCAL QUE NOS PASA PUERTO RICO?
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Hoy a las 13:35 | Editar nota | Eliminar
club sunshine y tv ilegal
Se apaga la risa en Wapa TV
Con el fin de ambos programas quedan desempleados decenas de actores
Por Patricia Vargas / End.pvargas@elnuevodia.com
Con la salida de los programas “Club Sunshine” y “TV ilegal” de WAPA TV -canal 4- este mes se acaban las comedias en la televisión comercial de Puerto Rico.
Irónico, en estos tiempos de crisis en que la comedia resulta la preferida de los televidentes. Así lo reafirmó un estudio que encargó el gigante televisivo CBS/Sony. Los resultados del informe fueron contundentes: En tiempos de crisis económica, el espectador optaría por la comedia.
Tanto así, que en los Estados Unidos, de los 71 episodios piloto en producción para la próxima temporada, 33 son comedias de media hora y de éstos, 19 se atreven incluso con el formato tradicional (público en el estudio y risas enlatadas).
En Puerto Rico, el panorama no luce tan alentador. En los tres canales comerciales con más televidentes se están produciendo -en total y contando los noticiarios- cerca de 20 programas locales.
Y a esa reducción de programación que se ha visto con los años, ahora hay que sumarle que se quedarán en la calle, de la plantilla fija de Sunshine unos 10 actores, y de “TV Ilegal” otros tantos.
“¿A donde va WAPA, se va a algún lado?”, fue la relajada reacción del productor Emanuel “Sunshine” Logroño al preguntársele sobre el final de su programa.
El productor, locutor, libretista y comediante prefirió no dar detalles de otros proyectos que alegó tener con el canal y sólo dijo que los anunciará la semana próxima, en una rueda de prensa.
Sin embargo, a los cerca de 10 actores que se quedan desempleados -y que entienden que Logroño no los incluirá en su nueva producción-, no les causó gracia la noticia.
“Para nosotros es una despedida. Se nos informó que se acabó el programa y estamos desempleados. La gente en la calle me para, lamentándose, pero por ahora no hay proyectos en mente. La gente sabe que el equipo de trabajo es bueno y no tengo dudas de que todo el mundo va a salir adelante. Hay que estar positivo”, dijo Marian Pabón.
La versión oficial que le dieron al elenco de “Club Sunshine”, según el actor René Monclova, fue que a pesar de que el programa contaba con un buen “rating” (posición 19 en la más reciente encuesta), su audiencia mayor es de hombres. Sin embargo, el canal busca apelar más a la mujer, que es la que consume, y con la crisis han bajado las ventas.
Existe otra realidad en nuestra televisión y es la pobre calidad de los libretos.
“Aquí la institución del escritor nunca fue importante, desde el inicio de la televisión, cuando llegaron los cubanos de CMQ a la Isla, después de la revolución, y aceptaban que se les pagara lo mínimo como libretistas. Luego Paquito Cordero y Tommy Muñiz producían y escribían, o contrataban a algún actor y le daban alguito. Por ejemplo, a mí me dan $125 por ‘Happy Hour’ (sección dentro de ‘Club Sunshine’) y escribo básicamente uno al mes. El que más gana ahí son $300 a la semana por dos guiones, y se paga si va al aire”, sostuvo el creador de “Lolo Bond”.
El actor reveló que desde hace tres años, cuando cancelaron “Por el casco de San Juan”, los actores que trabajaban con Logroño quedaron sin contrato, cobraban la mitad del sueldo y no tenían beneficios marginales.
No obstante, Monclova dijo que existe una posibilidad de volver a hacer algo con Logroño en agosto y que un grupo de ellos se organizaran para producir.
Por su parte, Jorge Castro se siente afortunado por haber estado en el programa durante nueve años, pero se lamenta porque la clase artística del País está cada vez más marginada. No obstante, ve en la televisión digital nuevos espacios y nuevos talleres, con menos presupuesto.
“Junto a mi esposa (Suzette Bacó) tenemos una compañía productora y ya preparamos dos programas piloto para la televisión y puede que arranque uno de ellos... Soy positivo y esperamos que esto no sea el principio del fin de la televisión local, sino parte de un cambio”, señaló Castro.
Tiempo de reinventar
Luego de tres años haciendo reír con sus parodias, “TV ilegal” sale del aire mañana. El programa, que se transmitía los miércoles en la noche, tiene un elenco fijo de una docena de actores más el equipo de producción.
“Fue una cancelación únicamente económica. Por el momento, el canal me ha ofrecido producir una serie de especiales, algunos dentro del concepto de ‘TV ilegal’. Estamos unidos y explorando otras posibilidades que pronto vamos a anunciar, que no necesariamente son para la televisión. Lamento el cierre de talleres, pero ahora es tiempo de reinventar, luchar por el taller local y dar la batalla. Me siento combativo y no voy a cerrar ese capítulo”, afirmo el productor, Agustín Rosario.
____________________________________________________________________________________
COMENTARIO:
ES HORA DE QUE SE RESPALDE LA PRODUCCION LOCAL DE PUERTO RICO.ASI QUE ES HORA DE QUE LA LEGISLATURA DE PUERTO RICO SE PONGA PA SU NUMERO Y APRUEBEN LEYES A FAVOR EN LA T.V DE LA PRODUCCION LOCAL DE T.V EN PUERTO RICO Y QUE SEA COMEDIA EDUCATIVA Y PRODUCCIONES CON ESE ENFOQUE EN PUERTO RICO.
SI ES HORA Y BASTA YA DE QUE ESTEN DEJANDO A FUERA LA PRODUCCION LOCALMENTE.ES HORA DE QUE EL PUEBLO DE PUERTO RICO LE EXIJA A LA T.V MAS PRODUCCIONES LOCALES QUE ENALATADAS POR FAVOR RESPALDEMOS LO NUESTRO Y NO A LO ENLATADO.
BASTA YA DE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SIGAN CON LA MISMA PORQUERIA.EXIJIMOS AHORA QUE HALLA MAS PRODUCCION LOCALMENTE BASTA YA DE TANTOS ATROPELLOS Y ABUZOS''.
ATITO''
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club sunshine y tv ilegal
Se apaga la risa en Wapa TV
Con el fin de ambos programas quedan desempleados decenas de actores
Por Patricia Vargas / End.pvargas@elnuevodia.com
Con la salida de los programas “Club Sunshine” y “TV ilegal” de WAPA TV -canal 4- este mes se acaban las comedias en la televisión comercial de Puerto Rico.
Irónico, en estos tiempos de crisis en que la comedia resulta la preferida de los televidentes. Así lo reafirmó un estudio que encargó el gigante televisivo CBS/Sony. Los resultados del informe fueron contundentes: En tiempos de crisis económica, el espectador optaría por la comedia.
Tanto así, que en los Estados Unidos, de los 71 episodios piloto en producción para la próxima temporada, 33 son comedias de media hora y de éstos, 19 se atreven incluso con el formato tradicional (público en el estudio y risas enlatadas).
En Puerto Rico, el panorama no luce tan alentador. En los tres canales comerciales con más televidentes se están produciendo -en total y contando los noticiarios- cerca de 20 programas locales.
Y a esa reducción de programación que se ha visto con los años, ahora hay que sumarle que se quedarán en la calle, de la plantilla fija de Sunshine unos 10 actores, y de “TV Ilegal” otros tantos.
“¿A donde va WAPA, se va a algún lado?”, fue la relajada reacción del productor Emanuel “Sunshine” Logroño al preguntársele sobre el final de su programa.
El productor, locutor, libretista y comediante prefirió no dar detalles de otros proyectos que alegó tener con el canal y sólo dijo que los anunciará la semana próxima, en una rueda de prensa.
Sin embargo, a los cerca de 10 actores que se quedan desempleados -y que entienden que Logroño no los incluirá en su nueva producción-, no les causó gracia la noticia.
“Para nosotros es una despedida. Se nos informó que se acabó el programa y estamos desempleados. La gente en la calle me para, lamentándose, pero por ahora no hay proyectos en mente. La gente sabe que el equipo de trabajo es bueno y no tengo dudas de que todo el mundo va a salir adelante. Hay que estar positivo”, dijo Marian Pabón.
La versión oficial que le dieron al elenco de “Club Sunshine”, según el actor René Monclova, fue que a pesar de que el programa contaba con un buen “rating” (posición 19 en la más reciente encuesta), su audiencia mayor es de hombres. Sin embargo, el canal busca apelar más a la mujer, que es la que consume, y con la crisis han bajado las ventas.
Existe otra realidad en nuestra televisión y es la pobre calidad de los libretos.
“Aquí la institución del escritor nunca fue importante, desde el inicio de la televisión, cuando llegaron los cubanos de CMQ a la Isla, después de la revolución, y aceptaban que se les pagara lo mínimo como libretistas. Luego Paquito Cordero y Tommy Muñiz producían y escribían, o contrataban a algún actor y le daban alguito. Por ejemplo, a mí me dan $125 por ‘Happy Hour’ (sección dentro de ‘Club Sunshine’) y escribo básicamente uno al mes. El que más gana ahí son $300 a la semana por dos guiones, y se paga si va al aire”, sostuvo el creador de “Lolo Bond”.
El actor reveló que desde hace tres años, cuando cancelaron “Por el casco de San Juan”, los actores que trabajaban con Logroño quedaron sin contrato, cobraban la mitad del sueldo y no tenían beneficios marginales.
No obstante, Monclova dijo que existe una posibilidad de volver a hacer algo con Logroño en agosto y que un grupo de ellos se organizaran para producir.
Por su parte, Jorge Castro se siente afortunado por haber estado en el programa durante nueve años, pero se lamenta porque la clase artística del País está cada vez más marginada. No obstante, ve en la televisión digital nuevos espacios y nuevos talleres, con menos presupuesto.
“Junto a mi esposa (Suzette Bacó) tenemos una compañía productora y ya preparamos dos programas piloto para la televisión y puede que arranque uno de ellos... Soy positivo y esperamos que esto no sea el principio del fin de la televisión local, sino parte de un cambio”, señaló Castro.
Tiempo de reinventar
Luego de tres años haciendo reír con sus parodias, “TV ilegal” sale del aire mañana. El programa, que se transmitía los miércoles en la noche, tiene un elenco fijo de una docena de actores más el equipo de producción.
“Fue una cancelación únicamente económica. Por el momento, el canal me ha ofrecido producir una serie de especiales, algunos dentro del concepto de ‘TV ilegal’. Estamos unidos y explorando otras posibilidades que pronto vamos a anunciar, que no necesariamente son para la televisión. Lamento el cierre de talleres, pero ahora es tiempo de reinventar, luchar por el taller local y dar la batalla. Me siento combativo y no voy a cerrar ese capítulo”, afirmo el productor, Agustín Rosario.
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COMENTARIO:
ES HORA DE QUE SE RESPALDE LA PRODUCCION LOCAL DE PUERTO RICO.ASI QUE ES HORA DE QUE LA LEGISLATURA DE PUERTO RICO SE PONGA PA SU NUMERO Y APRUEBEN LEYES A FAVOR EN LA T.V DE LA PRODUCCION LOCAL DE T.V EN PUERTO RICO Y QUE SEA COMEDIA EDUCATIVA Y PRODUCCIONES CON ESE ENFOQUE EN PUERTO RICO.
SI ES HORA Y BASTA YA DE QUE ESTEN DEJANDO A FUERA LA PRODUCCION LOCALMENTE.ES HORA DE QUE EL PUEBLO DE PUERTO RICO LE EXIJA A LA T.V MAS PRODUCCIONES LOCALES QUE ENALATADAS POR FAVOR RESPALDEMOS LO NUESTRO Y NO A LO ENLATADO.
BASTA YA DE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SIGAN CON LA MISMA PORQUERIA.EXIJIMOS AHORA QUE HALLA MAS PRODUCCION LOCALMENTE BASTA YA DE TANTOS ATROPELLOS Y ABUZOS''.
ATITO''
Senado malgasta dinero del Pueblo''.
El contrato por $94,000 se une a otro que tiene la empresa cabildera con el municipio de Bayamón por $70,000
Eric Toro, portavoz del Senado, no quiso comentar, pero Pierluisi dijo que Rivera Schatz suele coordinar con él sus visitas al Congreso.
por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodía.com
WASHINGTON – En momentos en que se aproxima el inicio del debate de status en Washington, el Senado de Puerto Rico tiene, como el gobierno de Luis Fortuño, su propio equipo de cabilderos.
Según el registro del Senado de Estados Unidos, el bufete Olkader, Belair & Wittie tiene un contrato de $94,000 con el Senado de Puerto Rico para los meses de febrero a junio de este año.
Además del status, la empresa cabildera tiene asignadas tareas referentes a asignaciones, desarrollo urbano, transporte e infraestructura.
También se le ha asignado ayudar con los esfuerzos a favor de que se le otorgue a Puerto Rico paridad en programas federales de salud como Medicaid y Medicare, según el registro del Senado federal.
El bufete Olkader, Belair & Wittie ya había firmado anteriormente otro contrato de cabildeo con el municipio de Bayamón, a un costo de $70,000. Ese otro contrato, sin embargo, data de diciembre pasado, según la Oficina del Contralor.
“No se harán comentarios sobre el particular”, indicó Eric Toro, portavoz del presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, al ser preguntado por los asuntos específicos que la empresa cabildera atenderá y quien es la persona que maneja la cuenta.
El comisionado residente Pedro Pierluisi, sin embargo, indicó que Rivera Schatz suele coordinar con él sus visitas al Congreso.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, mientras, informó que su contrato con Olkader, Belair & Wittie busca tener representantes en Washington más cercanos a los demócratas.
Frank Cushing y Andrew Title son las personas de contacto en la empresa de cabilderos, informó Rivera, quien advirtió que ese bufete “está a prueba”.
Hasta 2008, el municipio de Bayamón tuvo como cabildero en Washington al ex secretario de Justicia de Puerto Rico, José Fuentes Agostini, vinculado al Partido Republicano de Estados Unidos.
Olkader le realiza trabajos al municipio en torno a fondos para obras de infraestructura. “Nunca he tenido cabilderos para asuntos de status. Cuando quiero tener alguna reunión sobre el status, la gestión la hago yo personalmente”, indicó Rivera.
Eric Toro, portavoz del Senado, no quiso comentar, pero Pierluisi dijo que Rivera Schatz suele coordinar con él sus visitas al Congreso.
por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodía.com
WASHINGTON – En momentos en que se aproxima el inicio del debate de status en Washington, el Senado de Puerto Rico tiene, como el gobierno de Luis Fortuño, su propio equipo de cabilderos.
Según el registro del Senado de Estados Unidos, el bufete Olkader, Belair & Wittie tiene un contrato de $94,000 con el Senado de Puerto Rico para los meses de febrero a junio de este año.
Además del status, la empresa cabildera tiene asignadas tareas referentes a asignaciones, desarrollo urbano, transporte e infraestructura.
También se le ha asignado ayudar con los esfuerzos a favor de que se le otorgue a Puerto Rico paridad en programas federales de salud como Medicaid y Medicare, según el registro del Senado federal.
El bufete Olkader, Belair & Wittie ya había firmado anteriormente otro contrato de cabildeo con el municipio de Bayamón, a un costo de $70,000. Ese otro contrato, sin embargo, data de diciembre pasado, según la Oficina del Contralor.
“No se harán comentarios sobre el particular”, indicó Eric Toro, portavoz del presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, al ser preguntado por los asuntos específicos que la empresa cabildera atenderá y quien es la persona que maneja la cuenta.
El comisionado residente Pedro Pierluisi, sin embargo, indicó que Rivera Schatz suele coordinar con él sus visitas al Congreso.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, mientras, informó que su contrato con Olkader, Belair & Wittie busca tener representantes en Washington más cercanos a los demócratas.
Frank Cushing y Andrew Title son las personas de contacto en la empresa de cabilderos, informó Rivera, quien advirtió que ese bufete “está a prueba”.
Hasta 2008, el municipio de Bayamón tuvo como cabildero en Washington al ex secretario de Justicia de Puerto Rico, José Fuentes Agostini, vinculado al Partido Republicano de Estados Unidos.
Olkader le realiza trabajos al municipio en torno a fondos para obras de infraestructura. “Nunca he tenido cabilderos para asuntos de status. Cuando quiero tener alguna reunión sobre el status, la gestión la hago yo personalmente”, indicó Rivera.
PPD reclama destitución de Antonio Sagardía
PPD reclama destitución de Antonio Sagardía
La colectividad entiende que el abogado no debe continuar como Secretario de Justicia
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, le solicitó hoy al gobernador Luis Fortuño la destitución del secretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía.
El reclamo surge tras el incidente que protagonizó Sagardía ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando tildó de “canalla”, “pichón de abogado” y “enano intelectual” al representante popular Luis Vega Ramos.
Ferrer anunció que el caucus popular en la Cámara de Representantes acordó presentar una querella por conflicto de intereses contra el titular de Justicia en la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo con el presidente del PPD, fue debido a la intervención de Sagardía que el Tribunal de Apelaciones permitió que se celebre un nuevo juicio contra un convicto de asesinato que es cliente de un amigo del funcionario.
“Eso fue un acto indebido del Secretario de Justicia como Secretario de Justicia. No es común que el Secretario de Justicia comparezca a un tribunal, eso quien lo hace es el Procurador (General)”, manifestó Ferrer en conferencia de prensa.
En el caucus que sostuvo la delegación de minoría también se acordó que votarán en contra de la medida para crear el marco legal de las Alianzas Público Privadas a menos que se cree un proyecto sustitutivo.
La colectividad entiende que el abogado no debe continuar como Secretario de Justicia
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, le solicitó hoy al gobernador Luis Fortuño la destitución del secretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía.
El reclamo surge tras el incidente que protagonizó Sagardía ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando tildó de “canalla”, “pichón de abogado” y “enano intelectual” al representante popular Luis Vega Ramos.
