Una Legislatura mediocre contra su propio país''

''Una Legislatura mediocre contra su propio país''.
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Información básica
Tipo: Interés común - Política
Descripción: Estos son los Padres de la destrucción del Puerto Rico actual.Todos los que creemos en que estos individuos son los culpables de todas las penas que estamos pasando en Puerto Rico por Thomas Rivera Shatz,Jenniffer Gonzales,Luis Fortuño Burseto y Pedro Pierluisi lo detestamos.

Por eso invita a tus amigo(as) a este grupo ......En este grupo estaremos despando la Olla de grillos que propulsan estos Líderes del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico.


Cual Conoces????
Senado otorga $3 millones en contratos
Claridad en la Nación
Perla Franco/Claridad

El Senado de Puerto Rico, -al igual que hizo la Cámara de Representantes, según revelamos en la edición 2923, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2009-, adjudicó en las primeras tres semanas de este año casi tres millones de dólares en contratos ($2,788,090.00) con vigencia hasta el 30 de junio del año fiscal en curso. Todo ello en medio de la alegada crisis fiscal que vive el país y ante el llamado a la moderación en los gastos que ha hecho el gobernador y presidente de la Conferencia Legislativa, Luis Fortuño; quien entre otras cosas recientemente lanzó la amenaza de despidos para más de 30 mil empleados públicos si no logra $2,000 millones en ahorros.

En los contratos del Senado registrados en la Oficina del Contralor, contrario a los de la Cámara, no aparece el número de incorporación de las compañías que contratan, excepto la de Agape Caterer, Inc. Pero al igual que en la Cámara, algunos de ellos fueron adjudicados a sólo días de haber sido incorporados en el Departamento de Estado.

Destaca entre los contratos, -los cuales detallamos a continuación-, los del abogado Rolando Silva, un ex legislador que se declaró culpable de utilizar su oficina legislativa para beneficio personal, lo que le costó el desaforo de su profesión; dos contratos adscritos a la oficina de la senadora Evelyn Vázquez Nieves; los otorgados a quienes investigan los nominados por el Gobernador; y los de algunos ex políticos venidos a menos porque no contaron con el favor de los electores , pero se quedaron en la Legislatura.
Examínelos usted mismo.

Detalle de los Contratos
Contratos de Consultoría Administrativa otorgados a Compañías:

Ramírez Carrión & Co. $60,000
Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Pero, en el contrato con el Senado aparece Eduardo Ramírez como su presidente. Su contrato es como consultor adscrito a la Oficina de Finanzas para funciones de “asistencia” a la oficina del Presidente senatorial en “asuntos relacionados con la autonomía fiscal”.

Closer Look Research Corp.
Presidente: Lucas Mattei Rodríguez. Dos contratos, $27,500. Según su expediente corporativo en el Departamento de Estado se trata de una corporación que se dedica a “investigación en educación y comunicaciones”. Su agente incorporador, además de Lucas Mattei, es Holvin Velázquez Santiago. Uno de los contratos está adscrito a la oficina de la senadora Margarita Nolasco, y el segundo a la del Senador Luis A. Berdiel Rivera. En ambos casos como asesor legislativo.

Estudios Técnicos, Inc.
Presidente: José J. Villamil. $25,000. Aunque en su expediente corporativo en el Departamento de Estado no aparece agente residente ni incorporador, es sabido que su presidente es JoaquínVillamil, quien además firma el contrato con el Senado. Está adscrita a la oficina de la senadora Norma Burgos como “Asesores en la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación”.

Jotase Group, ET ALS., Inc.
$22,980. Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Empero, en el contrato con el Senado aparece como su presidente Ramón L. Cruz Semprit. Está adscrita a la oficina del presidente Thomas Rivera Schatz. Fue contratada para investigar los nombramientos referidos por el gobernador Luis Fortuño al Senado. Las investigaciones incluirán informar al Presidente de las relaciones profesionales, antecedentes penales y jurídicos, relaciones familiares y con sus vecinos, económicas y de crédito, obrero patronales y otras, según detalla el contrato.

S & J Consulting, Inc.
Presidente: Jorge Ocasio Ramírez. $22,980. Incorporada en 12/23/2008, dos semanas antes de firmar un contrato con el Senado. Está adscrita a la oficina del presidente Rivera Schatz, como investigador para entrevistar a nominados que sean referidos al Senado por el gobernador.

Isla Encantada Photo Studio, Inc.
Presidente: José M. Raffuci Arroyo. $5,000. Fue registrada en el Departamento de Estado en 2/3/2009 para la “producción y diseño de fotografías digitales”. Seis días después firmó un contrato con el Senado para servir de “asesores de prensa” para la senadora Evelyn Vázquez Nieves.

Rexach & Rexach, Inc.
Presidente: Juan Rexach Urdaz. $2,000. Según el expediente corporativo en el Departamento de Estado el propósito de esa corporación es “cualquier negocio lícito por ley”. Tiene un contrato con el Senado adscrito a la oficina de la senadora Kimmy Raschke Martínez para “analizar, redactar e interpretar proyectos de ley” en la Comisión de Asuntos de Educación y de Familia.

Contratos de Consultoría Administrativa otorgados a individuos:

José Madera - $57,000
Brunilda Ortiz Rodríguez - $53,400
Oscar L. Ramos Meléndez - $48,000
Roger Iglesias Suárez - $48,000 (dos contratos)
Manuel I. Otero Martínez - $48,000
Marie I. Soler Agostini - $33,000
Arturo Castro Guerra - $30,000
Epifanio Jiménez Cruz - $30,000
Johny Colón González - $30,000
José Garriga Picó - $30,000 (dos contratos)
Félix J. Montañez Miranda - $28,000
Saúl Rodríguez Pabón - $27,690 (dos contratos)
José F. Collazo Pérez - $27,250
Leslie Rodríguez Correa - $25,920
Reinaldo Pirela Figueroa - $24,000
Samuel Álvarez Figueroa - $22,980
Vimary Andino Méndez - $22,500
Nicolás Nuñoz Muñoz - $20,000
Damaris Sifuentes Reyes - $20,000 (dos contratos)
Maria E. Fuentes Torres - $18,090
Carmen M. Neváres Catala - $18,000
Armando Batista Montañez - $18,000
Harry E. Negrón Judice - $18,000
Morayma Fuster Lamourt - $18,000
Osvaldo Pagán Martínez - $18,000
Miguel A.. Rosado López - $16,800
Omar De León Hernández - $16,500
Mónica D. Torres Marrero - $15,360
Antonio Meléndez Vargas - $15,000
Lizbeth Méndez Colón - $15,000
Lorraine Figueroa Acevedo - $15,000
Odete Piñeiro Caraballo - $12,500
Ilka Quiñones Santana - $12,060
Juan W. Howe Hernández - $12,000
Adolfo A. Rodríguez Burgos - $12,000
Antonio Silva Rivera - $12,000
Carla M. Santos Ortiz - $10,000
Edgardo Huertas Feliciano - $10,000
José L. Carrasquillo Santiago - $10,000
Ulises Vélez Colón - $10,000
Francis E. Ruiz Ramírez - $7,500
Carlos M. Cruz - $7,500
Carlos Martínez - $6,600
Ángel R. Matos - $6,000
Carmen Zavala Vázquez - $6,000
Esther M. Ortiz Ortiz - $6,000
Carlos A. Romero Delgado - $5,000
Miguel A. Dávila Pérez - $4,000
Mildred Cabello - $3,000
José A. Santiago Jiménez - $2,000
Manuel A. Matos Pacheco - $800

Contratos de Servicios Legales

Otorgados a bufetes

Legal Advisors P.C.S.
No aparecen en el Departamento de Estado los nombres del agente residente ni del agente incorporador aun cuando aparece registrada desde 1/7/2004. Sin embargo, en los contratos con el Senado aparece Luis F. Estrella Martínez como su presidente. Dos de los contratos están adscritos a la oficina del senador Lawrence Seilhamer Rodríguez, otro a la del senador Carlos Javier Torres Torres y otro a la Oficina de Asesores Legales del Presidente senatorial. $133,000 (cuatro contratos)

National Legal Advisors, LLP
Socio gestor: Charles A. Rodríguez. Tiene un contrato adscrito a la Oficina de Asesores del Presidente del Senado como asesor legal. $72,000

Aldarondo & López Bras, P.C.S.
Presidente: Eliezer Aldarondo Ortíz. Tiene un contrato con el Senado por $52,000 y otro con la Cámara de Representantes por $33,000 como representante legal de ambos cuerpos ante el Tribunal. $52,000

González Milán
Presidente: Edgar González Milán. Contrato adscrito a la oficina del Senador Carmelo Ríos Santiago como asesor legal. PSC $27,000

Consultores Legales Asociados
Presidente: Rolando Silva. Está registrada en el Departamento de Estado desde 2/27/1996. No aparece ni agente residente ni incorporador en el expediente corporativo. Sin embargo, en el contrato con el Senado aparece el ex legislador Rolando Silva como su presidente. El contrato está adscrito a la oficina de Asesores Legales de ese cuerpo para servir de “enlace entre Comisiones” y realizar “estudios e investigaciones”, para “estudiar y analizar”, “redactar e interpretar” proyectos de ley. Silva fue Senador bajo la administración del ex gobernador Pedro Rosselló y se declaró culpable de malversación de fondos públicos al utilizar su oficina en el Senado para beneficio personal. Por ello fue desaforado y posteriormente reinstalado al ejercicio de su profesión legal. $18,000.

Luis A. Gierbolini Law Offices, Inc.
El contrato que tiene con el Senado lo firma su presidente Luis A. Gierbolini y está adscrito a la oficina de la senadora Migdalia Padilla Alvelo en calidad de “asesor legal y financiero” de la Comisión de Hacienda. $18,000

HCM Legal Services CSP
Presidente Héctor Crespo Milián. Contrato adscrito a la oficina del senador José Luis Dalmau como asesor legal. $11,000.

Galarza Law Office, PSC
Presidente: José L. Galarza García. Contrato adscrito a la oficina del Senador José Luis Dalmau como asesor legal. $3,000


Otorgados a individuos

Luis Berríos Amadeo - $100,000 (dos contratos)
Gerardo Flores García - $54,000
Iveliz Morales Correa - $48,000
Marjorie Gierbolini Gierbolini - $36,000 (dos contratos)
Osvaldo R. González Avilés - $36,000
Héctor A. Morales Martínez - $32,500
Francisco Pérez Soto - $30,000
Luis F. Navas De León - $30,000
Gregorio Igartúa Arbona - $27,000
Gerardo A. Cruz Maldonado - $25,000
Carmen S. Curet Salim - $24,000
Jacqueline L. Cabán Montañez - $24,000
Rafael Rocher Valera - $24,000
Miguel A. Hernández - $21,150
Yamil M.. Caro Pérez - $20,000
Arnaldo Báez Genoval - $18,000
Carlos E. Pérez Acosta - $18,000
Juan M. Gaud Pacheco - $18,000
Miguel Trabal - $18,000
Mirsonia Osirio Velázquez - $18,000
Irlanda Ruiz Aguirre - $15,000
María A. González Cardona - $15,000
Raúl Santiago Pérez $12,000
Iván Crespo Arroyo $10,000
Ramón L. Figueroa Sánchez $10,000
Félix A. Colón Miró $7,500
Roberto L. Varela Muñiz $6,000
Digna Z. Matos Fort $5,000
Roberto J. Figueroa $2,000

Contratos para Servicios de Publicidad, Representación o Artísticos

Otorgados a compañías

EW Comunication, Inc.
$72,000 (dos contratos) Bajo ese nombre no aparece registrado en el Departamento de Estado. Pero, en el contrato con el Senado aparece Wilfredo Ramos como su presidente. Tiene dos contratos adscritos a la oficina de Información Pública del Presidente del Senado en calidad de “asesor en Eventos Especiales”

Nazario Communications Group, Inc.
$63,000 (dos contratos) Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. Sin embargo, en el contrato con el Senado figura Wanda Nazario como su presidenta. Está adscrita a la Oficina de Información Pública del Presidente del Senado como “Asesora en Relaciones Públicas, Prensa y Comunicaciones”.

RCD International Advisory, Inc.
Presidente: Rafael Cerame D’Acosta. $34,000. Servicios legales Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. En la Oficina del Contralor aparece como un contrato de servicios legales. Tiene un contrato como asesor adscrito la Oficina del Presidente para redactar mensajes y discursos para el Senado, comunicados de prensa, analizar investigaciones legislativas y su proyección pública, coordinar actividades especiales, conferencias de prensa, asistir a las sesiones del Senado, asesorar al Presidente en la comunicación con alcaldes, secretarios, jefes y funcionarios de agencias, entidades privadas y organizaciones internacionales, según detalla el contrato.

Communicart Public and Media Corp.
$30,000 (dos contratos). Bajo ese nombre no aparece registrada en el Departamento de Estado. Sin embargo, en los contratos con el Senado firma Blanca Sáenz como su presidenta. Está adscrita como asesora de prensa a las oficinas de los senadores Kimmy Raschke y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez..

Mundo Relaciones Públicas, Inc.
$27,000 Como agente residente en su incorporación en el Departamento de Estado aparece Carlos Alexis Lugo Marrero. En el contrato con el Senado la representa Ileana Santiago Álvarez. El contrato está adscrito a la oficina de la senadora Margarita Nolasco para ofrecer servicios de relaciones públicas.

CHT Enterprises, Inc.
$24,000. Presidente: Charles Toledo Camacho. En sus papeles de incorporación en el Departamento de Estado no aparece la fecha de incorporación, ni el nombre del agente incorporador ni el del agente residente. El único movimiento en el expediente incorporativo es la petición de una prórroga para el informe del año 2007 solicitada el 3/4/2008. Se sabe que su presidente es Charles Toledo Camacho porque así aparece en el contrato con el Senado. Éste está adscrito a la Oficina de Información Pública del Presidente como asesor en comunicaciones, en asuntos de política pública, y para escribir discursos, entre otras.

Associated Press
$14,520. Un contrato.

Flako Musik, Inc.
$7,500. Está inscrita hace siete meses (6/30/2008) en el Departamento de Estado con el propósito de realizar “grabaciones audiovisuales, distribución de discos compactos, publicidad y artes gráficas”. Como su agente residente aparece Benjamín Sotomayor quien a su vez es el incorporador junto a Sheila Sotomayor Figueroa. Tienen un contrato para grabar audio y editar vídeos para la Oficina de la senadora Evelyn Vázquez Nieves.

JF Consulting Group, Inc. LLC
$7,500. Su presidente, según figura en el contrato con el Senado, es Jesús M. Ortiz González. El contrato está adscrito a la oficina del senador Eder E. Ortíz Ortíz para funciones de asesor en “comunicación y legislación”.