Ferrer anunció que el caucus popular en la Cámara de Representantes acordó presentar una querella por conflicto de intereses contra el titular de Justicia en la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo con el presidente del PPD, fue debido a la intervención de Sagardía que el Tribunal de Apelaciones permitió que se celebre un nuevo juicio contra un convicto de asesinato que es cliente de un amigo del funcionario.
“Eso fue un acto indebido del Secretario de Justicia como Secretario de Justicia. No es común que el Secretario de Justicia comparezca a un tribunal, eso quien lo hace es el Procurador (General)”, manifestó Ferrer en conferencia de prensa.
En el caucus que sostuvo la delegación de minoría también se acordó que votarán en contra de la medida para crear el marco legal de las Alianzas Público Privadas a menos que se cree un proyecto sustitutivo.
Puerto Rico en la mirilla del Statu's
Vuelve el Partido Nuevo Progresista con la misma cantaleta del Statu's le han dicho claramente que para que Puerto Rico sea Estado.Hay que saber Inglés oficialmente y pagar todas las contribucciones Federales,que se pagan en un Estado de EE.UU.
Es hora de que los Populares nos pongamos pa nuestro número y enfrentemos a los Estadistas ante el congreso de EE.UU con estos proyectos de Statu's que lo unico,que hacen es excluir a los que siempre hemos estado a favor del Desarrollo-Del ELA en su Soberanía.
La unica form@ del Partido Nuevo Progresista salir triunfante es dividirnos.Esa es la realidad en la cuál ellos pueden salir triunfantes en un proceso como este dividiendos como Partido.Tenemos que estar unidos porque el Partido Nuevo Progresista siempre se las vale de todas por los tramposos y cobardes que lo son.
Atito''
Vuelve el status al Congreso
Pedro Pierluisi someterá un proyecto para realizar dos referendos en la Isla
WASHINGTON - En cualquier momento entre mañana y el jueves, el comisionado residente Pedro Pierluisi presentará un proyecto de ley que persigue que el Congreso convoque a un referéndum federal en el que los electores de Puerto Rico determinen si quieren un cambio en sus relaciones políticas con Estados Unidos.
El borrador de legislación que Pierluisi trabaja -el cual ha circulado, principalmente, entre los congresistas que le auspiciarán la medida- propone un proceso de dos consultas, según fuentes de El Nuevo Día.
En el primer referéndum, como ya adelantó el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Richard Figueroa, la pregunta básica es si los electores boricuas quieren un cambio de status. No se entra a calificar el actual status como una relación “territorial”, como hizo el proyecto de ley 900, que impulsó en la pasada sesión legislativa el ahora gobernador Luis Fortuño.
La intención puede ser tratar de disminuir las críticas del Partido Popular Democrático (PPD), que ha insistido en que los anteriores proyectos de Fortuño y las recomendaciones de la administración de George W. Bush han querido eliminar el Estado Libre Asociado (ELA) para facilitar un triunfo de la estadidad.
Ya el presidente del PPD, Héctor Ferrer, ha indicado que, si la medida se parece al proyecto de 900, su colectividad no la respaldará.
El propio Fortuño, en su reciente visita a Washington, reveló otro cambio significativo del proyecto de Pierlusi en comparación con su antigua legislación: no se sugiere una fecha específica para la primera consulta federal, por lo que pudiera celebrarse en cualquier momento de este cuatrienio, siempre y cuando se apruebe la medida a más tardar en diciembre de 2010.
Segundo referéndum
El segundo referéndum sería entre las alternativas de estadidad, independencia y libre asociación.
Sin embargo, sólo se define la libre asociación, como un “pacto” entre dos naciones soberanas y un status que no estaría sujeto a la cláusula para territorios de la Constitución federal.
En ese sentido, el PEN Club de Puerto Rico dio a conocer este fin de semana una carta en la que le solicita al presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Nick Rahall, que aproveche este debate para aclarar que la estadidad implicaría la adopción del inglés como el idioma común de un Puerto Rico estado 51.
“A pesar de que el Congreso requirió específicamente la adopción del inglés como idioma oficial para la educación pública en Louisiana, Utah, Oklahoma y Nuevo México, y con toda certeza será un requisito para (Puerto Rico) entrar a la Unión como estado (como resultó evidente de las discusiones sobre el proyecto Young, en 1998), el Congreso ha preferido ignorar peticiones para que clarifique este asunto tan vital”, indican los líderes del PEN Club, encabezados por su presidenta Mayrim Cruz Bernal.
Hay otras similitudes de la legislación de Pierluisi con el proyecto 900 que quedó engavetado en la Cámara baja federal, después de haber sido aprobado en el Comité de Recursos Naturales en 2007. Por ejemplo, todas las controversias judiciales se dirimirían en las cortes federales, de acuerdo con el borrador.
Y el proyecto de Pierluisi permite el voto de los “ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico”, no importa dónde tengan su domicilio.
Los hijos de los nacidos en Puerto Rico, que no viven en la Isla, sin embargo, estarían excluidos del proceso.
El borrador del proyecto Pierluisi indica además que, si en la primera consulta los electores rechazan la opción de ir hacia un cambio de status, se deben celebrar consultas en Puerto Rico cada ocho años. El proyecto 900 hacía alusión a la celebración de consultas continuas, sin proponer un término específico.
Pierluisi tiene previsto anunciar la legislación esta semana, tan pronto como mañana y a más tardar el jueves, en una conferencia de prensa en San Juan, junto a Fortuño y líderes del PNP.
En los últimos días, el Comisionado ha estado recogiendo firmas para una legislación que, esta vez, el PNP promueve como una medida mayormente demócrata.
“Hay que ver cuántos republicanos la han firmado”, comentó una fuente política de Washington.
Por la medida tener el apoyo del congresista Rahall, como presidente del Comité de Recursos Naturales, se da por descontada su aprobación en comisión en algún momento del verano. La interrogante es si, esta vez, podrá ser llevada a votación en el hemiciclo cameral y, más aún, si podrá conseguir espacio y consenso para ser una opción real en el Senado, donde van a esperar por lo que suceda en la Cámara.
Mayor posibilidad de consenso
Medida de status de Pierluisi elimina viejas barreras
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodía.com
WASHINGTON - Ahora que revivirá en Washington el debate sobre el futuro político de Puerto Rico, vuelve a estar sobre la mesa cómo el Congreso puede interpretar las aspiraciones del pueblo puertorriqueño.
Pese a que la anterior legislación que promovió en el Congreso el Partido Nuevo Progresista (PNP) -el proyecto 900- se aprobó en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, nunca llegó a ser presentada ante el pleno del cuerpo legislativo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, mantuvo entonces que la legislación, a la que se opusieron varios presidentes de comisiones, como la boricua Nydia Velázquez y el representante por Nueva York Charles Rangel, así como el también puertorriqueño Luis Gutiérrez, nunca tuvo “suficiente consenso”.
“Lo que no queremos hacer nosotros en Washington es decirle a un pueblo lo que tiene que hacer. Es preferible que el mismo pueblo diga lo que quiere”, indicó el congresista demócrata Xavier Becerra (California), asistente de Pelosi.
“Es difícil saber lo que quiere un pueblo, si los que se consideran sus representantes no hablan con una sola voz. Tal vez eso lo tengamos ahora, pero no lo sé”, agregó Becerra, al comentar a El Nuevo Día las posibilidades de que pueda ir hacia delante el próximo debate en torno al status de la Isla.
La legislación 900 de la pasada sesión del Congreso tuvo oficialmente como principal autor al congresista demócrata boricua José Serrano. Pero venía de la mano del entonces comisionado Luis Fortuño, ahora gobernador de Puerto Rico y afiliado aquí a los republicanos.
Dicho proyecto, a su vez, se percibió como un producto de los informes de la Casa Blanca del republicano George W. Bush, en torno al futuro político de Puerto Rico. Sus recomendaciones eran básicamente las propuestas principales de una administración republicana que levantó ampollas en el Partido Popular Democrático (PPD) y entre sectores demócratas cercanos al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá por, entre otras cosas, impulsar la eliminación del actual status de Estado Libre Asociado y hacer expresiones tan duras como que el Congreso, si quiere, le puede regalar la Isla a otro país.
No obstante, esta vez, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, es parte de la mayoría demócrata y espera ver acciones concretas, ya que el presidente Barack Obama se ha comprometido a facilitar el debate sobre el status este cuatrienio.
“Como delegado de Puerto Rico, (Pierluisi) tiene el liderato para tener un efecto tremendo en la opinión de los miembros del Congreso. Estoy esperando a platicar con él, conocer cuáles son sus metas”, indicó el demócrata Raúl Grijalva (Arizona). En el pasado, el congresista respaldó la legislación de Velázquez para reconocer el poder de Puerto Rico para convocar a una Asamblea Constitucional de Status y, ahora, es presidente de un subcomité de la Comisión de Recursos Naturales que evaluará inicialmente la medida de Pierluisi.
Una Legislatura mediocre contra su propio país''
''Una Legislatura mediocre contra su propio país''.
Global
Información básica
Tipo: Interés común - Política
Descripción: Estos son los Padres de la destrucción del Puerto Rico actual.Todos los que creemos en que estos individuos son los culpables de todas las penas que estamos pasando en Puerto Rico por Thomas Rivera Shatz,Jenniffer Gonzales,Luis Fortuño Burseto y Pedro Pierluisi lo detestamos.
Por eso invita a tus amigo(as) a este grupo ......En este grupo estaremos despando la Olla de grillos que propulsan estos Líderes del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico.
Cual Conoces????
Senado otorga $3 millones en contratos
Claridad en la Nación
Perla Franco/Claridad
El Senado de Puerto Rico, -al igual que hizo la Cámara de Representantes, según revelamos en la edición 2923, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2009-, adjudicó en las primeras tres semanas de este año casi tres millones de dólares en contratos ($2,788,090.00) con vigencia hasta el 30 de junio del año fiscal en curso. Todo ello en medio de la alegada crisis fiscal que vive el país y ante el llamado a la moderación en los gastos que ha hecho el gobernador y presidente de la Conferencia Legislativa, Luis Fortuño; quien entre otras cosas recientemente lanzó la amenaza de despidos para más de 30 mil empleados públicos si no logra $2,000 millones en ahorros.
En los contratos del Senado registrados en la Oficina del Contralor, contrario a los de la Cámara, no aparece el número de incorporación de las compañías que contratan, excepto la de Agape Caterer, Inc. Pero al igual que en la Cámara, algunos de ellos fueron adjudicados a sólo días de haber sido incorporados en el Departamento de Estado.
Destaca entre los contratos, -los cuales detallamos a continuación-, los del abogado Rolando Silva, un ex legislador que se declaró culpable de utilizar su oficina legislativa para beneficio personal, lo que le costó el desaforo de su profesión; dos contratos adscritos a la oficina de la senadora Evelyn Vázquez Nieves; los otorgados a quienes investigan los nominados por el Gobernador; y los de algunos ex políticos venidos a menos porque no contaron con el favor de los electores , pero se quedaron en la Legislatura.
Examínelos usted mismo.
Detalle de los Contratos
Contratos de Consultoría Administrativa otorgados a Compañías:
Ramírez Carrión & Co. $60,000
Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Pero, en el contrato con el Senado aparece Eduardo Ramírez como su presidente. Su contrato es como consultor adscrito a la Oficina de Finanzas para funciones de “asistencia” a la oficina del Presidente senatorial en “asuntos relacionados con la autonomía fiscal”.
Closer Look Research Corp.
Presidente: Lucas Mattei Rodríguez. Dos contratos, $27,500. Según su expediente corporativo en el Departamento de Estado se trata de una corporación que se dedica a “investigación en educación y comunicaciones”. Su agente incorporador, además de Lucas Mattei, es Holvin Velázquez Santiago. Uno de los contratos está adscrito a la oficina de la senadora Margarita Nolasco, y el segundo a la del Senador Luis A. Berdiel Rivera. En ambos casos como asesor legislativo.
Estudios Técnicos, Inc.
Presidente: José J. Villamil. $25,000. Aunque en su expediente corporativo en el Departamento de Estado no aparece agente residente ni incorporador, es sabido que su presidente es JoaquínVillamil, quien además firma el contrato con el Senado. Está adscrita a la oficina de la senadora Norma Burgos como “Asesores en la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación”.
Jotase Group, ET ALS., Inc.
$22,980. Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Empero, en el contrato con el Senado aparece como su presidente Ramón L. Cruz Semprit. Está adscrita a la oficina del presidente Thomas Rivera Schatz. Fue contratada para investigar los nombramientos referidos por el gobernador Luis Fortuño al Senado. Las investigaciones incluirán informar al Presidente de las relaciones profesionales, antecedentes penales y jurídicos, relaciones familiares y con sus vecinos, económicas y de crédito, obrero patronales y otras, según detalla el contrato.
S & J Consulting, Inc.
Presidente: Jorge Ocasio Ramírez. $22,980. Incorporada en 12/23/2008, dos semanas antes de firmar un contrato con el Senado. Está adscrita a la oficina del presidente Rivera Schatz, como investigador para entrevistar a nominados que sean referidos al Senado por el gobernador.
Isla Encantada Photo Studio, Inc.
Presidente: José M. Raffuci Arroyo. $5,000. Fue registrada en el Departamento de Estado en 2/3/2009 para la “producción y diseño de fotografías digitales”. Seis días después firmó un contrato con el Senado para servir de “asesores de prensa” para la senadora Evelyn Vázquez Nieves.
Rexach & Rexach, Inc.
Presidente: Juan Rexach Urdaz. $2,000. Según el expediente corporativo en el Departamento de Estado el propósito de esa corporación es “cualquier negocio lícito por ley”. Tiene un contrato con el Senado adscrito a la oficina de la senadora Kimmy Raschke Martínez para “analizar, redactar e interpretar proyectos de ley” en la Comisión de Asuntos de Educación y de Familia.
Contratos de Consultoría Administrativa otorgados a individuos:
José Madera - $57,000
Brunilda Ortiz Rodríguez - $53,400
Oscar L. Ramos Meléndez - $48,000
Roger Iglesias Suárez - $48,000 (dos contratos)
Manuel I. Otero Martínez - $48,000
Marie I. Soler Agostini - $33,000
Arturo Castro Guerra - $30,000
Epifanio Jiménez Cruz - $30,000
Johny Colón González - $30,000
José Garriga Picó - $30,000 (dos contratos)
Félix J. Montañez Miranda - $28,000
Saúl Rodríguez Pabón - $27,690 (dos contratos)
José F. Collazo Pérez - $27,250
Leslie Rodríguez Correa - $25,920
Reinaldo Pirela Figueroa - $24,000
Samuel Álvarez Figueroa - $22,980
Vimary Andino Méndez - $22,500
Nicolás Nuñoz Muñoz - $20,000
Damaris Sifuentes Reyes - $20,000 (dos contratos)
Maria E. Fuentes Torres - $18,090
Carmen M. Neváres Catala - $18,000
Armando Batista Montañez - $18,000
Harry E. Negrón Judice - $18,000
Morayma Fuster Lamourt - $18,000
Osvaldo Pagán Martínez - $18,000
Miguel A.. Rosado López - $16,800
Omar De León Hernández - $16,500
Mónica D. Torres Marrero - $15,360
Antonio Meléndez Vargas - $15,000
Lizbeth Méndez Colón - $15,000
Lorraine Figueroa Acevedo - $15,000
Odete Piñeiro Caraballo - $12,500
Ilka Quiñones Santana - $12,060
Juan W. Howe Hernández - $12,000
Adolfo A. Rodríguez Burgos - $12,000
Antonio Silva Rivera - $12,000
Carla M. Santos Ortiz - $10,000
Edgardo Huertas Feliciano - $10,000
José L. Carrasquillo Santiago - $10,000
Ulises Vélez Colón - $10,000
Francis E. Ruiz Ramírez - $7,500
Carlos M. Cruz - $7,500
Carlos Martínez - $6,600
Ángel R. Matos - $6,000
Carmen Zavala Vázquez - $6,000
Esther M. Ortiz Ortiz - $6,000
Carlos A. Romero Delgado - $5,000
Miguel A. Dávila Pérez - $4,000
Mildred Cabello - $3,000
José A. Santiago Jiménez - $2,000
Manuel A. Matos Pacheco - $800
Contratos de Servicios Legales
Otorgados a bufetes
Legal Advisors P.C.S.
No aparecen en el Departamento de Estado los nombres del agente residente ni del agente incorporador aun cuando aparece registrada desde 1/7/2004. Sin embargo, en los contratos con el Senado aparece Luis F. Estrella Martínez como su presidente. Dos de los contratos están adscritos a la oficina del senador Lawrence Seilhamer Rodríguez, otro a la del senador Carlos Javier Torres Torres y otro a la Oficina de Asesores Legales del Presidente senatorial. $133,000 (cuatro contratos)
National Legal Advisors, LLP
Socio gestor: Charles A. Rodríguez. Tiene un contrato adscrito a la Oficina de Asesores del Presidente del Senado como asesor legal. $72,000
Aldarondo & López Bras, P.C.S.
Presidente: Eliezer Aldarondo Ortíz. Tiene un contrato con el Senado por $52,000 y otro con la Cámara de Representantes por $33,000 como representante legal de ambos cuerpos ante el Tribunal. $52,000
González Milán
Presidente: Edgar González Milán. Contrato adscrito a la oficina del Senador Carmelo Ríos Santiago como asesor legal. PSC $27,000
Consultores Legales Asociados
Presidente: Rolando Silva. Está registrada en el Departamento de Estado desde 2/27/1996. No aparece ni agente residente ni incorporador en el expediente corporativo. Sin embargo, en el contrato con el Senado aparece el ex legislador Rolando Silva como su presidente. El contrato está adscrito a la oficina de Asesores Legales de ese cuerpo para servir de “enlace entre Comisiones” y realizar “estudios e investigaciones”, para “estudiar y analizar”, “redactar e interpretar” proyectos de ley. Silva fue Senador bajo la administración del ex gobernador Pedro Rosselló y se declaró culpable de malversación de fondos públicos al utilizar su oficina en el Senado para beneficio personal. Por ello fue desaforado y posteriormente reinstalado al ejercicio de su profesión legal. $18,000.