Otorgados a individuos

Peter Quiñones Feliciano - $30,120 (dos contratos)
Jesús M. Ortiz González - $27,000
Frances Rodríguez Torres - $18,000
Luis A. Cabán Jiménez $18,000
José Juan Tañón - $16,500
Melvyn González Vélez - $15,000
Debra Feliciano Ledey - $12,500
Samuel Ferrer Alicea - $12,000
Rossy Santiago Velázquez - $10,800
Francis E. Ruiz Ramírez - $7,500


Noticias recientes''PPD reclama destitución de Antonio Sagardía''Compartir
Jue 12:45 | Editar nota | Eliminar

PPD reclama destitución de Antonio Sagardía
La colectividad entiende que el abogado no debe continuar como Secretario de Justicia

Por Keila López Alicea
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, le solicitó hoy al gobernador Luis Fortuño la destitución del secretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía.

El reclamo surge tras el incidente que protagonizó Sagardía ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando tildó de “canalla”, “pichón de abogado” y “enano intelectual” al representante popular Luis Vega Ramos.

Ferrer anunció que el caucus popular en la Cámara de Representantes acordó presentar una querella por conflicto de intereses contra el titular de Justicia en la Oficina de Ética Gubernamental.

De acuerdo con el presidente del PPD, fue debido a la intervención de Sagardía que el Tribunal de Apelaciones permitió que se celebre un nuevo juicio contra un convicto de asesinato que es cliente de un amigo del funcionario.

“Eso fue un acto indebido del Secretario de Justicia como Secretario de Justicia. No es común que el Secretario de Justicia comparezca a un tribunal, eso quien lo hace es el Procurador (General)”, manifestó Ferrer en conferencia de prensa.

En el caucus que sostuvo la delegación de minoría también se acordó que votarán en contra de la medida para crear el marco legal de las Alianzas Público Privadas a menos que se cree un proyecto sustitutivo.

COMENTARIOS:
Actualizado el jueves · Comentar · Me gustaYa no me gustaTe gusta esto.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 12:48 del 14 de mayo
''QUE SE VALLA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA ESTE MALCRIADO ESTE INCOMPETENTE MALCRIADO Y ABUZADOR DE ANTONIO ZAGARDIA NP REPRESENTA LOS VALORES ETICOS Y MORALES DEL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO INRRESPETUOSO ZAGARDIA''.

Popularporsiempre Atito ha escrito a las 12:55 del 14 de mayo
''QUE ES LO QUE LE ESTA PASANDO A ZAGARDIA.DONDE ESTA EL CEREBRO DE MIME DE ZAGARDIA PARECE QUE LO QUE TIENE ES MOFONGO EN SU CEREBRO UNA PELOTA DE MOFONDO POR NO DECIR OTRA COSA''.

Frankie Rodriguez Napoleoni ha escrito a las 22:26 del 14 de mayo
MMMMMMMM...a ese Fortuno NO lo va a destituir porque es el POLITIQUERO mas activo que se destaca en su gabinete. Espero que en la oficina de etica ya hayan recibido la querella por su conducta anormal, poco comun y conflicitva contra los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
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Listo Obam@ para cambiar la Fiscalia Federal De Puerto Rico''Compartir
Ayer a las 21:22 | Editar nota | Eliminar
La jefatura en el distrito federal de San Juan está en la lista del Presidente.


Rosa Emilia Rodríguez, jefa interina de la Fiscalía federal en San Juan desde el 2007, reconoce que puede tener que regresar a un puesto de carrera si el presidente Barack Obama nombra a otra persona al cargo.
Por el nuevo dia


WASHINGTON – El presidente Barack Obama inició ayer el proceso de nombramiento de fiscales federales, el cual se espera llegue a Puerto Rico en algún momento de 2009.

Obama anunció la designación de nuevos jefes de la fiscalía federal en los distritos del sur de Nueva York, Vermont, el oeste del estado de Washington, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y el norte de Alabama.

En momentos en que comenzó a debatirse el futuro de la jefa de la Fiscalía federal, fuentes del Departamento de Justicia habían adelantado a El Nuevo Día que a partir de la primavera Obama iniciaría el proceso de nombramientos en más de medio centenar de fiscalías de distrito que tenían vacantes en sus puestos de liderato.

La Fiscalía federal de San Juan, cuya jefatura ocupa actualmente Rosa Emilia Rodríguez y que ha estado en medio de controversias constantes referentes al proceso judicial a que se enfrentó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá (absuelto de los cargos criminales en su contra el pasado 20 de marzo), figura en esa lista.

En la Casa Blanca “están conscientes de que el proceso ha ido muy lento”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Roberto Prats, quien participa este fin de semana en Richmond (Virginia) en una reunión del Comité Nacional Demócrata en la que ha conversado con funcionarios del gobierno de Obama sobre el proceso de nombramientos.

Prats indicó que en su momento los demócratas vinculados al Partido Popular Democrático (PPD) le presentarán candidatos específicos a la Casa Blanca que pueden sustituir a Rodríguez en la fiscalía federal de San Juan.

Tanto la dirección del PPD como los congresistas Nydia Velázquez, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, y Luis Gutiérrez han solicitado un cambio de dirección en la oficina de San Juan de la fiscalía federal

Los nombramientos anunciados ayer por Obama recayeron en Preet Bharara (sur de Nueva York), un consejero legal del senador demócrata Charles Schumer; Tristam Coffin (Vermont); Jenny Durkan (oeste de Washington); Paul Fishman (Nueva Jersey); John Paul Kavacas (Nuevo Hampshire); y Joyce Vance (norte de Alabama).

“Este es un grupo de hombres y mujeres que se han distinguido por ser abogados justos, tenaces y de gran respeto”, indicó Obama.

Enfoque en el Supremo

Prats sostuvo que la Casa Blanca ha dejado entrever que centra su atención en este momento en el que puede ser su nombramiento más importante de este cuatrienio: el sustituto o sustituta del juez David Souter en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Tan pronto llegó a Justicia, el secretario Eric Holder solicitó a la fiscal Rodríguez y otros jefes de fiscalías de distrito que continuaran en sus puestos, en lo que ordenaba su oficina.

Rodríguez, nombrada por Justicia en 2007 después de quedar detenido su nombramiento por el entonces presidente George W. Bush, ya ha reconocido que puede tener que regresar a un puesto de carrera en la fiscalía federal si, como se espera, Obama le sustituye en las próximas semanas o meses.

El nombramiento del próximo jefe(a) de la fiscalía federal puede ser el principal enfrentamiento entre estadistas y estadolibristas en el área de los nombramientos federales. El comisionado residente Pedro Pierluisi ha indicado que como único funcionario electo de Puerto Rico a nivel federal espera ser consultado por el gobierno de Obama.

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''Agilización de Permisos para los grandes intéreses y destruir a Puerto Rico''.

La agilización de los permisos en agenda
Cámara y Senado harán vistas esta misma semana


Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com
LA REeSTRUCTURACIÓN del proceso de evaluar y otorgar permisos en Puerto Rico será el próximo proyecto importante de administración que pasará a discusión legislativa.

En comunicados de prensa separados, tanto la Cámara como el Senado anunciaron para esta semana vistas públicas en torno a ese proyecto, que eliminaría la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y crearía la Oficina de Gerencia de Permisos y Endosos (OGPE).

“Nos urge aprobarlo (el PC 1649), ya que es una de las estrategias de administración que a corto plazo servirá de dínamo para nuestra economía”, indicó en un parte escrito el representante José Chico, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara.

En este cuerpo, las vistas que se celebrarán en el salón María Luisa Arcelay iniciarán hoy a las 9:30 a.m. y continuarán mañana, el martes y el miércoles.


Para hoy están citados el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y ARPE.

En el Senado, donde el proyecto a evaluar es el 880, el proceso de vistas iniciaría el martes a las 9:00 a.m., según informó en otro parte escrito la senadora Norma Burgos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación del cuerpo.

El primer deponente será el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales.

Las medidas, además de crear la OGPE, darían paso a la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP), la cual estaría a cargo de que se cumplan las leyes y reglamentos de la OGPE.

La OGPE evaluaría y expediría todo tipo de permisos en Puerto Rico, por lo que los trámites se centralizarían en una sola dependencia.

Con la propuesta, la administración del gobernador Luis Fortuño pretende que la mayoría de los permisos que otorga el Gobierno se expidan en un máximo de 90 días.

Actualizado hace 9 horas · Comentar · Me gustaYa no me gustaTe gusta esto.
Popularporsiempre Atito ha escrito a las 13:47 del 17 de mayo
Lo unico que,quiere es Lui G.Fortuño Burste y Pedro Pierluisi es destruir a Puerto Rico con la Agilizacción de Permisos para los grandes Intéreses.

Eso es lo que,quiere hacer este gobierno nefasto del Partido Nuevo Progresista sembrar a Puerto Rico de cemento''.

Asi que se activen los ambientalistas para que defiendan su ambiente mi ambiente.

COMENTARIO:

Popularporsiempre Atito ha escrito a las 13:48 del 17 de mayo

Ustedes saben esto es regalar los permisos en tres meses.Porqué quieren eliminar a ARPE cuál es la razón esto cada dia que pasa huele mal''.

Esto es parte del CAREFF DE las Propuestas nefastas que destruiran y hundiran a Puerto Rico.
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El Fortuñito no que iba a bajar todos los costos. Ahora tendremos que pagar el doble por un simple certificado de nacimiento. Apuntalo por ahi, Querias Fortuño, toma Fortuño


SAN JUAN — El Departamento de Salud podría comenzar a cobrar hasta un 100% más por las actas de nacimiento, defunción y matrimonios, así como por licencias, exámenes de reválida, inspecciones, permisos y certificaciones.
Ello, si se aprueba un nuevo reglamento de Salud cuyo borrador será llevado a vistas públicas el jueves.

“El propósito de este reglamento es establecer las sumas de dinero a ser cobradas por el Departamento de Salud por concepto de endosos, inspecciones, certificaciones (incluyendo las que expide el Registro Demográfico) y permisos, entre otros”, señala un aviso de reglamentación y vista pública publicado en la página electrónica del Departamento de Salud.
Un certificado de nacimiento, matrimonio, defunción o natimuerto, por ejemplo, cuesta cinco dólares en la actualidad, pero si se aprueba el nuevo reglamento, los ciudadanos tendrán que pagar el doble —10 dólares.
La información se hace pública el mismo día en que se confirma la destitución de Sandra Valentín, ex directora del Registro de la Propiedad, por proponer un aumento en los cargos que cobra esa dependencia por sus servicios.
Al anunciar ese despido, el gobernador Luis Fortuño dijo que el pueblo no aguanta un aumento más, mientras que el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, destacó que su subordinada no había consultado la propuesta de aumento ni con él ni con el Primer Ejecutivo.
El nuevo reglamento también busca “establecer un mecanismo para la recuperación de costos y gastos incurridos por el Departamento de Salud relativos a la inspección y clausura de estructuras”.
La Unión General de Trabajadores (UGT) catalogó de “atropello” el reglamento.
“Este sindicato mantendrá su voz de alerta ante este atropello en la medida en que impacte el bolsillo del pueblo y de los empleados gubernamentales”, sostuvo la UGT en un comunicado.
El nuevo reglamento también propone aumentar los cargos por los exámenes de reválida, las licencias y las certificaciones para los profesionales de la salud, incluyendo a los naturópatas, quiroprácticos y terapeutas del masaje.
Asimismo, sugiere elevar los importes por los servicios e inspecciones de Salud Ambiental a hoteles, restaurantes, hospitales, funerarias y hasta embotelladores de agua, entre muchos otros.
La vista pública del jueves está pautada para las 10:00 a.m. en el salón Guillermo Arbona del Departamento de Salud en Río Piedras.

Más contratos para Rodríguez
Suben a $114,000 los acuerdos del ex presidente del Senado con la Legislatura



Rodríguez tiene también un contrato de asesoría con el senador Antonio Soto en la Comisión de Comercio y Cooperativismo.


Por Javier Colón Dávila / jcolon@elnuevodia.com
El bufete que dirige el ex presidente del Senado, Charlie Rodríguez, mantiene contratos ascendentes a $114,000, hasta el 30 de junio con diferentes dependencias de la Legislatura.

El más reciente lo firmó el 19 de marzo con el senador Antonio “El Chuchin” Soto, a quien asesora en la Comisión de Comercio y Cooperativismo.

Rodríguez indicó que una abogada de su bufete está trabajando con el proyecto que deroga la Ley de Cierre, que está siendo atendida en la comisión del senador novato por Guayama.

El acuerdo con Soto le lleva a ganar $12,000 hasta el 30 de junio a razón de 96 horas a una paga de $125 la hora.


Rodríguez mantiene desde el pasado cuatrienio un contrato con la Superintendencia del Capitolio. El acuerdo por 240 horas, a razón de $125 la hora, le compromete a representar esta dependencia de la Legislatura redactando opiniones legales, consultas y representando a esta oficina en los tribunales.

El otro contrato de Rodríguez es el más jugoso y lo firmó con la Presidencia del Senado en enero. Totaliza $72,000 por 480 horas mensuales de trabajo pagadas a $150 la hora.

En el contrato se dispone que representará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ante agencias gubernamentales o federales y organizaciones como la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y el Concilio de Gobierno Estatales.

Rodríguez viajó con Rivera Schatz este fin de semana a Washington para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y para la Conferencia Nacional de Legisladores Hispanos.

Rodríguez defendió los contratos, indicando son manejados por varios empleados de su bufete.

“Tengo basta experiencia en el área de legislación.

Rodríguez forma parte de una larga lista de ex políticos o políticos derrotados que con contratos legislativos.






100 días de la Administración Fortuño, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) explica los detalles de la ley más abarcadora hasta ahora de esta administración, la Ley 7, también conocida como la Ley de Emergencia Fiscal.

Hasta ahora se ha discutido el aspecto de las cesantías de empleados públicos pero, cuál es el detalle de ese plan, qué visión refleja la propuesta de nuevos impuestos, qué precedente legal preocupante contiene, y qué poderes nuevos le da al Secretario de Hacienda en materia de financiamiento público, son algunos de los ángulos adicionales que explora el CPI.

Todo esto en www.cpipr.org

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100 días y 1 ley: El plumazo más pesado de la Administración Fortuño
Centro de Periodismo Investigativo
Escrito por Oscar Serrano
Lunes 13 de Abril de 209


Con un trámite total de cuatro días laborables y una sola vista exclusivamente con funcionarios del Ejecutivo el gobernador Luis Fortuño convirtió en ley un proyecto de 100 páginas que reta el orden constitucional otorgándole poderes prácticamente absolutos al Ejecutivo destripa décadas de acuerdos laborales en el sector público impone contribuciones a los individuos de hasta el doble de lo que se paga ahora y suspende las salvaguardas en la capacidad del Gobierno de pedir prestado.