Luis A. Gierbolini Law Offices, Inc.
El contrato que tiene con el Senado lo firma su presidente Luis A. Gierbolini y está adscrito a la oficina de la senadora Migdalia Padilla Alvelo en calidad de “asesor legal y financiero” de la Comisión de Hacienda. $18,000
HCM Legal Services CSP
Presidente Héctor Crespo Milián. Contrato adscrito a la oficina del senador José Luis Dalmau como asesor legal. $11,000.
Galarza Law Office, PSC
Presidente: José L. Galarza García. Contrato adscrito a la oficina del Senador José Luis Dalmau como asesor legal. $3,000
Otorgados a individuos
Luis Berríos Amadeo - $100,000 (dos contratos)
Gerardo Flores García - $54,000
Iveliz Morales Correa - $48,000
Marjorie Gierbolini Gierbolini - $36,000 (dos contratos)
Osvaldo R. González Avilés - $36,000
Héctor A. Morales Martínez - $32,500
Francisco Pérez Soto - $30,000
Luis F. Navas De León - $30,000
Gregorio Igartúa Arbona - $27,000
Gerardo A. Cruz Maldonado - $25,000
Carmen S. Curet Salim - $24,000
Jacqueline L. Cabán Montañez - $24,000
Rafael Rocher Valera - $24,000
Miguel A. Hernández - $21,150
Yamil M.. Caro Pérez - $20,000
Arnaldo Báez Genoval - $18,000
Carlos E. Pérez Acosta - $18,000
Juan M. Gaud Pacheco - $18,000
Miguel Trabal - $18,000
Mirsonia Osirio Velázquez - $18,000
Irlanda Ruiz Aguirre - $15,000
María A. González Cardona - $15,000
Raúl Santiago Pérez $12,000
Iván Crespo Arroyo $10,000
Ramón L. Figueroa Sánchez $10,000
Félix A. Colón Miró $7,500
Roberto L. Varela Muñiz $6,000
Digna Z. Matos Fort $5,000
Roberto J. Figueroa $2,000
Contratos para Servicios de Publicidad, Representación o Artísticos
Otorgados a compañías
EW Comunication, Inc.
$72,000 (dos contratos) Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Pero, en el contrato con el Senado aparece Wilfredo Ramos como su presidente. Tiene dos contratos adscritos a la oficina de Información Pública del Presidente del Senado en calidad de “asesor en Eventos Especiales”
Nazario Communications Group, Inc.
$63,000 (dos contratos) Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. Sin embargo, en el contrato con el Senado figura Wanda Nazario como su presidenta. Está adscrita a la Oficina de Información Pública del Presidente del Senado como “Asesora en Relaciones Públicas, Prensa y Comunicaciones”.
RCD International Advisory, Inc.
Presidente: Rafael Cerame D’Acosta. $34,000. Servicios legales Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. En la Oficina del Contralor aparece como un contrato de servicios legales. Tiene un contrato como asesor adscrito la Oficina del Presidente para redactar mensajes y discursos para el Senado, comunicados de prensa, analizar investigaciones legislativas y su proyección pública, coordinar actividades especiales, conferencias de prensa, asistir a las sesiones del Senado, asesorar al Presidente en la comunicación con alcaldes, secretarios, jefes y funcionarios de agencias, entidades privadas y organizaciones internacionales, según detalla el contrato.
Communicart Public and Media Corp.
$30,000 (dos contratos). Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. Sin embargo, en los contratos con el Senado firma Blanca Sáenz como su presidenta. Está adscrita como asesora de prensa a las oficinas de los senadores Kimmy Raschke y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez..
Mundo Relaciones Públicas, Inc.
$27,000 Como agente residente en su incorporación en el Departamento de Estado aparece Carlos Alexis Lugo Marrero. En el contrato con el Senado la representa Ileana Santiago Álvarez. El contrato está adscrito a la oficina de la senadora Margarita Nolasco para ofrecer servicios de relaciones públicas.
CHT Enterprises, Inc.
$24,000. Presidente: Charles Toledo Camacho. En sus papeles de incorporación en el Departamento de Estado no aparece la fecha de incorporación, ni el nombre del agente incorporador ni el del agente residente. El único movimiento en el expediente incorporativo es la petición de una prórroga para el informe del año 2007 solicitada el 3/4/2008. Se sabe que su presidente es Charles Toledo Camacho porque así aparece en el contrato con el Senado. Éste está adscrito a la Oficina de Información Pública del Presidente como asesor en comunicaciones, en asuntos de política pública, y para escribir discursos, entre otras.
Associated Press
$14,520. Un contrato.
Flako Musik, Inc.
$7,500. Está inscrita hace siete meses (6/30/2008) en el Departamento de Estado con el propósito de realizar “grabaciones audiovisuales, distribución de discos compactos, publicidad y artes gráficas”. Como su agente residente aparece Benjamín Sotomayor quien a su vez es el incorporador junto a Sheila Sotomayor Figueroa. Tienen un contrato para grabar audio y editar vídeos para la Oficina de la senadora Evelyn Vázquez Nieves.
JF Consulting Group, Inc. LLC
$7,500. Su presidente, según figura en el contrato con el Senado, es Jesús M. Ortiz González. El contrato está adscrito a la oficina del senador Eder E. Ortíz Ortíz para funciones de asesor en “comunicación y legislación”.
Otorgados a individuos
Peter Quiñones Feliciano - $30,120 (dos contratos)
Jesús M. Ortiz González - $27,000
Frances Rodríguez Torres - $18,000
Luis A. Cabán Jiménez $18,000
José Juan Tañón - $16,500
Melvyn González Vélez - $15,000
Debra Feliciano Ledey - $12,500
Samuel Ferrer Alicea - $12,000
Rossy Santiago Velázquez - $10,800
Francis E. Ruiz Ramírez - $7,500
Noticias recientes''PPD reclama destitución de Antonio Sagardía''Compartir
Jue 12:45 | Editar nota | Eliminar
PPD reclama destitución de Antonio Sagardía
La colectividad entiende que el abogado no debe continuar como Secretario de Justicia
Por Keila López Alicea
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, le solicitó hoy al gobernador Luis Fortuño la destitución del secretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía.
El reclamo surge tras el incidente que protagonizó Sagardía ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando tildó de “canalla”, “pichón de abogado” y “enano intelectual” al representante popular Luis Vega Ramos.
Ferrer anunció que el caucus popular en la Cámara de Representantes acordó presentar una querella por conflicto de intereses contra el titular de Justicia en la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo con el presidente del PPD, fue debido a la intervención de Sagardía que el Tribunal de Apelaciones permitió que se celebre un nuevo juicio contra un convicto de asesinato que es cliente de un amigo del funcionario.
“Eso fue un acto indebido del Secretario de Justicia como Secretario de Justicia. No es común que el Secretario de Justicia comparezca a un tribunal, eso quien lo hace es el Procurador (General)”, manifestó Ferrer en conferencia de prensa.
En el caucus que sostuvo la delegación de minoría también se acordó que votarán en contra de la medida para crear el marco legal de las Alianzas Público Privadas a menos que se cree un proyecto sustitutivo.
COMENTARIOS:
Actualizado el jueves · Comentar · Me gustaYa no me gustaTe gusta esto.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 12:48 del 14 de mayo
''QUE SE VALLA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA ESTE MALCRIADO ESTE INCOMPETENTE MALCRIADO Y ABUZADOR DE ANTONIO ZAGARDIA NP REPRESENTA LOS VALORES ETICOS Y MORALES DEL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO INRRESPETUOSO ZAGARDIA''.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 12:55 del 14 de mayo
''QUE ES LO QUE LE ESTA PASANDO A ZAGARDIA.DONDE ESTA EL CEREBRO DE MIME DE ZAGARDIA PARECE QUE LO QUE TIENE ES MOFONGO EN SU CEREBRO UNA PELOTA DE MOFONDO POR NO DECIR OTRA COSA''.
Frankie Rodriguez Napoleoni ha escrito a las 22:26 del 14 de mayo
MMMMMMMM...a ese Fortuno NO lo va a destituir porque es el POLITIQUERO mas activo que se destaca en su gabinete. Espero que en la oficina de etica ya hayan recibido la querella por su conducta anormal, poco comun y conflicitva contra los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
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Listo Obam@ para cambiar la Fiscalia Federal De Puerto Rico''Compartir
Ayer a las 21:22 | Editar nota | Eliminar
La jefatura en el distrito federal de San Juan está en la lista del Presidente.
Rosa Emilia Rodríguez, jefa interina de la Fiscalía federal en San Juan desde el 2007, reconoce que puede tener que regresar a un puesto de carrera si el presidente Barack Obama nombra a otra persona al cargo.
Por el nuevo dia
WASHINGTON – El presidente Barack Obama inició ayer el proceso de nombramiento de fiscales federales, el cual se espera llegue a Puerto Rico en algún momento de 2009.
Obama anunció la designación de nuevos jefes de la fiscalía federal en los distritos del sur de Nueva York, Vermont, el oeste del estado de Washington, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y el norte de Alabama.
En momentos en que comenzó a debatirse el futuro de la jefa de la Fiscalía federal, fuentes del Departamento de Justicia habían adelantado a El Nuevo Día que a partir de la primavera Obama iniciaría el proceso de nombramientos en más de medio centenar de fiscalías de distrito que tenían vacantes en sus puestos de liderato.
La Fiscalía federal de San Juan, cuya jefatura ocupa actualmente Rosa Emilia Rodríguez y que ha estado en medio de controversias constantes referentes al proceso judicial a que se enfrentó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá (absuelto de los cargos criminales en su contra el pasado 20 de marzo), figura en esa lista.
En la Casa Blanca “están conscientes de que el proceso ha ido muy lento”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Roberto Prats, quien participa este fin de semana en Richmond (Virginia) en una reunión del Comité Nacional Demócrata en la que ha conversado con funcionarios del gobierno de Obama sobre el proceso de nombramientos.
Prats indicó que en su momento los demócratas vinculados al Partido Popular Democrático (PPD) le presentarán candidatos específicos a la Casa Blanca que pueden sustituir a Rodríguez en la fiscalía federal de San Juan.
Tanto la dirección del PPD como los congresistas Nydia Velázquez, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, y Luis Gutiérrez han solicitado un cambio de dirección en la oficina de San Juan de la fiscalía federal
Los nombramientos anunciados ayer por Obama recayeron en Preet Bharara (sur de Nueva York), un consejero legal del senador demócrata Charles Schumer; Tristam Coffin (Vermont); Jenny Durkan (oeste de Washington); Paul Fishman (Nueva Jersey); John Paul Kavacas (Nuevo Hampshire); y Joyce Vance (norte de Alabama).
“Este es un grupo de hombres y mujeres que se han distinguido por ser abogados justos, tenaces y de gran respeto”, indicó Obama.
Enfoque en el Supremo
Prats sostuvo que la Casa Blanca ha dejado entrever que centra su atención en este momento en el que puede ser su nombramiento más importante de este cuatrienio: el sustituto o sustituta del juez David Souter en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Tan pronto llegó a Justicia, el secretario Eric Holder solicitó a la fiscal Rodríguez y otros jefes de fiscalías de distrito que continuaran en sus puestos, en lo que ordenaba su oficina.
Rodríguez, nombrada por Justicia en 2007 después de quedar detenido su nombramiento por el entonces presidente George W. Bush, ya ha reconocido que puede tener que regresar a un puesto de carrera en la fiscalía federal si, como se espera, Obama le sustituye en las próximas semanas o meses.
El nombramiento del próximo jefe(a) de la fiscalía federal puede ser el principal enfrentamiento entre estadistas y estadolibristas en el área de los nombramientos federales. El comisionado residente Pedro Pierluisi ha indicado que como único funcionario electo de Puerto Rico a nivel federal espera ser consultado por el gobierno de Obama.
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''Agilización de Permisos para los grandes intéreses y destruir a Puerto Rico''.
La agilización de los permisos en agenda
Cámara y Senado harán vistas esta misma semana
Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com
LA REeSTRUCTURACIÓN del proceso de evaluar y otorgar permisos en Puerto Rico será el próximo proyecto importante de administración que pasará a discusión legislativa.
En comunicados de prensa separados, tanto la Cámara como el Senado anunciaron para esta semana vistas públicas en torno a ese proyecto, que eliminaría la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y crearía la Oficina de Gerencia de Permisos y Endosos (OGPE).
“Nos urge aprobarlo (el PC 1649), ya que es una de las estrategias de administración que a corto plazo servirá de dínamo para nuestra economía”, indicó en un parte escrito el representante José Chico, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara.
En este cuerpo, las vistas que se celebrarán en el salón María Luisa Arcelay iniciarán hoy a las 9:30 a.m. y continuarán mañana, el martes y el miércoles.
Para hoy están citados el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y ARPE.
En el Senado, donde el proyecto a evaluar es el 880, el proceso de vistas iniciaría el martes a las 9:00 a.m., según informó en otro parte escrito la senadora Norma Burgos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación del cuerpo.
El primer deponente será el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales.
Las medidas, además de crear la OGPE, darían paso a la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP), la cual estaría a cargo de que se cumplan las leyes y reglamentos de la OGPE.
La OGPE evaluaría y expediría todo tipo de permisos en Puerto Rico, por lo que los trámites se centralizarían en una sola dependencia.
Con la propuesta, la administración del gobernador Luis Fortuño pretende que la mayoría de los permisos que otorga el Gobierno se expidan en un máximo de 90 días.
Actualizado hace 9 horas · Comentar · Me gustaYa no me gustaTe gusta esto.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 13:47 del 17 de mayo
Lo unico que,quiere es Lui G.Fortuño Burste y Pedro Pierluisi es destruir a Puerto Rico con la Agilizacción de Permisos para los grandes Intéreses.
Eso es lo que,quiere hacer este gobierno nefasto del Partido Nuevo Progresista sembrar a Puerto Rico de cemento''.
Asi que se activen los ambientalistas para que defiendan su ambiente mi ambiente.
COMENTARIO:
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 13:48 del 17 de mayo
Ustedes saben esto es regalar los permisos en tres meses.Porqué quieren eliminar a ARPE cuál es la razón esto cada dia que pasa huele mal''.
Esto es parte del CAREFF DE las Propuestas nefastas que destruiran y hundiran a Puerto Rico.
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El Fortuñito no que iba a bajar todos los costos. Ahora tendremos que pagar el doble por un simple certificado de nacimiento. Apuntalo por ahi, Querias Fortuño, toma Fortuño
SAN JUAN — El Departamento de Salud podría comenzar a cobrar hasta un 100% más por las actas de nacimiento, defunción y matrimonios, así como por licencias, exámenes de reválida, inspecciones, permisos y certificaciones.
Ello, si se aprueba un nuevo reglamento de Salud cuyo borrador será llevado a vistas públicas el jueves.
“El propósito de este reglamento es establecer las sumas de dinero a ser cobradas por el Departamento de Salud por concepto de endosos, inspecciones, certificaciones (incluyendo las que expide el Registro Demográfico) y permisos, entre otros”, señala un aviso de reglamentación y vista pública publicado en la página electrónica del Departamento de Salud.
Un certificado de nacimiento, matrimonio, defunción o natimuerto, por ejemplo, cuesta cinco dólares en la actualidad, pero si se aprueba el nuevo reglamento, los ciudadanos tendrán que pagar el doble —10 dólares.
La información se hace pública el mismo día en que se confirma la destitución de Sandra Valentín, ex directora del Registro de la Propiedad, por proponer un aumento en los cargos que cobra esa dependencia por sus servicios.
Al anunciar ese despido, el gobernador Luis Fortuño dijo que el pueblo no aguanta un aumento más, mientras que el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, destacó que su subordinada no había consultado la propuesta de aumento ni con él ni con el Primer Ejecutivo.
El nuevo reglamento también busca “establecer un mecanismo para la recuperación de costos y gastos incurridos por el Departamento de Salud relativos a la inspección y clausura de estructuras”.
La Unión General de Trabajadores (UGT) catalogó de “atropello” el reglamento.
“Este sindicato mantendrá su voz de alerta ante este atropello en la medida en que impacte el bolsillo del pueblo y de los empleados gubernamentales”, sostuvo la UGT en un comunicado.
El nuevo reglamento también propone aumentar los cargos por los exámenes de reválida, las licencias y las certificaciones para los profesionales de la salud, incluyendo a los naturópatas, quiroprácticos y terapeutas del masaje.
Asimismo, sugiere elevar los importes por los servicios e inspecciones de Salud Ambiental a hoteles, restaurantes, hospitales, funerarias y hasta embotelladores de agua, entre muchos otros.
La vista pública del jueves está pautada para las 10:00 a.m. en el salón Guillermo Arbona del Departamento de Salud en Río Piedras.
Más contratos para Rodríguez
Suben a $114,000 los acuerdos del ex presidente del Senado con la Legislatura
Rodríguez tiene también un contrato de asesoría con el senador Antonio Soto en la Comisión de Comercio y Cooperativismo.
Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com
El bufete que dirige el ex presidente del Senado, Charlie Rodríguez, mantiene contratos ascendentes a $114,000, hasta el 30 de junio con diferentes dependencias de la Legislatura.
El más reciente lo firmó el 19 de marzo con el senador Antonio “El Chuchin” Soto, a quien asesora en la Comisión de Comercio y Cooperativismo.
Rodríguez indicó que una abogada de su bufete está trabajando con el proyecto que deroga la Ley de Cierre, que está siendo atendida en la comisión del senador novato por Guayama.
El acuerdo con Soto le lleva a ganar $12,000 hasta el 30 de junio a razón de 96 horas a una paga de $125 la hora.
Rodríguez mantiene desde el pasado cuatrienio un contrato con la Superintendencia del Capitolio. El acuerdo por 240 horas, a razón de $125 la hora, le compromete a representar esta dependencia de la Legislatura redactando opiniones legales, consultas y representando a esta oficina en los tribunales.
El otro contrato de Rodríguez es el más jugoso y lo firmó con la Presidencia del Senado en enero. Totaliza $72,000 por 480 horas mensuales de trabajo pagadas a $150 la hora.
En el contrato se dispone que representará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ante agencias gubernamentales o federales y organizaciones como la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y el Concilio de Gobierno Estatales.
Rodríguez viajó con Rivera Schatz este fin de semana a Washington para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y para la Conferencia Nacional de Legisladores Hispanos.
Rodríguez defendió los contratos, indicando son manejados por varios empleados de su bufete.
“Tengo basta experiencia en el área de legislación.
Rodríguez forma parte de una larga lista de ex políticos o políticos derrotados que con contratos legislativos.
100 días de la Administración Fortuño, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) explica los detalles de la ley más abarcadora hasta ahora de esta administración, la Ley 7, también conocida como la Ley de Emergencia Fiscal.
Hasta ahora se ha discutido el aspecto de las cesantías de empleados públicos pero, cuál es el detalle de ese plan, qué visión refleja la propuesta de nuevos impuestos, qué precedente legal preocupante contiene, y qué poderes nuevos le da al Secretario de Hacienda en materia de financiamiento público, son algunos de los ángulos adicionales que explora el CPI.
Todo esto en www.cpipr.org
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100 días y 1 ley: El plumazo más pesado de la Administración Fortuño
Centro de Periodismo Investigativo
Escrito por Oscar Serrano
Lunes 13 de Abril de 209
Con un trámite total de cuatro días laborables y una sola vista exclusivamente con funcionarios del Ejecutivo el gobernador Luis Fortuño convirtió en ley un proyecto de 100 páginas que reta el orden constitucional otorgándole poderes prácticamente absolutos al Ejecutivo destripa décadas de acuerdos laborales en el sector público impone contribuciones a los individuos de hasta el doble de lo que se paga ahora y suspende las salvaguardas en la capacidad del Gobierno de pedir prestado.
La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 oficialmente propone acción en sólo tres áreas principales: impuestos, nómina gubernamental y financiamiento. Sin embargo impacta 13 leyes y tiene ramificaciones que todavía están descubriéndose.
En las tres áreas hay disposiciones temporeras (hasta el 2012) y hay otras que son permanentes. La base de todo es liquidar el déficit de $3,200 millones que dice la Administración que hay en las arcas públicas así que la eliminación o extensión de las medidas "temporeras" va a depender del cumplimiento de esa meta. Pero ¿quién va a decir si la meta se ha cumplido? El propio Gobierno.
¿Y cuáles son las posibilidades de éxito de lo que el Gobernador ha llamado "medicina amarga"?
Los únicos puntos de comparación que provee la nueva administración son las crisis de Nueva York en la década de los 70 y la de Washington DC en 1995. En Nueva York tardaron siete años en eliminar un déficit de $1000 millones. En DC tardaron dos años en eliminar uno de $401 millones. La Ley 7 propone eliminar un déficit de $3200 millones en cuatro años.
Hasta ahora la ley oficialmente llamada Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal conocida en inglés como OPERA se conoce por el plan de cesantías que impone para el sector público. Pero ¿qué más provee y por qué ha provocado preocupación en los que se han ido enterando poco a poco de sus disposiciones?
El Centro de Periodismo Investigativo examinó la ley los argumentos de oposición, estadísticas federales y los documentos financieros que ha publicado la Administración Fortuño para el siguiente resumen de un estatuto que afecta a empleados públicos, comerciantes, dueños de propiedades, municipios, corporaciones, contribuyentes, y que tomada como un todo representa el remezón más abarcador que estado o territorio alguno está sufriendo en la presente crisis:
Malabarismo constitucional
Da poder casi absoluto al Ejecutivo
Limita las acciones de los tribunales
Inmuniza al Gobierno contra reclamaciones laborales
En su exposición de motivos la Ley 7 dice que está basada en la facultad constitucional de la Legislatura para aprobar leyes en casos de grave emergencia en los que estén en peligro la salud, la seguridad pública y los servicios esenciales. Este argumento era necesario para justificar hacer algo que la propia Constitución prohíbe: suspender contratos, dejar sin efecto todos los convenios colectivos y los demás arreglos laborales que el Gobierno ha hecho con los empleados públicos durante las últimas décadas.
La Administración de esta forma utiliza una sola ley para hacer tres cosas a la vez: decretar una emergencia con visos de gravedad, decir que eso le da poder constitucional para legislar y decretar la suspensión de sus compromisos contractuales laborales por dos años.
Para fundamentar la emergencia colocan el punto de partida de la crisis en 2006 a pesar de que los economistas coinciden en que la situación actual es el resultado de décadas de malas decisiones y dicen que la crisis se debe en parte a que la Junta de Planificación (JP) publicó indicadores económicos inflados.
Sin embargo son las estadísticas de esa misma JP de credibilidad cuestionada las que Fortuño tendría que usar en su momento para certificar el fin de la crisis y es con esos números que bancos financieros como UBS Financial donde es vicepresidente el hermano del Fortuño han suscrito emisiones multimillonarias de bonos gubernamentales. Estos bonos se exponen a perder hasta la mitad de su valor si el crédito de la Isla es degradado lo cual se presenta como otra justificación para la ley.
Recientemente el director de Desarrollo de Política del Centro para la Nueva Economía Sergio Marxuach señaló que este despliegue de poder puede ser contraproducente para el ambiente de inversión en la Isla porque puede abrir la puerta a que una administración futura por ejemplo deje sin efecto un contrato de Alianza Público Privada usando el mismo argumento de emergencia grave.
"Estamos de acuerdo en que Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal pero estamos preocupados por los precedentes que está sentando la administración actual"indicó en una columna para el periódico PR Daily Sun.
En caso de que esto fuera retado en los tribunales la propia ley dice que cualquiera de las partes puede pedirle al Tribunal Supremo que vea el caso sin pasar por ninguno de los tribunales inferiores. Supremo al que acaban de integrarse tres nuevos jueces asociados nombrados por Fortuño formando un bloque mayoritario estadista.
Esta no es la única parte en que la ley se anticipa a posibles pleitos. Más importante para las decenas de miles de empleados públicos que se afectan con el estatuto es que se decreta que ninguno de los actos que contiene o ninguna de las acciones que el Gobierno pueda tomar en el futuro basándose en el estatuto puede ser declarado una práctica ilícita. De esta manera la ley incluso le prohíbe a un tribunal o a cualquier otro ente cuasi-judicial resolver que algún acto gubernamental basado en ella constituye una práctica ilícita. El efecto práctico es que aún en la eventualidad de que un empleado pueda llevar un reclamo legal al tribunal se le ata las manos sobre cuál puede ser su decisión.
"Va a haber una especie de inmunidad patronal por fíat legislativo" resumió el profesor del Instituto de Relaciones Laborales José Añeses.
Impuestos
Los individuos enfrentan impuestos permanentes y las corporaciones temporeros
Por lo menos duplica impuesto a la propiedad
Descarta la efectividad de la fiscalización en Hacienda
Se supone queen cuanto a impuestos "el impacto sobre nuestra clase media y nuestras clases de escasos recursos debe ser el menor posible" según la exposición de la ley. Sin embargo las proyecciones de recaudos apuntan a que se espera sacar más de los individuos que de las corporaciones. La proyección según una presentación en inglés disponible en www.buengobiernopr.com es que aproximadamente el 56 por ciento de lo recaudado vendrá de individuos y 23 por ciento vendrá de corporaciones que también serán las primeras en zafarse del apretón.
De las seis medidas tributarias permanentes que incluye la Ley 7 cuatro afectan a individuos. Mientras de las siete medidas temporeras cinco son para corporaciones. Entre las permanentes afectan a los individuos la reformulación del impuesto alternativo mínimo las enmiendas al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para tener mayor captación y los impuestos a cigarrillos, cerveza y vino. No incluimos el arbitrio a los vehículos de motor (que ahora va a aplicar a motoras y 'scooters') por entender que eso afecta también a corporaciones.
Entre las temporeras al individuo le afectan aumentos directos en las tasas contributivas y la virtual duplicación del impuesto de la propiedad que de hecho es el renglón de donde más el Gobierno espera sacar con al menos $230 millones anuales. En tanto a las corporaciones les aplica temporalmente la reformulación del impuesto alternativo mínimo, una tasa general especial y tasas especiales a las cooperativas, las entidades bancarias extranjeras y la moratoria de los créditos contributivos.
Mientras que en los individuos se hace distinción en cuanto a nivel de ingresos por lo que algunas medidas sólo aplican a los que ganen más de $100,000 en las corporaciones no se hace distinción por lo que aplican igual a las multinacionales con miles de millones en ingresos que a las pequeñas empresas con una fracción de esos ingresos.
La presentación en inglés añade queen términos generales la estrategia de la Ley 7 para atajar el déficit responde 70 por ciento a reducción de gastos, 20 por ciento a nuevos impuestos y sólo 10 por ciento a la fiscalización. De entrada el Gobierno está descartando que el dinero aparezca porque el Departamento de Hacienda sea más eficiente y en vez apuesta a nuevos impuestos y reducción de gastos o sea reducción de nómina.
La presentación que incluye las proyecciones que la ley no incluye, dice que donde menos ha fallado la recaudación es en los impuestos a los individuos y que los que están cuesta abajo son los recaudos a las corporaciones. No se dice nada de cuánto se cobrará por la deuda acumulada en Hacienda que en su mayoría proviene de los patronos y corporaciones.
La Ley 7 es tan abarcadora y su trámite fue tan acelerado que ya el Departamento de Hacienda tuvo que posponer lo relativo a los impuestos de cigarrillo, cerveza, vino, motoras “scooters” (que comenzarán en mayo) y la conversión de la exención del IVU para comerciantes en un crédito (que comenzará en junio), por presiones del sector empresarial.
A pesar de manifestaciones del sector sindical sin embargo las medidas laborales siguen en pie y los empleados públicos tienen hasta el 27 de abril menos de dos meses después de firmada la ley para decidir si se van voluntariamente o involuntariamente.
Empleados públicos
Suspensión inmediata de beneficios
Reducción de jornada permanente
Deja al empleado sin protección legal y a merced de lo que el Gobierno decida
La Ley 7 somete un plan escalonado de reducción de gastos mediante cesantías voluntarias e involuntarias hasta que se logre una reducción de gastos en el Gobierno pero no menciona en ningún lugar un número concreto de empleados en la nómina gubernamental ni el ahorro promedio por cada cesantía por lo que el tamaño del supuesto problema no está claro. Lo que está claro es que se espera que el 49 por ciento de los gastos gubernamentales (la proporción que está definida como nómina) produzca el 70 por ciento de los ahorros bajo el plan de la Ley 7.
A pesar de su promesa de campaña de no botar empleados el propio Fortuño indicó en el mensaje televisivo en el que anunció la Ley 7 que como está planteado el problema la meta de recortar el déficit va a requerir dejar fuera a más de los 30,000 empleados proyectados inicialmente.
Para partir de bases objetivas el CPI consultó las estadísticas de empleo del Departamento del Trabajo federal. Bajo "empleados del gobierno estatal" encontramos que tenían a unas 236,400 personas en 1990 (el año más remoto disponible) y a unas 218,100 en enero de 2009 para una reducción neta de casi ocho por ciento.
Visto de administración en administración la Administración Rosselló comenzó en enero de 1992 con 231,700 y acabó en diciembre de 2000 con 207,200 para una reducción de 11 por ciento. Entremedio llego a tener 334,100 empleados en nómina. La Administración Calderón comenzó con 207,700 y terminó con 234,400 para un aumento de casi 13 por ciento con 245,400 como punto pico. La Administración Acevedo Vilá comenzó con 225,300 y terminó con 224,800 para una reducción de 0.22 por ciento y un punto pico de 236,100.
La reducción de al menos 30,000 posiciones que propone la Administración Fortuño llevaría el empleo gubernamental a niveles por mucho más bajos que los registrados en Trabajo Federal desde 1990 y el único freno que pone la Ley 7 es la certificación de ahorro que haga el propio Gobierno.
Pero la Ley 7 no sólo incluye un plan escalonado de reducción de empleados sino una estrategia permanente de transformación de las condiciones de empleo de los que se queden en la nómina pública que echa para atrás décadas de negociaciones y compromisos laborales.
Para la abogada laboral Genoveva Valentín Soto el resultado neto de la Ley 7 es abaratar al empleado público de manera que sirva para viabilizar la entrada del sector privado en las operaciones públicas mediante el esquema de Alianzas Público Privadas que están pendiente de aprobación. Si el proyecto de las alianzas es aprobado en la forma en que está presentadoel Banco Gubernamental de Fomento (BGF) estará encargado de ambas cosas: el plan de cesantías y la concesión de los contratos de alianza.
Contrario a lo que se ha conocido hasta ahora la suspensión de beneficios por dos años comenzó con la aprobación de la ley y no depende de las cesantías que serán implantadas sin consulta o mediación de las uniones.
El resultado es que aunque un empleado público sobreviva las cesantías estará afectado por la suspensión de 27 áreas de beneficio que incluyen: los aumentos, las liquidaciones monetarias de licencias, los diferenciales, las vacaciones o días libres con paga sin cargo a licenciasbeneficios marginales, planes de adiestramiento, becas, licencias con sueldo, pagos de matrícula, bonificaciones, aumentos en bonos de Navidad y Verano, aumentos en aportaciones patronales a planes de salud y el pago de días libres por cumpleaños o emergencias familiares.
Además queda sin efecto todo compromiso del Gobierno no importa de qué forma esté expresado que tenga que ver con la antigüedad como criterio para movimientos del empleado, las prohibiciones de subcontratación, las prohibiciones o regulaciones de asignación de tareas, los procedimientos de resolución de controversias que estén en conflicto con la Ley 7 (la cual sólo admite las relativas relativas a la determinación de antigüedad), las relativas a las limitaciones de la gerencia, los planes de clasificación y retribuciónlas que obligan al patrono a cumplir con lo acordado y los reingresos y adopción de registro de elegibles. Es decir, con esta ley el Gobierno se releva de cumplir con cualquier asunto laboral que hayan pactado en las últimas décadas. De momento ya lo contratos que hicieron no valen.
Los convenios colectivos que hayan vencido o que venzan durante los próximos dos años no serán extendidos ni negociados. Ante esto la administración propone unas alternativas a los empleados públicos pero vienen con sus trampas.
El empleado puede acogerse a una reducción de jornada (y de salario), pero eso no lo inmuniza a la cesantía si se determinara necesario y, si sobrevive la crisis, de todos modos su reducción durará el resto de su vida productiva con la correspondiente reducción en salario y retiro.
Puede acogerse a una cesantía pero al hacerlo estaría relevando al Gobierno de cualquier reclamación que tenga pendiente así que si por ejemplo un empleado estaba peleando una reclasificación que le representaría miles de dólares en salario dejado de devengar, la estaría abandonando si suscribe un acuerdo de cesantía voluntaria.
Al acogerse a la cesantía voluntaria o involuntaria el empleado tiene cuatro opciones de ayuda gubernamental incluyendo subvención de parte de su nuevo empleo en el sector privado (si encuentra) o aportación para cursos de readiestramiento pero ese dinero no pasaría por sus manos sino que iría directamente a las entidades correspondientes. El empleado que opte por una de las cuatro alternativas renuncia a poder optar por alguna de las otras tres.
Financiamiento público
Secretario de Hacienda queda facultado para más embrollo en peores condiciones
Cambia las reglas de juego para municipios
Siguen ordeñando el IVU
La clasificación crediticia del Gobierno está en el borde. Un nivel adicional de degradación lo colocaría a nivel de chatarra lo cual ha sido descrito como catastrófico y con consecuencias como las siguientes: habría que buscar cientos de millones en efectivo para redimirle los bonos a inversionistas a los que se les tiene prohibido tener dinero en bonos chatarra, habría que buscar efectivo adicional para ofrecerlo como colateral a los que se queden, tomar prestado se convertiría en una opción excesivamente cara y cerca de la mitad del valor de los $10,039 millones de bonos en manos de inversionistas locales (individuos, entidades y bancos) se perdería.
En efecto la totalidad de la Ley 7 está justificada con el argumento de evitar este escenario aunque las casas evaluadoras de crédito ya han tomado la medida drástica de por primera vez en su historia decir que todos los créditos gubernamentales en Estados Unidos están en riesgo de degradación.
En cuanto a financiamiento una de las medidas más radicales que incluye la Ley 7 es que le da la facultad al Secretario de Hacienda a autorizar el refinanciamiento de la deuda del Gobierno aunque los términos de ese refinanciamiento sean peores que los términos originales. Si se tratara de una casa esta ley permite que por ejemplo se refinancie la hipoteca por $500,000 a un interés más alto aunque lo que quede para saldar la hipoteca sean $100,000 a un interés más bajo.
Esto es así porque el propósito de la Ley 7 no es que el Secretario consiga mejores términos de refinanciamiento sino que consiga posponer el pago de la deuda a la misma vez que una inyección de dinero en efectivo. Al así disponerlo la Ley 7 está dejando sin efecto una ley anterior que específicamente requiere que el Secretario certifique que los términos del nuevo préstamo son más favorables que los términos del viejo préstamo.
El peligro es que ya, entre emisiones y refinanciamiento cada puertorriqueño "debe" en deuda pública unos $6,812 o casi el doble que el estado cuyos ciudadanos más deben. Cada emisión nueva de deuda agrava esta situación y más aún si se hace en términos desfavorables.