La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 oficialmente propone acción en sólo tres áreas principales: impuestos, nómina gubernamental y financiamiento. Sin embargo impacta 13 leyes y tiene ramificaciones que todavía están descubriéndose.

En las tres áreas hay disposiciones temporeras (hasta el 2012) y hay otras que son permanentes. La base de todo es liquidar el déficit de $3,200 millones que dice la Administración que hay en las arcas públicas así que la eliminación o extensión de las medidas "temporeras" va a depender del cumplimiento de esa meta. Pero ¿quién va a decir si la meta se ha cumplido? El propio Gobierno.

¿Y cuáles son las posibilidades de éxito de lo que el Gobernador ha llamado "medicina amarga"?

Los únicos puntos de comparación que provee la nueva administración son las crisis de Nueva York en la década de los 70 y la de Washington DC en 1995. En Nueva York tardaron siete años en eliminar un déficit de $1000 millones. En DC tardaron dos años en eliminar uno de $401 millones. La Ley 7 propone eliminar un déficit de $3200 millones en cuatro años.

Hasta ahora la ley oficialmente llamada Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal conocida en inglés como OPERA se conoce por el plan de cesantías que impone para el sector público. Pero ¿qué más provee y por qué ha provocado preocupación en los que se han ido enterando poco a poco de sus disposiciones?

El Centro de Periodismo Investigativo examinó la ley los argumentos de oposición, estadísticas federales y los documentos financieros que ha publicado la Administración Fortuño para el siguiente resumen de un estatuto que afecta a empleados públicos, comerciantes, dueños de propiedades, municipios, corporaciones, contribuyentes, y que tomada como un todo representa el remezón más abarcador que estado o territorio alguno está sufriendo en la presente crisis:

Malabarismo constitucional

Da poder casi absoluto al Ejecutivo
Limita las acciones de los tribunales
Inmuniza al Gobierno contra reclamaciones laborales

En su exposición de motivos la Ley 7 dice que está basada en la facultad constitucional de la Legislatura para aprobar leyes en casos de grave emergencia en los que estén en peligro la salud, la seguridad pública y los servicios esenciales. Este argumento era necesario para justificar hacer algo que la propia Constitución prohíbe: suspender contratos, dejar sin efecto todos los convenios colectivos y los demás arreglos laborales que el Gobierno ha hecho con los empleados públicos durante las últimas décadas.

La Administración de esta forma utiliza una sola ley para hacer tres cosas a la vez: decretar una emergencia con visos de gravedad, decir que eso le da poder constitucional para legislar y decretar la suspensión de sus compromisos contractuales laborales por dos años.

Para fundamentar la emergencia colocan el punto de partida de la crisis en 2006 a pesar de que los economistas coinciden en que la situación actual es el resultado de décadas de malas decisiones y dicen que la crisis se debe en parte a que la Junta de Planificación (JP) publicó indicadores económicos inflados.

Sin embargo son las estadísticas de esa misma JP de credibilidad cuestionada las que Fortuño tendría que usar en su momento para certificar el fin de la crisis y es con esos números que bancos financieros como UBS Financial donde es vicepresidente el hermano del Fortuño han suscrito emisiones multimillonarias de bonos gubernamentales. Estos bonos se exponen a perder hasta la mitad de su valor si el crédito de la Isla es degradado lo cual se presenta como otra justificación para la ley.

Recientemente el director de Desarrollo de Política del Centro para la Nueva Economía Sergio Marxuach señaló que este despliegue de poder puede ser contraproducente para el ambiente de inversión en la Isla porque puede abrir la puerta a que una administración futura por ejemplo deje sin efecto un contrato de Alianza Público Privada usando el mismo argumento de emergencia grave.

"Estamos de acuerdo en que Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal pero estamos preocupados por los precedentes que está sentando la administración actual"indicó en una columna para el periódico PR Daily Sun.

En caso de que esto fuera retado en los tribunales la propia ley dice que cualquiera de las partes puede pedirle al Tribunal Supremo que vea el caso sin pasar por ninguno de los tribunales inferiores. Supremo al que acaban de integrarse tres nuevos jueces asociados nombrados por Fortuño formando un bloque mayoritario estadista.

Esta no es la única parte en que la ley se anticipa a posibles pleitos. Más importante para las decenas de miles de empleados públicos que se afectan con el estatuto es que se decreta que ninguno de los actos que contiene o ninguna de las acciones que el Gobierno pueda tomar en el futuro basándose en el estatuto puede ser declarado una práctica ilícita. De esta manera la ley incluso le prohíbe a un tribunal o a cualquier otro ente cuasi-judicial resolver que algún acto gubernamental basado en ella constituye una práctica ilícita. El efecto práctico es que aún en la eventualidad de que un empleado pueda llevar un reclamo legal al tribunal se le ata las manos sobre cuál puede ser su decisión.

"Va a haber una especie de inmunidad patronal por fíat legislativo" resumió el profesor del Instituto de Relaciones Laborales José Añeses.

Impuestos

Los individuos enfrentan impuestos permanentes y las corporaciones temporeros
Por lo menos duplica impuesto a la propiedad
Descarta la efectividad de la fiscalización en Hacienda

Se supone queen cuanto a impuestos "el impacto sobre nuestra clase media y nuestras clases de escasos recursos debe ser el menor posible" según la exposición de la ley. Sin embargo las proyecciones de recaudos apuntan a que se espera sacar más de los individuos que de las corporaciones. La proyección según una presentación en inglés disponible en www.buengobiernopr.com es que aproximadamente el 56 por ciento de lo recaudado vendrá de individuos y 23 por ciento vendrá de corporaciones que también serán las primeras en zafarse del apretón.

De las seis medidas tributarias permanentes que incluye la Ley 7 cuatro afectan a individuos. Mientras de las siete medidas temporeras cinco son para corporaciones. Entre las permanentes afectan a los individuos la reformulación del impuesto alternativo mínimo las enmiendas al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para tener mayor captación y los impuestos a cigarrillos, cerveza y vino. No incluimos el arbitrio a los vehículos de motor (que ahora va a aplicar a motoras y 'scooters') por entender que eso afecta también a corporaciones.

Entre las temporeras al individuo le afectan aumentos directos en las tasas contributivas y la virtual duplicación del impuesto de la propiedad que de hecho es el renglón de donde más el Gobierno espera sacar con al menos $230 millones anuales. En tanto a las corporaciones les aplica temporalmente la reformulación del impuesto alternativo mínimo, una tasa general especial y tasas especiales a las cooperativas, las entidades bancarias extranjeras y la moratoria de los créditos contributivos.

Mientras que en los individuos se hace distinción en cuanto a nivel de ingresos por lo que algunas medidas sólo aplican a los que ganen más de $100,000 en las corporaciones no se hace distinción por lo que aplican igual a las multinacionales con miles de millones en ingresos que a las pequeñas empresas con una fracción de esos ingresos.

La presentación en inglés añade queen términos generales la estrategia de la Ley 7 para atajar el déficit responde 70 por ciento a reducción de gastos, 20 por ciento a nuevos impuestos y sólo 10 por ciento a la fiscalización. De entrada el Gobierno está descartando que el dinero aparezca porque el Departamento de Hacienda sea más eficiente y en vez apuesta a nuevos impuestos y reducción de gastos o sea reducción de nómina.