La ley también autoriza emisión de bonos para la Autoridad de Edificios Públicos, le añade 0.75 por ciento a la porción del IVU destinada al fondo contra el cual el Gobierno ha estado cogiendo prestado (y que resulta ser el fondo gubernamental con la mejor clasificación crediticia) y trastoca un poco la forma en que los municipios van a poder tomar prestado del BGF.
Además crea una nueva emisión de $20 millones para que el ciudadano que quiera pueda invertir al 6 por ciento. Esta emisión sólo se emitirá en Puerto Rico y en un giro llamativo los recaudos se van a usar para financiar el programa de asistencia para empleados desplazados.
Pero en términos de financiamiento una de las medidas más controvertibles y discutidas hasta ahora es la disposición de que las entidades gubernamentales que obtienen su presupuesto a base de una fórmula, principalmente la Universidad de Puerto Rico, y el Poder Judicial no van a poder beneficiarse en un solo $1 con los nuevos recaudos porque esos nuevos recaudos y cualquier otro dinero que se genere bajo la Ley 7 no se va a incluir en el cálculo de la fórmula. Es decir, la universidad y los tribunales van a seguir recibiendo lo que recibieron en el último presupuesto no importa cuánto aumente el Fondo General.
Dominan los despidos
El tema no falta en la evaluación
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
Con un poco de timidez, pero ávidos de dar su opinión, decenas de ciudadanos de distintos pueblos evaluaron la gestión del primer ejecutivo, Luis Fortuño, con motivo de sus primeros 100 días de gobierno.
La mayoría, con sonrisas nerviosas y el gesticular característico de los puertorriqueños, aludió al alza en el costo de la vida y al despido de miles de empleados públicos durante su evaluación.
Sentada en un banco de cemento de la plaza de Caguas, Serafina López leía el periódico relajada, pero su rostro se tornó severo al hablar sobre la gestión del Mandatario. Al preguntarle cuál es la fortaleza de Fortuño, contestó rápidamente “Sólo donde vive”. Al igual que a Serafina, a muchos pareció tomarles por sorpresa la pregunta y, tras pensar unos segundos, dijeron “ninguna”.
A juzgar por sus contestaciones, para otros la política parece no ser muy importante. Evelyn Adorno, quien vendía chicharrón “volao” en la plaza pública de la Ciudad Criolla, aclaró que no está al tanto de la gestión del gobernante.
Falto de gracia política Fortuño
Analistas dicen que no ha logrado una agenda de consenso
Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com
El gobernador Luis Fortuño ha comenzado su mandato enfrentando el problema de las finanzas públicas que otros gobiernos obviaron, pero no ha establecido una comunicación efectiva con el pueblo ni ha forjado su proyecto en consenso con amplios sectores sociales, según tres analistas sociales y políticos.
El director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Juan Marcano Medina; el profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, Leonardo Santana Rabell; y el abogado Domingo Emmanuelli evaluaron la forma en que Fortuño se ha desempeñado en su relación con las distintas fuerzas sociales y con la Legislatura en sus primeros 100 días de mandato.
“Aún no hay un sentido de esperanza y el Gobernador no lo ha podido establecer en la gente”, expresó Marcano. Sostuvo que la comunicación de Fortuño con el pueblo “es un área débil. Ha preferido mantener un bajo perfil, de poca presencia pública, aunque uno tampoco querría una presencia constante e insubstancial.
Para poder realizar sus proyectos con éxito Fortuño “tiene que estar ahí, ‘bandeándose’ con el pueblo para que la gente lo respalde y eso no es lo que está pasando”, agregó Marcano.
Aunque con distintos matices, los tres comentaristas coinciden en que el Mandatario, con su política de despidos de empleados públicos, entre otras, no ha establecido consenso con los distintos sectores sociales.
El Gobernador en estos 100 días “ha preparado el terreno para grandes conflictos en la arena pública en nuestro País, particularmente con los sindicatos y el tercer sector”, apuntó Marcano.
Emmanuelli, quien ha respaldado a Fortuño, dijo que “en su afán de resolver el problema económico tiene que dar más atención al contrato social que hizo con el pueblo porque son los pobres y la clase media los que le dieron el voto para que él los defendiera”. Agregó que las medidas de Fortuño son “sabias” como doctrina económica, pero “pueden estar lacerando demasiado, si se ponen en efecto los despidos, a la clase media y trabajadora”.
Sobre las relaciones con la Legislatura, el análisis se centró en la tensión política que se percibe entre el Gobernador y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Según Emmanueli, ambos “saben que tienen que cuidarse políticamente y Fortuño está midiendo cuidadosamente todos sus pasos”. “Todavía están marcando territorio; no hay lucha abierta (entre Fortuño y Rivera Schatz)”, apuntó.
$276,000 para el bufete de Ángel Cintrón
En seis contratos con el gobierno
Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com
En un periodo de menos de seis meses, el bufete del ex director de la campaña política del gobernador Luis Fortuño, Ángel Cintrón, podría ganar $246,000 por cinco contratos que mantiene con agencias gubernamentales y municipios, según detalla el registro cibernético de la Oficina del Contralor.
Esto, sin contar otro contrato por $30,000 que también tiene el bufete Cintrón & Laboy Attorneys at Law, con Toa Baja y cuya vigencia es hasta el 18 de marzo de 2010.
En total, los compromisos contractuales que, al momento, tiene el bufete de Cintrón y su socia, la ex administradora de Corrección, Zoé Laboy, le generarían ingresos ascendentes a $276,000.
Cintrón, quien a principios de año dijo que no tendría contratos con el Gobierno o la Legislatura, señaló ayer que sus contratos con las agencias o municipios se dieron no porque él ofreciera sus servicios sino por peticiones de éstos para atender litigios en curso.
“El 90% de nuestra oficina sigue siendo clientes privados... Prácticamente, (en el Gobierno) tenemos unas cuentas muy pequeñas, porque lo que estamos aceptando es ese pequeño litigio en los tribunales de demandas civiles”, explicó el ex representante, al negar que realice servicios de cabildeo.
El contrato de mayor cuantía que obtuvo su bufete con el Gobierno es con la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico. De acuerdo al registro del Contralor, por sus servicios legales podrían llegar a facturar hasta $110,000.
Ese convenio se le otorgó el 24 de febrero de 2009 y está vigente hasta el 30 de junio de este año.
Otro de los contratos que mantiene el bufete de Cintrón se lo otorgó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por la cantidad de $50,000. Ese acuerdo se firmó el 16 de marzo de 2009 y estará vigente hasta el 30 de junio de 2009, según establece el registro de contratos.
La Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles también contrató los servicios de Cintrón & Laboy el pasado 20 de febrero. La vigencia del acuerdo es hasta el 30 de junio de 2009 por una cuantía de $20,000.
Contratos con Toa Baja
Asimismo, el Alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, le extendió al bufete Cintrón & Laboy dos contratos, de $30,000 cada uno.
En los registros del Contralor aparece que uno de los contratos que mantiene el bufete con el municipio fue firmado el 16 de marzo de este año y tendrá vigencia hasta el 18 de marzo de 2010. Cintrón comentó que el mismo lo ganó mediante subasta y es para licitar fondos federales.
El otro contrato, que se estipuló el 15 de enero y estará vigente hasta el 30 de junio de 2009, es para atender litigios pendientes, añadió Cintrón.
Vega Borges, por su parte, detalló que “la compañía de Ángel Cintrón ha estado con nosotros mucho antes de dirigir la campaña de Luis Fortuño”.
Se le preguntó sobre la necesidad de contratar al ex legislador cuando tiene en nómina al ex presidente de la Palma, Leo Díaz Urbina. Ripostó que “los municipios tienen varios abogados y dependiendo lo que ellos trabajen, facturarán. Lo importante aquí no es que estén o no estén ligados a la política es que hagan su trabajo... La compañía de Cintrón hace su trabajo”.
Según el registro del Contralor, el contrato de Díaz Urbina, otorgado el 7 de enero y con vigencia hasta el 30 de junio de 2009, es de $90,000.
Por otro lado, el municipio de Toa Alta también contrató los servicios legales de Cintrón & Laboy. En el registro de contratos del Contralor aparece que el acuerdo es para brindar servicios del 23 de enero al 30 de junio de 2009 por un monto total de $36,000.
La nómina de sangre azul de Fortuño.
La nómina de la cúpula de La Fortaleza, incluyendo el gobernador PNP, sus 15 asesores, sus secretarios de la Gobernación, de Organización y Política Pública y de Prensa y el Principal Ejecutivo de Información, asciende hasta el momento a sobre dos millones de dólares anuales ($2,417,336.04).
No se incluye en esa cifra el salario de la Administradora de Fortaleza, quien está en destaque del Banco Gubernamental de Fomento. Su salario es de $145,932.00 dólares anuales ($12,161.00 mensuales) más un bono de $5,250.00, lo que elevaría su compensación total a $151,182 dólares.
Los salarios mensuales se desglosan de la siguiente manera:
1. Gobernador - Luis G. Fortuño Burset - $5,833.34
2. Secretario de la Gobernación - Juan Blanco Urrutia $11,466.00
3. Secretario de Política Pública - Alejandro Figueroa - $11,466.00
4. Administradora de la Fortaleza - Velmarie Berlingeri - Destaque BGF
5. Secretario de Prensa - Edward Zayas - $10,192.00
6. Ejecutivo de Información - Juan Rodríguez - $10,192.00
7. Gilberto Marxuach - Principal Asesor Legal - $11,466.00
8. Miguel Hernández Vivoni - Asuntos Legislativos - $10,192.00
9. José E. Meléndez - Asuntos Municipales - $10,192.00
10. José Otero - Desarrollo Económico - $10,192.00
11. Diego Loynaz - Asesor en Salud - $ 10,192.00
12. Ana Mayol - Asuntos federales y Política Nacional - $ 10,192.00
13. Cieni Rodríguez - Asesora en Calidad de Vida- $10,192.00
14. María Juanarena - Asesora en Educación, Cultura - $10,192.00
15. Juan Román- Gerencia Gubernamental- $10,192.00
16. Javier Varela- Justicia y Seguridad Pública- $10,192.00
17. Carlos Rentas - Planificación y Urbanismo- $10,192.00
18. José Valenzuela- Energía y Ambiente- $ 10,192.00
19. Aníbal Heredia - Fe y Base Comunitaria- $ 10,192.00
20. José Ortiz Valladares- Asuntos Públicos- $ 10,192.00
21. Maritere Brignoni- Nombramientos Judiciales- $ 10,192.00
Secretarios y directores de corporaciones.
En término de los secretarios de gobierno, directores de agencias y corporaciones públicas, los salarios más altos son también los de la AEE y la AAA, además de la del Banco Gubernamental de Fomento. Sus salarios están en los $170 mil anuales. En el caso de la AAA, su Director Ejecutivo recibe un diferencial adicional de $30,089.00.
De las 125 agencias del gobierno central, 31 de ellas pagan a sus Secretarios o Directores Ejecutivos sobre $100 mil anuales, cuatro de ellos con pagos adicionales de diferenciales. Otras 14 agencias les pagan entre $90 y $99 mil. Nueve están en el renglón de entre $80 y $84 mil. Veinticinco de ellas entre los $70 y $80 mil. Ocho entre los $64 y $70mil. Y sólo en tres agencias sus jefes reciben salarios menores de $60 mil. Unas 32 agencias tiene como su administrador, Secretario o Director a la misma persona. Ése es el caso de la Administración de Corrección y de Instituciones Juveniles, del de la Administración de los Sistemas de Retiro Central, y de quien se señala “fungirá como administrador de los Sistemas de Maestros”.
También el del Departamento de Rehabilitación Vocacional que lo administra el Secretario del Trabajo; el de la Administración de Servicios Generales cuyo administrador es el Presidente del BGF; el de Secretario de la Vivienda que a su vez es su Administrador; el de la Administración de Derecho al Trabajo que es a su vez el Secretario del Trabajo; el de la Autoridad de Carreteras que es a su vez el Secretario de la agencia; el de la Autoridad de Edificios Públicos que es el vicepresidente del BGF; el de la Autoridad del Centro de Convenciones que es el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo; del Financiamiento de Facilidades Industriales , Médicas y para el Control de Calidad Ambiental, que es a su vez el presidente del BGF; el de Parques Nacionales que es el Secretario de Recursos Naturales; y el de la Oficina de Recursos Humanos (ORHELA) que es el Secretario del Trabajo, entre otros. En estos casos no se da a conocer el salario que devengan.
El guiso de las dietas
En las 55 Juntas de Directores de Corporaciones Públicas las dietas fluctúan entre $50 y $600 por reunión. De las 300 personas que componen esas juntas hasta el momento, -ya que algunas aún no han sido nombradas,-sólo dos han renunciado a sus dietas: Carmen Ana Culpeper y el licenciado Manuel E. Sarmiento. Culpeper, como miembro de la Junta de la Corporación de las Artes Musicales, y Sarmiento, quien pertenece a dos juntas, la de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles de la que es presidente, y la de la Administración de Seguros de Salud en la que representa al “interés público”. Algunos miembros de esas juntas no reciben compensación económica y otros aún no se ha determinado si su compensación será de $50 o de $600.
Las dietas más altas las reciben los miembros de las juntas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ambas se componen de 12 miembros, que reciben $600 por reunión. La Compañía de Turismo y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones “no sometió la información”, por lo que se desconoce cuánto es la compensación de sus miembros en la actualidad.
Global
Información básica
Tipo: Interés común - Política
Descripción: Estos son los Padres de la destrucción del Puerto Rico actual.Todos los que creemos en que estos individuos son los culpables de todas las penas que estamos pasando en Puerto Rico por Thomas Rivera Shatz,Jenniffer Gonzales,Luis Fortuño Burseto y Pedro Pierluisi lo detestamos.
Por eso invita a tus amigo(as) a este grupo ......En este grupo estaremos despando la Olla de grillos que propulsan estos Líderes del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico.
Cual Conoces????
Senado otorga $3 millones en contratos
Claridad en la Nación
Perla Franco/Claridad
El Senado de Puerto Rico, -al igual que hizo la Cámara de Representantes, según revelamos en la edición 2923, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2009-, adjudicó en las primeras tres semanas de este año casi tres millones de dólares en contratos ($2,788,090.00) con vigencia hasta el 30 de junio del año fiscal en curso. Todo ello en medio de la alegada crisis fiscal que vive el país y ante el llamado a la moderación en los gastos que ha hecho el gobernador y presidente de la Conferencia Legislativa, Luis Fortuño; quien entre otras cosas recientemente lanzó la amenaza de despidos para más de 30 mil empleados públicos si no logra $2,000 millones en ahorros.
En los contratos del Senado registrados en la Oficina del Contralor, contrario a los de la Cámara, no aparece el número de incorporación de las compañías que contratan, excepto la de Agape Caterer, Inc. Pero al igual que en la Cámara, algunos de ellos fueron adjudicados a sólo días de haber sido incorporados en el Departamento de Estado.
Destaca entre los contratos, -los cuales detallamos a continuación-, los del abogado Rolando Silva, un ex legislador que se declaró culpable de utilizar su oficina legislativa para beneficio personal, lo que le costó el desaforo de su profesión; dos contratos adscritos a la oficina de la senadora Evelyn Vázquez Nieves; los otorgados a quienes investigan los nominados por el Gobernador; y los de algunos ex políticos venidos a menos porque no contaron con el favor de los electores , pero se quedaron en la Legislatura.
Examínelos usted mismo.
Detalle de los Contratos
Contratos de Consultoría Administrativa otorgados a Compañías:
Ramírez Carrión & Co. $60,000
Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Pero, en el contrato con el Senado aparece Eduardo Ramírez como su presidente. Su contrato es como consultor adscrito a la Oficina de Finanzas para funciones de “asistencia” a la oficina del Presidente senatorial en “asuntos relacionados con la autonomía fiscal”.
Closer Look Research Corp.
Presidente: Lucas Mattei Rodríguez. Dos contratos, $27,500. Según su expediente corporativo en el Departamento de Estado se trata de una corporación que se dedica a “investigación en educación y comunicaciones”. Su agente incorporador, además de Lucas Mattei, es Holvin Velázquez Santiago. Uno de los contratos está adscrito a la oficina de la senadora Margarita Nolasco, y el segundo a la del Senador Luis A. Berdiel Rivera. En ambos casos como asesor legislativo.
Estudios Técnicos, Inc.
Presidente: José J. Villamil. $25,000. Aunque en su expediente corporativo en el Departamento de Estado no aparece agente residente ni incorporador, es sabido que su presidente es JoaquínVillamil, quien además firma el contrato con el Senado. Está adscrita a la oficina de la senadora Norma Burgos como “Asesores en la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación”.
Jotase Group, ET ALS., Inc.
$22,980. Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Empero, en el contrato con el Senado aparece como su presidente Ramón L. Cruz Semprit. Está adscrita a la oficina del presidente Thomas Rivera Schatz. Fue contratada para investigar los nombramientos referidos por el gobernador Luis Fortuño al Senado. Las investigaciones incluirán informar al Presidente de las relaciones profesionales, antecedentes penales y jurídicos, relaciones familiares y con sus vecinos, económicas y de crédito, obrero patronales y otras, según detalla el contrato.
S & J Consulting, Inc.
Presidente: Jorge Ocasio Ramírez. $22,980. Incorporada en 12/23/2008, dos semanas antes de firmar un contrato con el Senado. Está adscrita a la oficina del presidente Rivera Schatz, como investigador para entrevistar a nominados que sean referidos al Senado por el gobernador.
Isla Encantada Photo Studio, Inc.
Presidente: José M. Raffuci Arroyo. $5,000. Fue registrada en el Departamento de Estado en 2/3/2009 para la “producción y diseño de fotografías digitales”. Seis días después firmó un contrato con el Senado para servir de “asesores de prensa” para la senadora Evelyn Vázquez Nieves.
Rexach & Rexach, Inc.
Presidente: Juan Rexach Urdaz. $2,000. Según el expediente corporativo en el Departamento de Estado el propósito de esa corporación es “cualquier negocio lícito por ley”. Tiene un contrato con el Senado adscrito a la oficina de la senadora Kimmy Raschke Martínez para “analizar, redactar e interpretar proyectos de ley” en la Comisión de Asuntos de Educación y de Familia.
Contratos de Consultoría Administrativa otorgados a individuos:
José Madera - $57,000
Brunilda Ortiz Rodríguez - $53,400
Oscar L. Ramos Meléndez - $48,000
Roger Iglesias Suárez - $48,000 (dos contratos)
Manuel I. Otero Martínez - $48,000
Marie I. Soler Agostini - $33,000
Arturo Castro Guerra - $30,000
Epifanio Jiménez Cruz - $30,000
Johny Colón González - $30,000
José Garriga Picó - $30,000 (dos contratos)
Félix J. Montañez Miranda - $28,000
Saúl Rodríguez Pabón - $27,690 (dos contratos)
José F. Collazo Pérez - $27,250
Leslie Rodríguez Correa - $25,920
Reinaldo Pirela Figueroa - $24,000
Samuel Álvarez Figueroa - $22,980
Vimary Andino Méndez - $22,500
Nicolás Nuñoz Muñoz - $20,000
Damaris Sifuentes Reyes - $20,000 (dos contratos)
Maria E. Fuentes Torres - $18,090
Carmen M. Neváres Catala - $18,000
Armando Batista Montañez - $18,000
Harry E. Negrón Judice - $18,000
Morayma Fuster Lamourt - $18,000
Osvaldo Pagán Martínez - $18,000
Miguel A.. Rosado López - $16,800
Omar De León Hernández - $16,500
Mónica D. Torres Marrero - $15,360
Antonio Meléndez Vargas - $15,000
Lizbeth Méndez Colón - $15,000
Lorraine Figueroa Acevedo - $15,000
Odete Piñeiro Caraballo - $12,500
Ilka Quiñones Santana - $12,060
Juan W. Howe Hernández - $12,000
Adolfo A. Rodríguez Burgos - $12,000
Antonio Silva Rivera - $12,000
Carla M. Santos Ortiz - $10,000
Edgardo Huertas Feliciano - $10,000
José L. Carrasquillo Santiago - $10,000
Ulises Vélez Colón - $10,000
Francis E. Ruiz Ramírez - $7,500
Carlos M. Cruz - $7,500
Carlos Martínez - $6,600
Ángel R. Matos - $6,000
Carmen Zavala Vázquez - $6,000
Esther M. Ortiz Ortiz - $6,000
Carlos A. Romero Delgado - $5,000
Miguel A. Dávila Pérez - $4,000
Mildred Cabello - $3,000
José A. Santiago Jiménez - $2,000
Manuel A. Matos Pacheco - $800
Contratos de Servicios Legales
Otorgados a bufetes
Legal Advisors P.C.S.
No aparecen en el Departamento de Estado los nombres del agente residente ni del agente incorporador aun cuando aparece registrada desde 1/7/2004. Sin embargo, en los contratos con el Senado aparece Luis F. Estrella Martínez como su presidente. Dos de los contratos están adscritos a la oficina del senador Lawrence Seilhamer Rodríguez, otro a la del senador Carlos Javier Torres Torres y otro a la Oficina de Asesores Legales del Presidente senatorial. $133,000 (cuatro contratos)
National Legal Advisors, LLP
Socio gestor: Charles A. Rodríguez. Tiene un contrato adscrito a la Oficina de Asesores del Presidente del Senado como asesor legal. $72,000
Aldarondo & López Bras, P.C.S.
Presidente: Eliezer Aldarondo Ortíz. Tiene un contrato con el Senado por $52,000 y otro con la Cámara de Representantes por $33,000 como representante legal de ambos cuerpos ante el Tribunal. $52,000
González Milán
Presidente: Edgar González Milán. Contrato adscrito a la oficina del Senador Carmelo Ríos Santiago como asesor legal. PSC $27,000
Consultores Legales Asociados
Presidente: Rolando Silva. Está registrada en el Departamento de Estado desde 2/27/1996. No aparece ni agente residente ni incorporador en el expediente corporativo. Sin embargo, en el contrato con el Senado aparece el ex legislador Rolando Silva como su presidente. El contrato está adscrito a la oficina de Asesores Legales de ese cuerpo para servir de “enlace entre Comisiones” y realizar “estudios e investigaciones”, para “estudiar y analizar”, “redactar e interpretar” proyectos de ley. Silva fue Senador bajo la administración del ex gobernador Pedro Rosselló y se declaró culpable de malversación de fondos públicos al utilizar su oficina en el Senado para beneficio personal. Por ello fue desaforado y posteriormente reinstalado al ejercicio de su profesión legal. $18,000.
Luis A. Gierbolini Law Offices, Inc.
El contrato que tiene con el Senado lo firma su presidente Luis A. Gierbolini y está adscrito a la oficina de la senadora Migdalia Padilla Alvelo en calidad de “asesor legal y financiero” de la Comisión de Hacienda. $18,000
HCM Legal Services CSP
Presidente Héctor Crespo Milián. Contrato adscrito a la oficina del senador José Luis Dalmau como asesor legal. $11,000.
Galarza Law Office, PSC
Presidente: José L. Galarza García. Contrato adscrito a la oficina del Senador José Luis Dalmau como asesor legal. $3,000
Otorgados a individuos
Luis Berríos Amadeo - $100,000 (dos contratos)
Gerardo Flores García - $54,000
Iveliz Morales Correa - $48,000
Marjorie Gierbolini Gierbolini - $36,000 (dos contratos)
Osvaldo R. González Avilés - $36,000
Héctor A. Morales Martínez - $32,500
Francisco Pérez Soto - $30,000
Luis F. Navas De León - $30,000
Gregorio Igartúa Arbona - $27,000
Gerardo A. Cruz Maldonado - $25,000
Carmen S. Curet Salim - $24,000
Jacqueline L. Cabán Montañez - $24,000
Rafael Rocher Valera - $24,000
Miguel A. Hernández - $21,150
Yamil M.. Caro Pérez - $20,000
Arnaldo Báez Genoval - $18,000
Carlos E. Pérez Acosta - $18,000
Juan M. Gaud Pacheco - $18,000
Miguel Trabal - $18,000
Mirsonia Osirio Velázquez - $18,000
Irlanda Ruiz Aguirre - $15,000
María A. González Cardona - $15,000
Raúl Santiago Pérez $12,000
Iván Crespo Arroyo $10,000
Ramón L. Figueroa Sánchez $10,000
Félix A. Colón Miró $7,500
Roberto L. Varela Muñiz $6,000
Digna Z. Matos Fort $5,000
Roberto J. Figueroa $2,000
Contratos para Servicios de Publicidad, Representación o Artísticos
Otorgados a compañías
EW Comunication, Inc.
$72,000 (dos contratos) Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Pero, en el contrato con el Senado aparece Wilfredo Ramos como su presidente. Tiene dos contratos adscritos a la oficina de Información Pública del Presidente del Senado en calidad de “asesor en Eventos Especiales”
Nazario Communications Group, Inc.
$63,000 (dos contratos) Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. Sin embargo, en el contrato con el Senado figura Wanda Nazario como su presidenta. Está adscrita a la Oficina de Información Pública del Presidente del Senado como “Asesora en Relaciones Públicas, Prensa y Comunicaciones”.
RCD International Advisory, Inc.
Presidente: Rafael Cerame D’Acosta. $34,000. Servicios legales Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. En la Oficina del Contralor aparece como un contrato de servicios legales. Tiene un contrato como asesor adscrito la Oficina del Presidente para redactar mensajes y discursos para el Senado, comunicados de prensa, analizar investigaciones legislativas y su proyección pública, coordinar actividades especiales, conferencias de prensa, asistir a las sesiones del Senado, asesorar al Presidente en la comunicación con alcaldes, secretarios, jefes y funcionarios de agencias, entidades privadas y organizaciones internacionales, según detalla el contrato.
Communicart Public and Media Corp.
$30,000 (dos contratos). Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. Sin embargo, en los contratos con el Senado firma Blanca Sáenz como su presidenta. Está adscrita como asesora de prensa a las oficinas de los senadores Kimmy Raschke y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez..
Mundo Relaciones Públicas, Inc.
$27,000 Como agente residente en su incorporación en el Departamento de Estado aparece Carlos Alexis Lugo Marrero. En el contrato con el Senado la representa Ileana Santiago Álvarez. El contrato está adscrito a la oficina de la senadora Margarita Nolasco para ofrecer servicios de relaciones públicas.
CHT Enterprises, Inc.
$24,000. Presidente: Charles Toledo Camacho. En sus papeles de incorporación en el Departamento de Estado no aparece la fecha de incorporación, ni el nombre del agente incorporador ni el del agente residente. El único movimiento en el expediente incorporativo es la petición de una prórroga para el informe del año 2007 solicitada el 3/4/2008. Se sabe que su presidente es Charles Toledo Camacho porque así aparece en el contrato con el Senado. Éste está adscrito a la Oficina de Información Pública del Presidente como asesor en comunicaciones, en asuntos de política pública, y para escribir discursos, entre otras.
Associated Press
$14,520. Un contrato.
Flako Musik, Inc.
$7,500. Está inscrita hace siete meses (6/30/2008) en el Departamento de Estado con el propósito de realizar “grabaciones audiovisuales, distribución de discos compactos, publicidad y artes gráficas”. Como su agente residente aparece Benjamín Sotomayor quien a su vez es el incorporador junto a Sheila Sotomayor Figueroa. Tienen un contrato para grabar audio y editar vídeos para la Oficina de la senadora Evelyn Vázquez Nieves.
JF Consulting Group, Inc. LLC
$7,500. Su presidente, según figura en el contrato con el Senado, es Jesús M. Ortiz González. El contrato está adscrito a la oficina del senador Eder E. Ortíz Ortíz para funciones de asesor en “comunicación y legislación”.
Otorgados a individuos
Peter Quiñones Feliciano - $30,120 (dos contratos)
Jesús M. Ortiz González - $27,000
Frances Rodríguez Torres - $18,000
Luis A. Cabán Jiménez $18,000
José Juan Tañón - $16,500
Melvyn González Vélez - $15,000
Debra Feliciano Ledey - $12,500
Samuel Ferrer Alicea - $12,000
Rossy Santiago Velázquez - $10,800
Francis E. Ruiz Ramírez - $7,500
Noticias recientes''PPD reclama destitución de Antonio Sagardía''Compartir
Jue 12:45 | Editar nota | Eliminar
PPD reclama destitución de Antonio Sagardía
La colectividad entiende que el abogado no debe continuar como Secretario de Justicia
Por Keila López Alicea
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, le solicitó hoy al gobernador Luis Fortuño la destitución del secretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía.
El reclamo surge tras el incidente que protagonizó Sagardía ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando tildó de “canalla”, “pichón de abogado” y “enano intelectual” al representante popular Luis Vega Ramos.
Ferrer anunció que el caucus popular en la Cámara de Representantes acordó presentar una querella por conflicto de intereses contra el titular de Justicia en la Oficina de Ética Gubernamental.
De acuerdo con el presidente del PPD, fue debido a la intervención de Sagardía que el Tribunal de Apelaciones permitió que se celebre un nuevo juicio contra un convicto de asesinato que es cliente de un amigo del funcionario.
“Eso fue un acto indebido del Secretario de Justicia como Secretario de Justicia. No es común que el Secretario de Justicia comparezca a un tribunal, eso quien lo hace es el Procurador (General)”, manifestó Ferrer en conferencia de prensa.
En el caucus que sostuvo la delegación de minoría también se acordó que votarán en contra de la medida para crear el marco legal de las Alianzas Público Privadas a menos que se cree un proyecto sustitutivo.
COMENTARIOS:
Actualizado el jueves · Comentar · Me gustaYa no me gustaTe gusta esto.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 12:48 del 14 de mayo
''QUE SE VALLA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA ESTE MALCRIADO ESTE INCOMPETENTE MALCRIADO Y ABUZADOR DE ANTONIO ZAGARDIA NP REPRESENTA LOS VALORES ETICOS Y MORALES DEL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO INRRESPETUOSO ZAGARDIA''.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 12:55 del 14 de mayo
''QUE ES LO QUE LE ESTA PASANDO A ZAGARDIA.DONDE ESTA EL CEREBRO DE MIME DE ZAGARDIA PARECE QUE LO QUE TIENE ES MOFONGO EN SU CEREBRO UNA PELOTA DE MOFONDO POR NO DECIR OTRA COSA''.
Frankie Rodriguez Napoleoni ha escrito a las 22:26 del 14 de mayo
MMMMMMMM...a ese Fortuno NO lo va a destituir porque es el POLITIQUERO mas activo que se destaca en su gabinete. Espero que en la oficina de etica ya hayan recibido la querella por su conducta anormal, poco comun y conflicitva contra los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
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Listo Obam@ para cambiar la Fiscalia Federal De Puerto Rico''Compartir
Ayer a las 21:22 | Editar nota | Eliminar
La jefatura en el distrito federal de San Juan está en la lista del Presidente.
Rosa Emilia Rodríguez, jefa interina de la Fiscalía federal en San Juan desde el 2007, reconoce que puede tener que regresar a un puesto de carrera si el presidente Barack Obama nombra a otra persona al cargo.
Por el nuevo dia
WASHINGTON – El presidente Barack Obama inició ayer el proceso de nombramiento de fiscales federales, el cual se espera llegue a Puerto Rico en algún momento de 2009.
Obama anunció la designación de nuevos jefes de la fiscalía federal en los distritos del sur de Nueva York, Vermont, el oeste del estado de Washington, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y el norte de Alabama.
En momentos en que comenzó a debatirse el futuro de la jefa de la Fiscalía federal, fuentes del Departamento de Justicia habían adelantado a El Nuevo Día que a partir de la primavera Obama iniciaría el proceso de nombramientos en más de medio centenar de fiscalías de distrito que tenían vacantes en sus puestos de liderato.
La Fiscalía federal de San Juan, cuya jefatura ocupa actualmente Rosa Emilia Rodríguez y que ha estado en medio de controversias constantes referentes al proceso judicial a que se enfrentó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá (absuelto de los cargos criminales en su contra el pasado 20 de marzo), figura en esa lista.
En la Casa Blanca “están conscientes de que el proceso ha ido muy lento”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Roberto Prats, quien participa este fin de semana en Richmond (Virginia) en una reunión del Comité Nacional Demócrata en la que ha conversado con funcionarios del gobierno de Obama sobre el proceso de nombramientos.
Prats indicó que en su momento los demócratas vinculados al Partido Popular Democrático (PPD) le presentarán candidatos específicos a la Casa Blanca que pueden sustituir a Rodríguez en la fiscalía federal de San Juan.
Tanto la dirección del PPD como los congresistas Nydia Velázquez, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, y Luis Gutiérrez han solicitado un cambio de dirección en la oficina de San Juan de la fiscalía federal
Los nombramientos anunciados ayer por Obama recayeron en Preet Bharara (sur de Nueva York), un consejero legal del senador demócrata Charles Schumer; Tristam Coffin (Vermont); Jenny Durkan (oeste de Washington); Paul Fishman (Nueva Jersey); John Paul Kavacas (Nuevo Hampshire); y Joyce Vance (norte de Alabama).
“Este es un grupo de hombres y mujeres que se han distinguido por ser abogados justos, tenaces y de gran respeto”, indicó Obama.
Enfoque en el Supremo
Prats sostuvo que la Casa Blanca ha dejado entrever que centra su atención en este momento en el que puede ser su nombramiento más importante de este cuatrienio: el sustituto o sustituta del juez David Souter en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Tan pronto llegó a Justicia, el secretario Eric Holder solicitó a la fiscal Rodríguez y otros jefes de fiscalías de distrito que continuaran en sus puestos, en lo que ordenaba su oficina.
Rodríguez, nombrada por Justicia en 2007 después de quedar detenido su nombramiento por el entonces presidente George W. Bush, ya ha reconocido que puede tener que regresar a un puesto de carrera en la fiscalía federal si, como se espera, Obama le sustituye en las próximas semanas o meses.
El nombramiento del próximo jefe(a) de la fiscalía federal puede ser el principal enfrentamiento entre estadistas y estadolibristas en el área de los nombramientos federales. El comisionado residente Pedro Pierluisi ha indicado que como único funcionario electo de Puerto Rico a nivel federal espera ser consultado por el gobierno de Obama.
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''Agilización de Permisos para los grandes intéreses y destruir a Puerto Rico''.
La agilización de los permisos en agenda
Cámara y Senado harán vistas esta misma semana
Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com
LA REeSTRUCTURACIÓN del proceso de evaluar y otorgar permisos en Puerto Rico será el próximo proyecto importante de administración que pasará a discusión legislativa.
En comunicados de prensa separados, tanto la Cámara como el Senado anunciaron para esta semana vistas públicas en torno a ese proyecto, que eliminaría la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y crearía la Oficina de Gerencia de Permisos y Endosos (OGPE).
“Nos urge aprobarlo (el PC 1649), ya que es una de las estrategias de administración que a corto plazo servirá de dínamo para nuestra economía”, indicó en un parte escrito el representante José Chico, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara.
En este cuerpo, las vistas que se celebrarán en el salón María Luisa Arcelay iniciarán hoy a las 9:30 a.m. y continuarán mañana, el martes y el miércoles.
Para hoy están citados el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y ARPE.
En el Senado, donde el proyecto a evaluar es el 880, el proceso de vistas iniciaría el martes a las 9:00 a.m., según informó en otro parte escrito la senadora Norma Burgos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación del cuerpo.
El primer deponente será el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales.