La presentación que incluye las proyecciones que la ley no incluye, dice que donde menos ha fallado la recaudación es en los impuestos a los individuos y que los que están cuesta abajo son los recaudos a las corporaciones. No se dice nada de cuánto se cobrará por la deuda acumulada en Hacienda que en su mayoría proviene de los patronos y corporaciones.

La Ley 7 es tan abarcadora y su trámite fue tan acelerado que ya el Departamento de Hacienda tuvo que posponer lo relativo a los impuestos de cigarrillo, cerveza, vino, motoras “scooters” (que comenzarán en mayo) y la conversión de la exención del IVU para comerciantes en un crédito (que comenzará en junio), por presiones del sector empresarial.

A pesar de manifestaciones del sector sindical sin embargo las medidas laborales siguen en pie y los empleados públicos tienen hasta el 27 de abril menos de dos meses después de firmada la ley para decidir si se van voluntariamente o involuntariamente.

Empleados públicos

Suspensión inmediata de beneficios
Reducción de jornada permanente
Deja al empleado sin protección legal y a merced de lo que el Gobierno decida

La Ley 7 somete un plan escalonado de reducción de gastos mediante cesantías voluntarias e involuntarias hasta que se logre una reducción de gastos en el Gobierno pero no menciona en ningún lugar un número concreto de empleados en la nómina gubernamental ni el ahorro promedio por cada cesantía por lo que el tamaño del supuesto problema no está claro. Lo que está claro es que se espera que el 49 por ciento de los gastos gubernamentales (la proporción que está definida como nómina) produzca el 70 por ciento de los ahorros bajo el plan de la Ley 7.

A pesar de su promesa de campaña de no botar empleados el propio Fortuño indicó en el mensaje televisivo en el que anunció la Ley 7 que como está planteado el problema la meta de recortar el déficit va a requerir dejar fuera a más de los 30,000 empleados proyectados inicialmente.

Para partir de bases objetivas el CPI consultó las estadísticas de empleo del Departamento del Trabajo federal. Bajo "empleados del gobierno estatal" encontramos que tenían a unas 236,400 personas en 1990 (el año más remoto disponible) y a unas 218,100 en enero de 2009 para una reducción neta de casi ocho por ciento.

Visto de administración en administración la Administración Rosselló comenzó en enero de 1992 con 231,700 y acabó en diciembre de 2000 con 207,200 para una reducción de 11 por ciento. Entremedio llego a tener 334,100 empleados en nómina. La Administración Calderón comenzó con 207,700 y terminó con 234,400 para un aumento de casi 13 por ciento con 245,400 como punto pico. La Administración Acevedo Vilá comenzó con 225,300 y terminó con 224,800 para una reducción de 0.22 por ciento y un punto pico de 236,100.

La reducción de al menos 30,000 posiciones que propone la Administración Fortuño llevaría el empleo gubernamental a niveles por mucho más bajos que los registrados en Trabajo Federal desde 1990 y el único freno que pone la Ley 7 es la certificación de ahorro que haga el propio Gobierno.

Pero la Ley 7 no sólo incluye un plan escalonado de reducción de empleados sino una estrategia permanente de transformación de las condiciones de empleo de los que se queden en la nómina pública que echa para atrás décadas de negociaciones y compromisos laborales.

Para la abogada laboral Genoveva Valentín Soto el resultado neto de la Ley 7 es abaratar al empleado público de manera que sirva para viabilizar la entrada del sector privado en las operaciones públicas mediante el esquema de Alianzas Público Privadas que están pendiente de aprobación. Si el proyecto de las alianzas es aprobado en la forma en que está presentadoel Banco Gubernamental de Fomento (BGF) estará encargado de ambas cosas: el plan de cesantías y la concesión de los contratos de alianza.

Contrario a lo que se ha conocido hasta ahora la suspensión de beneficios por dos años comenzó con la aprobación de la ley y no depende de las cesantías que serán implantadas sin consulta o mediación de las uniones.

El resultado es que aunque un empleado público sobreviva las cesantías estará afectado por la suspensión de 27 áreas de beneficio que incluyen: los aumentos, las liquidaciones monetarias de licencias, los diferenciales, las vacaciones o días libres con paga sin cargo a licenciasbeneficios marginales, planes de adiestramiento, becas, licencias con sueldo, pagos de matrícula, bonificaciones, aumentos en bonos de Navidad y Verano, aumentos en aportaciones patronales a planes de salud y el pago de días libres por cumpleaños o emergencias familiares.

Además queda sin efecto todo compromiso del Gobierno no importa de qué forma esté expresado que tenga que ver con la antigüedad como criterio para movimientos del empleado, las prohibiciones de subcontratación, las prohibiciones o regulaciones de asignación de tareas, los procedimientos de resolución de controversias que estén en conflicto con la Ley 7 (la cual sólo admite las relativas relativas a la determinación de antigüedad), las relativas a las limitaciones de la gerencia, los planes de clasificación y retribuciónlas que obligan al patrono a cumplir con lo acordado y los reingresos y adopción de registro de elegibles. Es decir, con esta ley el Gobierno se releva de cumplir con cualquier asunto laboral que hayan pactado en las últimas décadas. De momento ya lo contratos que hicieron no valen.

Los convenios colectivos que hayan vencido o que venzan durante los próximos dos años no serán extendidos ni negociados. Ante esto la administración propone unas alternativas a los empleados públicos pero vienen con sus trampas.

El empleado puede acogerse a una reducción de jornada (y de salario), pero eso no lo inmuniza a la cesantía si se determinara necesario y, si sobrevive la crisis, de todos modos su reducción durará el resto de su vida productiva con la correspondiente reducción en salario y retiro.

Puede acogerse a una cesantía pero al hacerlo estaría relevando al Gobierno de cualquier reclamación que tenga pendiente así que si por ejemplo un empleado estaba peleando una reclasificación que le representaría miles de dólares en salario dejado de devengar, la estaría abandonando si suscribe un acuerdo de cesantía voluntaria.

Al acogerse a la cesantía voluntaria o involuntaria el empleado tiene cuatro opciones de ayuda gubernamental incluyendo subvención de parte de su nuevo empleo en el sector privado (si encuentra) o aportación para cursos de readiestramiento pero ese dinero no pasaría por sus manos sino que iría directamente a las entidades correspondientes. El empleado que opte por una de las cuatro alternativas renuncia a poder optar por alguna de las otras tres.

Financiamiento público

Secretario de Hacienda queda facultado para más embrollo en peores condiciones
Cambia las reglas de juego para municipios
Siguen ordeñando el IVU

La clasificación crediticia del Gobierno está en el borde. Un nivel adicional de degradación lo colocaría a nivel de chatarra lo cual ha sido descrito como catastrófico y con consecuencias como las siguientes: habría que buscar cientos de millones en efectivo para redimirle los bonos a inversionistas a los que se les tiene prohibido tener dinero en bonos chatarra, habría que buscar efectivo adicional para ofrecerlo como colateral a los que se queden, tomar prestado se convertiría en una opción excesivamente cara y cerca de la mitad del valor de los $10,039 millones de bonos en manos de inversionistas locales (individuos, entidades y bancos) se perdería.