Las medidas, además de crear la OGPE, darían paso a la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP), la cual estaría a cargo de que se cumplan las leyes y reglamentos de la OGPE.
La OGPE evaluaría y expediría todo tipo de permisos en Puerto Rico, por lo que los trámites se centralizarían en una sola dependencia.
Con la propuesta, la administración del gobernador Luis Fortuño pretende que la mayoría de los permisos que otorga el Gobierno se expidan en un máximo de 90 días.
Actualizado hace 9 horas · Comentar · Me gustaYa no me gustaTe gusta esto.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 13:47 del 17 de mayo
Lo unico que,quiere es Lui G.Fortuño Burste y Pedro Pierluisi es destruir a Puerto Rico con la Agilizacción de Permisos para los grandes Intéreses.
Eso es lo que,quiere hacer este gobierno nefasto del Partido Nuevo Progresista sembrar a Puerto Rico de cemento''.
Asi que se activen los ambientalistas para que defiendan su ambiente mi ambiente.
COMENTARIO:
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 13:48 del 17 de mayo
Ustedes saben esto es regalar los permisos en tres meses.Porqué quieren eliminar a ARPE cuál es la razón esto cada dia que pasa huele mal''.
Esto es parte del CAREFF DE las Propuestas nefastas que destruiran y hundiran a Puerto Rico.
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El Fortuñito no que iba a bajar todos los costos. Ahora tendremos que pagar el doble por un simple certificado de nacimiento. Apuntalo por ahi, Querias Fortuño, toma Fortuño
SAN JUAN — El Departamento de Salud podría comenzar a cobrar hasta un 100% más por las actas de nacimiento, defunción y matrimonios, así como por licencias, exámenes de reválida, inspecciones, permisos y certificaciones.
Ello, si se aprueba un nuevo reglamento de Salud cuyo borrador será llevado a vistas públicas el jueves.
“El propósito de este reglamento es establecer las sumas de dinero a ser cobradas por el Departamento de Salud por concepto de endosos, inspecciones, certificaciones (incluyendo las que expide el Registro Demográfico) y permisos, entre otros”, señala un aviso de reglamentación y vista pública publicado en la página electrónica del Departamento de Salud.
Un certificado de nacimiento, matrimonio, defunción o natimuerto, por ejemplo, cuesta cinco dólares en la actualidad, pero si se aprueba el nuevo reglamento, los ciudadanos tendrán que pagar el doble —10 dólares.
La información se hace pública el mismo día en que se confirma la destitución de Sandra Valentín, ex directora del Registro de la Propiedad, por proponer un aumento en los cargos que cobra esa dependencia por sus servicios.
Al anunciar ese despido, el gobernador Luis Fortuño dijo que el pueblo no aguanta un aumento más, mientras que el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, destacó que su subordinada no había consultado la propuesta de aumento ni con él ni con el Primer Ejecutivo.
El nuevo reglamento también busca “establecer un mecanismo para la recuperación de costos y gastos incurridos por el Departamento de Salud relativos a la inspección y clausura de estructuras”.
La Unión General de Trabajadores (UGT) catalogó de “atropello” el reglamento.
“Este sindicato mantendrá su voz de alerta ante este atropello en la medida en que impacte el bolsillo del pueblo y de los empleados gubernamentales”, sostuvo la UGT en un comunicado.
El nuevo reglamento también propone aumentar los cargos por los exámenes de reválida, las licencias y las certificaciones para los profesionales de la salud, incluyendo a los naturópatas, quiroprácticos y terapeutas del masaje.
Asimismo, sugiere elevar los importes por los servicios e inspecciones de Salud Ambiental a hoteles, restaurantes, hospitales, funerarias y hasta embotelladores de agua, entre muchos otros.
La vista pública del jueves está pautada para las 10:00 a.m. en el salón Guillermo Arbona del Departamento de Salud en Río Piedras.
Más contratos para Rodríguez
Suben a $114,000 los acuerdos del ex presidente del Senado con la Legislatura
Rodríguez tiene también un contrato de asesoría con el senador Antonio Soto en la Comisión de Comercio y Cooperativismo.
Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com
El bufete que dirige el ex presidente del Senado, Charlie Rodríguez, mantiene contratos ascendentes a $114,000, hasta el 30 de junio con diferentes dependencias de la Legislatura.
El más reciente lo firmó el 19 de marzo con el senador Antonio “El Chuchin” Soto, a quien asesora en la Comisión de Comercio y Cooperativismo.
Rodríguez indicó que una abogada de su bufete está trabajando con el proyecto que deroga la Ley de Cierre, que está siendo atendida en la comisión del senador novato por Guayama.
El acuerdo con Soto le lleva a ganar $12,000 hasta el 30 de junio a razón de 96 horas a una paga de $125 la hora.
Rodríguez mantiene desde el pasado cuatrienio un contrato con la Superintendencia del Capitolio. El acuerdo por 240 horas, a razón de $125 la hora, le compromete a representar esta dependencia de la Legislatura redactando opiniones legales, consultas y representando a esta oficina en los tribunales.
El otro contrato de Rodríguez es el más jugoso y lo firmó con la Presidencia del Senado en enero. Totaliza $72,000 por 480 horas mensuales de trabajo pagadas a $150 la hora.
En el contrato se dispone que representará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ante agencias gubernamentales o federales y organizaciones como la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y el Concilio de Gobierno Estatales.
Rodríguez viajó con Rivera Schatz este fin de semana a Washington para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y para la Conferencia Nacional de Legisladores Hispanos.
Rodríguez defendió los contratos, indicando son manejados por varios empleados de su bufete.
“Tengo basta experiencia en el área de legislación.
Rodríguez forma parte de una larga lista de ex políticos o políticos derrotados que con contratos legislativos.
100 días de la Administración Fortuño, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) explica los detalles de la ley más abarcadora hasta ahora de esta administración, la Ley 7, también conocida como la Ley de Emergencia Fiscal.
Hasta ahora se ha discutido el aspecto de las cesantías de empleados públicos pero, cuál es el detalle de ese plan, qué visión refleja la propuesta de nuevos impuestos, qué precedente legal preocupante contiene, y qué poderes nuevos le da al Secretario de Hacienda en materia de financiamiento público, son algunos de los ángulos adicionales que explora el CPI.
Todo esto en www.cpipr.org
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100 días y 1 ley: El plumazo más pesado de la Administración Fortuño
Centro de Periodismo Investigativo
Escrito por Oscar Serrano
Lunes 13 de Abril de 209
Con un trámite total de cuatro días laborables y una sola vista exclusivamente con funcionarios del Ejecutivo el gobernador Luis Fortuño convirtió en ley un proyecto de 100 páginas que reta el orden constitucional otorgándole poderes prácticamente absolutos al Ejecutivo destripa décadas de acuerdos laborales en el sector público impone contribuciones a los individuos de hasta el doble de lo que se paga ahora y suspende las salvaguardas en la capacidad del Gobierno de pedir prestado.
La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 oficialmente propone acción en sólo tres áreas principales: impuestos, nómina gubernamental y financiamiento. Sin embargo impacta 13 leyes y tiene ramificaciones que todavía están descubriéndose.
En las tres áreas hay disposiciones temporeras (hasta el 2012) y hay otras que son permanentes. La base de todo es liquidar el déficit de $3,200 millones que dice la Administración que hay en las arcas públicas así que la eliminación o extensión de las medidas "temporeras" va a depender del cumplimiento de esa meta. Pero ¿quién va a decir si la meta se ha cumplido? El propio Gobierno.
¿Y cuáles son las posibilidades de éxito de lo que el Gobernador ha llamado "medicina amarga"?
Los únicos puntos de comparación que provee la nueva administración son las crisis de Nueva York en la década de los 70 y la de Washington DC en 1995. En Nueva York tardaron siete años en eliminar un déficit de $1000 millones. En DC tardaron dos años en eliminar uno de $401 millones. La Ley 7 propone eliminar un déficit de $3200 millones en cuatro años.
Hasta ahora la ley oficialmente llamada Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal conocida en inglés como OPERA se conoce por el plan de cesantías que impone para el sector público. Pero ¿qué más provee y por qué ha provocado preocupación en los que se han ido enterando poco a poco de sus disposiciones?
El Centro de Periodismo Investigativo examinó la ley los argumentos de oposición, estadísticas federales y los documentos financieros que ha publicado la Administración Fortuño para el siguiente resumen de un estatuto que afecta a empleados públicos, comerciantes, dueños de propiedades, municipios, corporaciones, contribuyentes, y que tomada como un todo representa el remezón más abarcador que estado o territorio alguno está sufriendo en la presente crisis:
Malabarismo constitucional
Da poder casi absoluto al Ejecutivo
Limita las acciones de los tribunales
Inmuniza al Gobierno contra reclamaciones laborales
En su exposición de motivos la Ley 7 dice que está basada en la facultad constitucional de la Legislatura para aprobar leyes en casos de grave emergencia en los que estén en peligro la salud, la seguridad pública y los servicios esenciales. Este argumento era necesario para justificar hacer algo que la propia Constitución prohíbe: suspender contratos, dejar sin efecto todos los convenios colectivos y los demás arreglos laborales que el Gobierno ha hecho con los empleados públicos durante las últimas décadas.
La Administración de esta forma utiliza una sola ley para hacer tres cosas a la vez: decretar una emergencia con visos de gravedad, decir que eso le da poder constitucional para legislar y decretar la suspensión de sus compromisos contractuales laborales por dos años.
Para fundamentar la emergencia colocan el punto de partida de la crisis en 2006 a pesar de que los economistas coinciden en que la situación actual es el resultado de décadas de malas decisiones y dicen que la crisis se debe en parte a que la Junta de Planificación (JP) publicó indicadores económicos inflados.
Sin embargo son las estadísticas de esa misma JP de credibilidad cuestionada las que Fortuño tendría que usar en su momento para certificar el fin de la crisis y es con esos números que bancos financieros como UBS Financial donde es vicepresidente el hermano del Fortuño han suscrito emisiones multimillonarias de bonos gubernamentales. Estos bonos se exponen a perder hasta la mitad de su valor si el crédito de la Isla es degradado lo cual se presenta como otra justificación para la ley.
Recientemente el director de Desarrollo de Política del Centro para la Nueva Economía Sergio Marxuach señaló que este despliegue de poder puede ser contraproducente para el ambiente de inversión en la Isla porque puede abrir la puerta a que una administración futura por ejemplo deje sin efecto un contrato de Alianza Público Privada usando el mismo argumento de emergencia grave.
"Estamos de acuerdo en que Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal pero estamos preocupados por los precedentes que está sentando la administración actual"indicó en una columna para el periódico PR Daily Sun.
En caso de que esto fuera retado en los tribunales la propia ley dice que cualquiera de las partes puede pedirle al Tribunal Supremo que vea el caso sin pasar por ninguno de los tribunales inferiores. Supremo al que acaban de integrarse tres nuevos jueces asociados nombrados por Fortuño formando un bloque mayoritario estadista.
Esta no es la única parte en que la ley se anticipa a posibles pleitos. Más importante para las decenas de miles de empleados públicos que se afectan con el estatuto es que se decreta que ninguno de los actos que contiene o ninguna de las acciones que el Gobierno pueda tomar en el futuro basándose en el estatuto puede ser declarado una práctica ilícita. De esta manera la ley incluso le prohíbe a un tribunal o a cualquier otro ente cuasi-judicial resolver que algún acto gubernamental basado en ella constituye una práctica ilícita. El efecto práctico es que aún en la eventualidad de que un empleado pueda llevar un reclamo legal al tribunal se le ata las manos sobre cuál puede ser su decisión.
"Va a haber una especie de inmunidad patronal por fíat legislativo" resumió el profesor del Instituto de Relaciones Laborales José Añeses.
Impuestos
Los individuos enfrentan impuestos permanentes y las corporaciones temporeros
Por lo menos duplica impuesto a la propiedad
Descarta la efectividad de la fiscalización en Hacienda
Se supone queen cuanto a impuestos "el impacto sobre nuestra clase media y nuestras clases de escasos recursos debe ser el menor posible" según la exposición de la ley. Sin embargo las proyecciones de recaudos apuntan a que se espera sacar más de los individuos que de las corporaciones. La proyección según una presentación en inglés disponible en www.buengobiernopr.com es que aproximadamente el 56 por ciento de lo recaudado vendrá de individuos y 23 por ciento vendrá de corporaciones que también serán las primeras en zafarse del apretón.
De las seis medidas tributarias permanentes que incluye la Ley 7 cuatro afectan a individuos. Mientras de las siete medidas temporeras cinco son para corporaciones. Entre las permanentes afectan a los individuos la reformulación del impuesto alternativo mínimo las enmiendas al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para tener mayor captación y los impuestos a cigarrillos, cerveza y vino. No incluimos el arbitrio a los vehículos de motor (que ahora va a aplicar a motoras y 'scooters') por entender que eso afecta también a corporaciones.
Entre las temporeras al individuo le afectan aumentos directos en las tasas contributivas y la virtual duplicación del impuesto de la propiedad que de hecho es el renglón de donde más el Gobierno espera sacar con al menos $230 millones anuales. En tanto a las corporaciones les aplica temporalmente la reformulación del impuesto alternativo mínimo, una tasa general especial y tasas especiales a las cooperativas, las entidades bancarias extranjeras y la moratoria de los créditos contributivos.
Mientras que en los individuos se hace distinción en cuanto a nivel de ingresos por lo que algunas medidas sólo aplican a los que ganen más de $100,000 en las corporaciones no se hace distinción por lo que aplican igual a las multinacionales con miles de millones en ingresos que a las pequeñas empresas con una fracción de esos ingresos.
La presentación en inglés añade queen términos generales la estrategia de la Ley 7 para atajar el déficit responde 70 por ciento a reducción de gastos, 20 por ciento a nuevos impuestos y sólo 10 por ciento a la fiscalización. De entrada el Gobierno está descartando que el dinero aparezca porque el Departamento de Hacienda sea más eficiente y en vez apuesta a nuevos impuestos y reducción de gastos o sea reducción de nómina.
La presentación que incluye las proyecciones que la ley no incluye, dice que donde menos ha fallado la recaudación es en los impuestos a los individuos y que los que están cuesta abajo son los recaudos a las corporaciones. No se dice nada de cuánto se cobrará por la deuda acumulada en Hacienda que en su mayoría proviene de los patronos y corporaciones.
La Ley 7 es tan abarcadora y su trámite fue tan acelerado que ya el Departamento de Hacienda tuvo que posponer lo relativo a los impuestos de cigarrillo, cerveza, vino, motoras “scooters” (que comenzarán en mayo) y la conversión de la exención del IVU para comerciantes en un crédito (que comenzará en junio), por presiones del sector empresarial.
A pesar de manifestaciones del sector sindical sin embargo las medidas laborales siguen en pie y los empleados públicos tienen hasta el 27 de abril menos de dos meses después de firmada la ley para decidir si se van voluntariamente o involuntariamente.
Empleados públicos
Suspensión inmediata de beneficios
Reducción de jornada permanente
Deja al empleado sin protección legal y a merced de lo que el Gobierno decida
La Ley 7 somete un plan escalonado de reducción de gastos mediante cesantías voluntarias e involuntarias hasta que se logre una reducción de gastos en el Gobierno pero no menciona en ningún lugar un número concreto de empleados en la nómina gubernamental ni el ahorro promedio por cada cesantía por lo que el tamaño del supuesto problema no está claro. Lo que está claro es que se espera que el 49 por ciento de los gastos gubernamentales (la proporción que está definida como nómina) produzca el 70 por ciento de los ahorros bajo el plan de la Ley 7.
A pesar de su promesa de campaña de no botar empleados el propio Fortuño indicó en el mensaje televisivo en el que anunció la Ley 7 que como está planteado el problema la meta de recortar el déficit va a requerir dejar fuera a más de los 30,000 empleados proyectados inicialmente.
Para partir de bases objetivas el CPI consultó las estadísticas de empleo del Departamento del Trabajo federal. Bajo "empleados del gobierno estatal" encontramos que tenían a unas 236,400 personas en 1990 (el año más remoto disponible) y a unas 218,100 en enero de 2009 para una reducción neta de casi ocho por ciento.
Visto de administración en administración la Administración Rosselló comenzó en enero de 1992 con 231,700 y acabó en diciembre de 2000 con 207,200 para una reducción de 11 por ciento. Entremedio llego a tener 334,100 empleados en nómina. La Administración Calderón comenzó con 207,700 y terminó con 234,400 para un aumento de casi 13 por ciento con 245,400 como punto pico. La Administración Acevedo Vilá comenzó con 225,300 y terminó con 224,800 para una reducción de 0.22 por ciento y un punto pico de 236,100.
La reducción de al menos 30,000 posiciones que propone la Administración Fortuño llevaría el empleo gubernamental a niveles por mucho más bajos que los registrados en Trabajo Federal desde 1990 y el único freno que pone la Ley 7 es la certificación de ahorro que haga el propio Gobierno.
Pero la Ley 7 no sólo incluye un plan escalonado de reducción de empleados sino una estrategia permanente de transformación de las condiciones de empleo de los que se queden en la nómina pública que echa para atrás décadas de negociaciones y compromisos laborales.
Para la abogada laboral Genoveva Valentín Soto el resultado neto de la Ley 7 es abaratar al empleado público de manera que sirva para viabilizar la entrada del sector privado en las operaciones públicas mediante el esquema de Alianzas Público Privadas que están pendiente de aprobación. Si el proyecto de las alianzas es aprobado en la forma en que está presentadoel Banco Gubernamental de Fomento (BGF) estará encargado de ambas cosas: el plan de cesantías y la concesión de los contratos de alianza.
Contrario a lo que se ha conocido hasta ahora la suspensión de beneficios por dos años comenzó con la aprobación de la ley y no depende de las cesantías que serán implantadas sin consulta o mediación de las uniones.
El resultado es que aunque un empleado público sobreviva las cesantías estará afectado por la suspensión de 27 áreas de beneficio que incluyen: los aumentos, las liquidaciones monetarias de licencias, los diferenciales, las vacaciones o días libres con paga sin cargo a licenciasbeneficios marginales, planes de adiestramiento, becas, licencias con sueldo, pagos de matrícula, bonificaciones, aumentos en bonos de Navidad y Verano, aumentos en aportaciones patronales a planes de salud y el pago de días libres por cumpleaños o emergencias familiares.
Además queda sin efecto todo compromiso del Gobierno no importa de qué forma esté expresado que tenga que ver con la antigüedad como criterio para movimientos del empleado, las prohibiciones de subcontratación, las prohibiciones o regulaciones de asignación de tareas, los procedimientos de resolución de controversias que estén en conflicto con la Ley 7 (la cual sólo admite las relativas relativas a la determinación de antigüedad), las relativas a las limitaciones de la gerencia, los planes de clasificación y retribuciónlas que obligan al patrono a cumplir con lo acordado y los reingresos y adopción de registro de elegibles. Es decir, con esta ley el Gobierno se releva de cumplir con cualquier asunto laboral que hayan pactado en las últimas décadas. De momento ya lo contratos que hicieron no valen.
Los convenios colectivos que hayan vencido o que venzan durante los próximos dos años no serán extendidos ni negociados. Ante esto la administración propone unas alternativas a los empleados públicos pero vienen con sus trampas.
El empleado puede acogerse a una reducción de jornada (y de salario), pero eso no lo inmuniza a la cesantía si se determinara necesario y, si sobrevive la crisis, de todos modos su reducción durará el resto de su vida productiva con la correspondiente reducción en salario y retiro.
Puede acogerse a una cesantía pero al hacerlo estaría relevando al Gobierno de cualquier reclamación que tenga pendiente así que si por ejemplo un empleado estaba peleando una reclasificación que le representaría miles de dólares en salario dejado de devengar, la estaría abandonando si suscribe un acuerdo de cesantía voluntaria.
Al acogerse a la cesantía voluntaria o involuntaria el empleado tiene cuatro opciones de ayuda gubernamental incluyendo subvención de parte de su nuevo empleo en el sector privado (si encuentra) o aportación para cursos de readiestramiento pero ese dinero no pasaría por sus manos sino que iría directamente a las entidades correspondientes. El empleado que opte por una de las cuatro alternativas renuncia a poder optar por alguna de las otras tres.
Financiamiento público
Secretario de Hacienda queda facultado para más embrollo en peores condiciones
Cambia las reglas de juego para municipios
Siguen ordeñando el IVU
La clasificación crediticia del Gobierno está en el borde. Un nivel adicional de degradación lo colocaría a nivel de chatarra lo cual ha sido descrito como catastrófico y con consecuencias como las siguientes: habría que buscar cientos de millones en efectivo para redimirle los bonos a inversionistas a los que se les tiene prohibido tener dinero en bonos chatarra, habría que buscar efectivo adicional para ofrecerlo como colateral a los que se queden, tomar prestado se convertiría en una opción excesivamente cara y cerca de la mitad del valor de los $10,039 millones de bonos en manos de inversionistas locales (individuos, entidades y bancos) se perdería.
En efecto la totalidad de la Ley 7 está justificada con el argumento de evitar este escenario aunque las casas evaluadoras de crédito ya han tomado la medida drástica de por primera vez en su historia decir que todos los créditos gubernamentales en Estados Unidos están en riesgo de degradación.
En cuanto a financiamiento una de las medidas más radicales que incluye la Ley 7 es que le da la facultad al Secretario de Hacienda a autorizar el refinanciamiento de la deuda del Gobierno aunque los términos de ese refinanciamiento sean peores que los términos originales. Si se tratara de una casa esta ley permite que por ejemplo se refinancie la hipoteca por $500,000 a un interés más alto aunque lo que quede para saldar la hipoteca sean $100,000 a un interés más bajo.
Esto es así porque el propósito de la Ley 7 no es que el Secretario consiga mejores términos de refinanciamiento sino que consiga posponer el pago de la deuda a la misma vez que una inyección de dinero en efectivo. Al así disponerlo la Ley 7 está dejando sin efecto una ley anterior que específicamente requiere que el Secretario certifique que los términos del nuevo préstamo son más favorables que los términos del viejo préstamo.
El peligro es que ya, entre emisiones y refinanciamiento cada puertorriqueño "debe" en deuda pública unos $6,812 o casi el doble que el estado cuyos ciudadanos más deben. Cada emisión nueva de deuda agrava esta situación y más aún si se hace en términos desfavorables.
La ley también autoriza emisión de bonos para la Autoridad de Edificios Públicos, le añade 0.75 por ciento a la porción del IVU destinada al fondo contra el cual el Gobierno ha estado cogiendo prestado (y que resulta ser el fondo gubernamental con la mejor clasificación crediticia) y trastoca un poco la forma en que los municipios van a poder tomar prestado del BGF.
Además crea una nueva emisión de $20 millones para que el ciudadano que quiera pueda invertir al 6 por ciento. Esta emisión sólo se emitirá en Puerto Rico y en un giro llamativo los recaudos se van a usar para financiar el programa de asistencia para empleados desplazados.
Pero en términos de financiamiento una de las medidas más controvertibles y discutidas hasta ahora es la disposición de que las entidades gubernamentales que obtienen su presupuesto a base de una fórmula, principalmente la Universidad de Puerto Rico, y el Poder Judicial no van a poder beneficiarse en un solo $1 con los nuevos recaudos porque esos nuevos recaudos y cualquier otro dinero que se genere bajo la Ley 7 no se va a incluir en el cálculo de la fórmula. Es decir, la universidad y los tribunales van a seguir recibiendo lo que recibieron en el último presupuesto no importa cuánto aumente el Fondo General.
Dominan los despidos
El tema no falta en la evaluación
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
Con un poco de timidez, pero ávidos de dar su opinión, decenas de ciudadanos de distintos pueblos evaluaron la gestión del primer ejecutivo, Luis Fortuño, con motivo de sus primeros 100 días de gobierno.
La mayoría, con sonrisas nerviosas y el gesticular característico de los puertorriqueños, aludió al alza en el costo de la vida y al despido de miles de empleados públicos durante su evaluación.
Sentada en un banco de cemento de la plaza de Caguas, Serafina López leía el periódico relajada, pero su rostro se tornó severo al hablar sobre la gestión del Mandatario. Al preguntarle cuál es la fortaleza de Fortuño, contestó rápidamente “Sólo donde vive”. Al igual que a Serafina, a muchos pareció tomarles por sorpresa la pregunta y, tras pensar unos segundos, dijeron “ninguna”.
A juzgar por sus contestaciones, para otros la política parece no ser muy importante. Evelyn Adorno, quien vendía chicharrón “volao” en la plaza pública de la Ciudad Criolla, aclaró que no está al tanto de la gestión del gobernante.
Falto de gracia política Fortuño
Analistas dicen que no ha logrado una agenda de consenso
Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com
El gobernador Luis Fortuño ha comenzado su mandato enfrentando el problema de las finanzas públicas que otros gobiernos obviaron, pero no ha establecido una comunicación efectiva con el pueblo ni ha forjado su proyecto en consenso con amplios sectores sociales, según tres analistas sociales y políticos.
El director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Juan Marcano Medina; el profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, Leonardo Santana Rabell; y el abogado Domingo Emmanuelli evaluaron la forma en que Fortuño se ha desempeñado en su relación con las distintas fuerzas sociales y con la Legislatura en sus primeros 100 días de mandato.
“Aún no hay un sentido de esperanza y el Gobernador no lo ha podido establecer en la gente”, expresó Marcano. Sostuvo que la comunicación de Fortuño con el pueblo “es un área débil. Ha preferido mantener un bajo perfil, de poca presencia pública, aunque uno tampoco querría una presencia constante e insubstancial.
Para poder realizar sus proyectos con éxito Fortuño “tiene que estar ahí, ‘bandeándose’ con el pueblo para que la gente lo respalde y eso no es lo que está pasando”, agregó Marcano.
Aunque con distintos matices, los tres comentaristas coinciden en que el Mandatario, con su política de despidos de empleados públicos, entre otras, no ha establecido consenso con los distintos sectores sociales.
El Gobernador en estos 100 días “ha preparado el terreno para grandes conflictos en la arena pública en nuestro País, particularmente con los sindicatos y el tercer sector”, apuntó Marcano.
Emmanuelli, quien ha respaldado a Fortuño, dijo que “en su afán de resolver el problema económico tiene que dar más atención al contrato social que hizo con el pueblo porque son los pobres y la clase media los que le dieron el voto para que él los defendiera”. Agregó que las medidas de Fortuño son “sabias” como doctrina económica, pero “pueden estar lacerando demasiado, si se ponen en efecto los despidos, a la clase media y trabajadora”.
Sobre las relaciones con la Legislatura, el análisis se centró en la tensión política que se percibe entre el Gobernador y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Según Emmanueli, ambos “saben que tienen que cuidarse políticamente y Fortuño está midiendo cuidadosamente todos sus pasos”. “Todavía están marcando territorio; no hay lucha abierta (entre Fortuño y Rivera Schatz)”, apuntó.
$276,000 para el bufete de Ángel Cintrón
En seis contratos con el gobierno
Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com
En un periodo de menos de seis meses, el bufete del ex director de la campaña política del gobernador Luis Fortuño, Ángel Cintrón, podría ganar $246,000 por cinco contratos que mantiene con agencias gubernamentales y municipios, según detalla el registro cibernético de la Oficina del Contralor.
Esto, sin contar otro contrato por $30,000 que también tiene el bufete Cintrón & Laboy Attorneys at Law, con Toa Baja y cuya vigencia es hasta el 18 de marzo de 2010.
En total, los compromisos contractuales que, al momento, tiene el bufete de Cintrón y su socia, la ex administradora de Corrección, Zoé Laboy, le generarían ingresos ascendentes a $276,000.
Cintrón, quien a principios de año dijo que no tendría contratos con el Gobierno o la Legislatura, señaló ayer que sus contratos con las agencias o municipios se dieron no porque él ofreciera sus servicios sino por peticiones de éstos para atender litigios en curso.
“El 90% de nuestra oficina sigue siendo clientes privados... Prácticamente, (en el Gobierno) tenemos unas cuentas muy pequeñas, porque lo que estamos aceptando es ese pequeño litigio en los tribunales de demandas civiles”, explicó el ex representante, al negar que realice servicios de cabildeo.
El contrato de mayor cuantía que obtuvo su bufete con el Gobierno es con la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico. De acuerdo al registro del Contralor, por sus servicios legales podrían llegar a facturar hasta $110,000.
Ese convenio se le otorgó el 24 de febrero de 2009 y está vigente hasta el 30 de junio de este año.
Otro de los contratos que mantiene el bufete de Cintrón se lo otorgó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por la cantidad de $50,000. Ese acuerdo se firmó el 16 de marzo de 2009 y estará vigente hasta el 30 de junio de 2009, según establece el registro de contratos.
La Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles también contrató los servicios de Cintrón & Laboy el pasado 20 de febrero. La vigencia del acuerdo es hasta el 30 de junio de 2009 por una cuantía de $20,000.
Contratos con Toa Baja
Asimismo, el Alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, le extendió al bufete Cintrón & Laboy dos contratos, de $30,000 cada uno.
En los registros del Contralor aparece que uno de los contratos que mantiene el bufete con el municipio fue firmado el 16 de marzo de este año y tendrá vigencia hasta el 18 de marzo de 2010. Cintrón comentó que el mismo lo ganó mediante subasta y es para licitar fondos federales.
El otro contrato, que se estipuló el 15 de enero y estará vigente hasta el 30 de junio de 2009, es para atender litigios pendientes, añadió Cintrón.
Vega Borges, por su parte, detalló que “la compañía de Ángel Cintrón ha estado con nosotros mucho antes de dirigir la campaña de Luis Fortuño”.
Se le preguntó sobre la necesidad de contratar al ex legislador cuando tiene en nómina al ex presidente de la Palma, Leo Díaz Urbina. Ripostó que “los municipios tienen varios abogados y dependiendo lo que ellos trabajen, facturarán. Lo importante aquí no es que estén o no estén ligados a la política es que hagan su trabajo... La compañía de Cintrón hace su trabajo”.
Según el registro del Contralor, el contrato de Díaz Urbina, otorgado el 7 de enero y con vigencia hasta el 30 de junio de 2009, es de $90,000.
Por otro lado, el municipio de Toa Alta también contrató los servicios legales de Cintrón & Laboy. En el registro de contratos del Contralor aparece que el acuerdo es para brindar servicios del 23 de enero al 30 de junio de 2009 por un monto total de $36,000.
La nómina de sangre azul de Fortuño.
La nómina de la cúpula de La Fortaleza, incluyendo el gobernador PNP, sus 15 asesores, sus secretarios de la Gobernación, de Organización y Política Pública y de Prensa y el Principal Ejecutivo de Información, asciende hasta el momento a sobre dos millones de dólares anuales ($2,417,336.04).
No se incluye en esa cifra el salario de la Administradora de Fortaleza, quien está en destaque del Banco Gubernamental de Fomento. Su salario es de $145,932.00 dólares anuales ($12,161.00 mensuales) más un bono de $5,250.00, lo que elevaría su compensación total a $151,182 dólares.
Los salarios mensuales se desglosan de la siguiente manera:
1. Gobernador - Luis G. Fortuño Burset - $5,833.34
2. Secretario de la Gobernación - Juan Blanco Urrutia $11,466.00
3. Secretario de Política Pública - Alejandro Figueroa - $11,466.00
4. Administradora de la Fortaleza - Velmarie Berlingeri - Destaque BGF
5. Secretario de Prensa - Edward Zayas - $10,192.00
6. Ejecutivo de Información - Juan Rodríguez - $10,192.00
7. Gilberto Marxuach - Principal Asesor Legal - $11,466.00
8. Miguel Hernández Vivoni - Asuntos Legislativos - $10,192.00
9. José E. Meléndez - Asuntos Municipales - $10,192.00
10. José Otero - Desarrollo Económico - $10,192.00
11. Diego Loynaz - Asesor en Salud - $ 10,192.00
12. Ana Mayol - Asuntos federales y Política Nacional - $ 10,192.00
13. Cieni Rodríguez - Asesora en Calidad de Vida- $10,192.00
14. María Juanarena - Asesora en Educación, Cultura - $10,192.00
15. Juan Román- Gerencia Gubernamental- $10,192.00
16. Javier Varela- Justicia y Seguridad Pública- $10,192.00
17. Carlos Rentas - Planificación y Urbanismo- $10,192.00
18. José Valenzuela- Energía y Ambiente- $ 10,192.00
19. Aníbal Heredia - Fe y Base Comunitaria- $ 10,192.00
20. José Ortiz Valladares- Asuntos Públicos- $ 10,192.00
21. Maritere Brignoni- Nombramientos Judiciales- $ 10,192.00
Secretarios y directores de corporaciones.
En término de los secretarios de gobierno, directores de agencias y corporaciones públicas, los salarios más altos son también los de la AEE y la AAA, además de la del Banco Gubernamental de Fomento. Sus salarios están en los $170 mil anuales. En el caso de la AAA, su Director Ejecutivo recibe un diferencial adicional de $30,089.00.
De las 125 agencias del gobierno central, 31 de ellas pagan a sus Secretarios o Directores Ejecutivos sobre $100 mil anuales, cuatro de ellos con pagos adicionales de diferenciales. Otras 14 agencias les pagan entre $90 y $99 mil. Nueve están en el renglón de entre $80 y $84 mil. Veinticinco de ellas entre los $70 y $80 mil. Ocho entre los $64 y $70mil. Y sólo en tres agencias sus jefes reciben salarios menores de $60 mil. Unas 32 agencias tiene como su administrador, Secretario o Director a la misma persona. Ése es el caso de la Administración de Corrección y de Instituciones Juveniles, del de la Administración de los Sistemas de Retiro Central, y de quien se señala “fungirá como administrador de los Sistemas de Maestros”.
También el del Departamento de Rehabilitación Vocacional que lo administra el Secretario del Trabajo; el de la Administración de Servicios Generales cuyo administrador es el Presidente del BGF; el de Secretario de la Vivienda que a su vez es su Administrador; el de la Administración de Derecho al Trabajo que es a su vez el Secretario del Trabajo; el de la Autoridad de Carreteras que es a su vez el Secretario de la agencia; el de la Autoridad de Edificios Públicos que es el vicepresidente del BGF; el de la Autoridad del Centro de Convenciones que es el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo; del Financiamiento de Facilidades Industriales , Médicas y para el Control de Calidad Ambiental, que es a su vez el presidente del BGF; el de Parques Nacionales que es el Secretario de Recursos Naturales; y el de la Oficina de Recursos Humanos (ORHELA) que es el Secretario del Trabajo, entre otros. En estos casos no se da a conocer el salario que devengan.
El guiso de las dietas
En las 55 Juntas de Directores de Corporaciones Públicas las dietas fluctúan entre $50 y $600 por reunión. De las 300 personas que componen esas juntas hasta el momento, -ya que algunas aún no han sido nombradas,-sólo dos han renunciado a sus dietas: Carmen Ana Culpeper y el licenciado Manuel E. Sarmiento. Culpeper, como miembro de la Junta de la Corporación de las Artes Musicales, y Sarmiento, quien pertenece a dos juntas, la de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles de la que es presidente, y la de la Administración de Seguros de Salud en la que representa al “interés público”. Algunos miembros de esas juntas no reciben compensación económica y otros aún no se ha determinado si su compensación será de $50 o de $600.
Las dietas más altas las reciben los miembros de las juntas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ambas se componen de 12 miembros, que reciben $600 por reunión. La Compañía de Turismo y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones “no sometió la información”, por lo que se desconoce cuánto es la compensación de sus miembros en la actualidad.
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