En efecto la totalidad de la Ley 7 está justificada con el argumento de evitar este escenario aunque las casas evaluadoras de crédito ya han tomado la medida drástica de por primera vez en su historia decir que todos los créditos gubernamentales en Estados Unidos están en riesgo de degradación.

En cuanto a financiamiento una de las medidas más radicales que incluye la Ley 7 es que le da la facultad al Secretario de Hacienda a autorizar el refinanciamiento de la deuda del Gobierno aunque los términos de ese refinanciamiento sean peores que los términos originales. Si se tratara de una casa esta ley permite que por ejemplo se refinancie la hipoteca por $500,000 a un interés más alto aunque lo que quede para saldar la hipoteca sean $100,000 a un interés más bajo.

Esto es así porque el propósito de la Ley 7 no es que el Secretario consiga mejores términos de refinanciamiento sino que consiga posponer el pago de la deuda a la misma vez que una inyección de dinero en efectivo. Al así disponerlo la Ley 7 está dejando sin efecto una ley anterior que específicamente requiere que el Secretario certifique que los términos del nuevo préstamo son más favorables que los términos del viejo préstamo.

El peligro es que ya, entre emisiones y refinanciamiento cada puertorriqueño "debe" en deuda pública unos $6,812 o casi el doble que el estado cuyos ciudadanos más deben. Cada emisión nueva de deuda agrava esta situación y más aún si se hace en términos desfavorables.

La ley también autoriza emisión de bonos para la Autoridad de Edificios Públicos, le añade 0.75 por ciento a la porción del IVU destinada al fondo contra el cual el Gobierno ha estado cogiendo prestado (y que resulta ser el fondo gubernamental con la mejor clasificación crediticia) y trastoca un poco la forma en que los municipios van a poder tomar prestado del BGF.

Además crea una nueva emisión de $20 millones para que el ciudadano que quiera pueda invertir al 6 por ciento. Esta emisión sólo se emitirá en Puerto Rico y en un giro llamativo los recaudos se van a usar para financiar el programa de asistencia para empleados desplazados.

Pero en términos de financiamiento una de las medidas más controvertibles y discutidas hasta ahora es la disposición de que las entidades gubernamentales que obtienen su presupuesto a base de una fórmula, principalmente la Universidad de Puerto Rico, y el Poder Judicial no van a poder beneficiarse en un solo $1 con los nuevos recaudos porque esos nuevos recaudos y cualquier otro dinero que se genere bajo la Ley 7 no se va a incluir en el cálculo de la fórmula. Es decir, la universidad y los tribunales van a seguir recibiendo lo que recibieron en el último presupuesto no importa cuánto aumente el Fondo General.



Dominan los despidos
El tema no falta en la evaluación

Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
Con un poco de timidez, pero ávidos de dar su opinión, decenas de ciudadanos de distintos pueblos evaluaron la gestión del primer ejecutivo, Luis Fortuño, con motivo de sus primeros 100 días de gobierno.

La mayoría, con sonrisas nerviosas y el gesticular característico de los puertorriqueños, aludió al alza en el costo de la vida y al despido de miles de empleados públicos durante su evaluación.

Sentada en un banco de cemento de la plaza de Caguas, Serafina López leía el periódico relajada, pero su rostro se tornó severo al hablar sobre la gestión del Mandatario. Al preguntarle cuál es la fortaleza de Fortuño, contestó rápidamente “Sólo donde vive”. Al igual que a Serafina, a muchos pareció tomarles por sorpresa la pregunta y, tras pensar unos segundos, dijeron “ninguna”.


A juzgar por sus contestaciones, para otros la política parece no ser muy importante. Evelyn Adorno, quien vendía chicharrón “volao” en la plaza pública de la Ciudad Criolla, aclaró que no está al tanto de la gestión del gobernante.


Falto de gracia política Fortuño
Analistas dicen que no ha logrado una agenda de consenso

Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com
El gobernador Luis Fortuño ha comenzado su mandato enfrentando el problema de las finanzas públicas que otros gobiernos obviaron, pero no ha establecido una comunicación efectiva con el pueblo ni ha forjado su proyecto en consenso con amplios sectores sociales, según tres analistas sociales y políticos.

El director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Juan Marcano Medina; el profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, Leonardo Santana Rabell; y el abogado Domingo Emmanuelli evaluaron la forma en que Fortuño se ha desempeñado en su relación con las distintas fuerzas sociales y con la Legislatura en sus primeros 100 días de mandato.

“Aún no hay un sentido de esperanza y el Gobernador no lo ha podido establecer en la gente”, expresó Marcano. Sostuvo que la comunicación de Fortuño con el pueblo “es un área débil. Ha preferido mantener un bajo perfil, de poca presencia pública, aunque uno tampoco querría una presencia constante e insubstancial.

Para poder realizar sus proyectos con éxito Fortuño “tiene que estar ahí, ‘bandeándose’ con el pueblo para que la gente lo respalde y eso no es lo que está pasando”, agregó Marcano.

Aunque con distintos matices, los tres comentaristas coinciden en que el Mandatario, con su política de despidos de empleados públicos, entre otras, no ha establecido consenso con los distintos sectores sociales.

El Gobernador en estos 100 días “ha preparado el terreno para grandes conflictos en la arena pública en nuestro País, particularmente con los sindicatos y el tercer sector”, apuntó Marcano.

Emmanuelli, quien ha respaldado a Fortuño, dijo que “en su afán de resolver el problema económico tiene que dar más atención al contrato social que hizo con el pueblo porque son los pobres y la clase media los que le dieron el voto para que él los defendiera”. Agregó que las medidas de Fortuño son “sabias” como doctrina económica, pero “pueden estar lacerando demasiado, si se ponen en efecto los despidos, a la clase media y trabajadora”.

Sobre las relaciones con la Legislatura, el análisis se centró en la tensión política que se percibe entre el Gobernador y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Según Emmanueli, ambos “saben que tienen que cuidarse políticamente y Fortuño está midiendo cuidadosamente todos sus pasos”. “Todavía están marcando territorio; no hay lucha abierta (entre Fortuño y Rivera Schatz)”, apuntó.



$276,000 para el bufete de Ángel Cintrón
En seis contratos con el gobierno


Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com
En un periodo de menos de seis meses, el bufete del ex director de la campaña política del gobernador Luis Fortuño, Ángel Cintrón, podría ganar $246,000 por cinco contratos que mantiene con agencias gubernamentales y municipios, según detalla el registro cibernético de la Oficina del Contralor.

Esto, sin contar otro contrato por $30,000 que también tiene el bufete Cintrón & Laboy Attorneys at Law, con Toa Baja y cuya vigencia es hasta el 18 de marzo de 2010.

En total, los compromisos contractuales que, al momento, tiene el bufete de Cintrón y su socia, la ex administradora de Corrección, Zoé Laboy, le generarían ingresos ascendentes a $276,000.

Cintrón, quien a principios de año dijo que no tendría contratos con el Gobierno o la Legislatura, señaló ayer que sus contratos con las agencias o municipios se dieron no porque él ofreciera sus servicios sino por peticiones de éstos para atender litigios en curso.

“El 90% de nuestra oficina sigue siendo clientes privados... Prácticamente, (en el Gobierno) tenemos unas cuentas muy pequeñas, porque lo que estamos aceptando es ese pequeño litigio en los tribunales de demandas civiles”, explicó el ex representante, al negar que realice servicios de cabildeo.

El contrato de mayor cuantía que obtuvo su bufete con el Gobierno es con la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico. De acuerdo al registro del Contralor, por sus servicios legales podrían llegar a facturar hasta $110,000.

Ese convenio se le otorgó el 24 de febrero de 2009 y está vigente hasta el 30 de junio de este año.

Otro de los contratos que mantiene el bufete de Cintrón se lo otorgó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por la cantidad de $50,000. Ese acuerdo se firmó el 16 de marzo de 2009 y estará vigente hasta el 30 de junio de 2009, según establece el registro de contratos.

La Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles también contrató los servicios de Cintrón & Laboy el pasado 20 de febrero. La vigencia del acuerdo es hasta el 30 de junio de 2009 por una cuantía de $20,000.

Contratos con Toa Baja

Asimismo, el Alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, le extendió al bufete Cintrón & Laboy dos contratos, de $30,000 cada uno.

En los registros del Contralor aparece que uno de los contratos que mantiene el bufete con el municipio fue firmado el 16 de marzo de este año y tendrá vigencia hasta el 18 de marzo de 2010. Cintrón comentó que el mismo lo ganó mediante subasta y es para licitar fondos federales.

El otro contrato, que se estipuló el 15 de enero y estará vigente hasta el 30 de junio de 2009, es para atender litigios pendientes, añadió Cintrón.

Vega Borges, por su parte, detalló que “la compañía de Ángel Cintrón ha estado con nosotros mucho antes de dirigir la campaña de Luis Fortuño”.

Se le preguntó sobre la necesidad de contratar al ex legislador cuando tiene en nómina al ex presidente de la Palma, Leo Díaz Urbina. Ripostó que “los municipios tienen varios abogados y dependiendo lo que ellos trabajen, facturarán. Lo importante aquí no es que estén o no estén ligados a la política es que hagan su trabajo... La compañía de Cintrón hace su trabajo”.

Según el registro del Contralor, el contrato de Díaz Urbina, otorgado el 7 de enero y con vigencia hasta el 30 de junio de 2009, es de $90,000.

Por otro lado, el municipio de Toa Alta también contrató los servicios legales de Cintrón & Laboy. En el registro de contratos del Contralor aparece que el acuerdo es para brindar servicios del 23 de enero al 30 de junio de 2009 por un monto total de $36,000.




La nómina de sangre azul de Fortuño.

La nómina de la cúpula de La Fortaleza, incluyendo el gobernador PNP, sus 15 asesores, sus secretarios de la Gobernación, de Organización y Política Pública y de Prensa y el Principal Ejecutivo de Información, asciende hasta el momento a sobre dos millones de dólares anuales ($2,417,336.04).

No se incluye en esa cifra el salario de la Administradora de Fortaleza, quien está en destaque del Banco Gubernamental de Fomento. Su salario es de $145,932.00 dólares anuales ($12,161.00 mensuales) más un bono de $5,250.00, lo que elevaría su compensación total a $151,182 dólares.

Los salarios mensuales se desglosan de la siguiente manera:
1. Gobernador - Luis G. Fortuño Burset - $5,833.34

2. Secretario de la Gobernación - Juan Blanco Urrutia $11,466.00

3. Secretario de Política Pública - Alejandro Figueroa - $11,466.00

4. Administradora de la Fortaleza - Velmarie Berlingeri - Destaque BGF

5. Secretario de Prensa - Edward Zayas - $10,192.00

6. Ejecutivo de Información - Juan Rodríguez - $10,192.00

7. Gilberto Marxuach - Principal Asesor Legal - $11,466.00

8. Miguel Hernández Vivoni - Asuntos Legislativos - $10,192.00

9. José E. Meléndez - Asuntos Municipales - $10,192.00

10. José Otero - Desarrollo Económico - $10,192.00

11. Diego Loynaz - Asesor en Salud - $ 10,192.00

12. Ana Mayol - Asuntos federales y Política Nacional - $ 10,192.00

13. Cieni Rodríguez - Asesora en Calidad de Vida- $10,192.00

14. María Juanarena - Asesora en Educación, Cultura - $10,192.00

15. Juan Román- Gerencia Gubernamental- $10,192.00

16. Javier Varela- Justicia y Seguridad Pública- $10,192.00

17. Carlos Rentas - Planificación y Urbanismo- $10,192.00

18. José Valenzuela- Energía y Ambiente- $ 10,192.00

19. Aníbal Heredia - Fe y Base Comunitaria- $ 10,192.00

20. José Ortiz Valladares- Asuntos Públicos- $ 10,192.00

21. Maritere Brignoni- Nombramientos Judiciales- $ 10,192.00

Secretarios y directores de corporaciones.
En término de los secretarios de gobierno, directores de agencias y corporaciones públicas, los salarios más altos son también los de la AEE y la AAA, además de la del Banco Gubernamental de Fomento. Sus salarios están en los $170 mil anuales. En el caso de la AAA, su Director Ejecutivo recibe un diferencial adicional de $30,089.00.

De las 125 agencias del gobierno central, 31 de ellas pagan a sus Secretarios o Directores Ejecutivos sobre $100 mil anuales, cuatro de ellos con pagos adicionales de diferenciales. Otras 14 agencias les pagan entre $90 y $99 mil. Nueve están en el renglón de entre $80 y $84 mil. Veinticinco de ellas entre los $70 y $80 mil. Ocho entre los $64 y $70mil. Y sólo en tres agencias sus jefes reciben salarios menores de $60 mil. Unas 32 agencias tiene como su administrador, Secretario o Director a la misma persona. Ése es el caso de la Administración de Corrección y de Instituciones Juveniles, del de la Administración de los Sistemas de Retiro Central, y de quien se señala “fungirá como administrador de los Sistemas de Maestros”.

También el del Departamento de Rehabilitación Vocacional que lo administra el Secretario del Trabajo; el de la Administración de Servicios Generales cuyo administrador es el Presidente del BGF; el de Secretario de la Vivienda que a su vez es su Administrador; el de la Administración de Derecho al Trabajo que es a su vez el Secretario del Trabajo; el de la Autoridad de Carreteras que es a su vez el Secretario de la agencia; el de la Autoridad de Edificios Públicos que es el vicepresidente del BGF; el de la Autoridad del Centro de Convenciones que es el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo; del Financiamiento de Facilidades Industriales , Médicas y para el Control de Calidad Ambiental, que es a su vez el presidente del BGF; el de Parques Nacionales que es el Secretario de Recursos Naturales; y el de la Oficina de Recursos Humanos (ORHELA) que es el Secretario del Trabajo, entre otros. En estos casos no se da a conocer el salario que devengan.

El guiso de las dietas
En las 55 Juntas de Directores de Corporaciones Públicas las dietas fluctúan entre $50 y $600 por reunión. De las 300 personas que componen esas juntas hasta el momento, -ya que algunas aún no han sido nombradas,-sólo dos han renunciado a sus dietas: Carmen Ana Culpeper y el licenciado Manuel E. Sarmiento. Culpeper, como miembro de la Junta de la Corporación de las Artes Musicales, y Sarmiento, quien pertenece a dos juntas, la de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles de la que es presidente, y la de la Administración de Seguros de Salud en la que representa al “interés público”. Algunos miembros de esas juntas no reciben compensación económica y otros aún no se ha determinado si su compensación será de $50 o de $600.

Las dietas más altas las reciben los miembros de las juntas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ambas se componen de 12 miembros, que reciben $600 por reunión. La Compañía de Turismo y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones “no sometió la información”, por lo que se desconoce cuánto es la compensación de sus miembros en la actualidad.